Los antecedentes del asesino de Valladolid reabren el debate sobre el maltratador reincidente

El hombre que fue detenido este lunes en Valladolid por, supuestamente, haber matado a su novia y a la hija de ésta, de 8 años de edad, ya había sido denunciado por una pareja anterior en 2017.

Además, la mitad de los asesinos machistas de 2023 tenía antecedentes por maltrato; bien, hacia la propia víctima o hacia otra anterior, y estaban incluidos en el sistema de seguimiento VioGén.

Con ello, se reabre el debate en torno a la figura del maltratador reincidente, lo que mantiene en vilo al Gobierno y evidencia, a juicio de los especialistas policiales en la materia consultados por EL ESPAÑOL, las carencias del sistema con el que el Estado trata de proteger a las mujeres de sus maltratadores.

Hace apenas 15 días el Ejecutivo, por medio de su portavoz, Isabel Rodríguez, reconocía que "algo está fallando" en los protocolos "si se sigue produciendo" el elevado número de asesinatos de las últimas semanas. 

Varios ministerios continúan analizando qué ha podido fallar para que 18 de las 49 mujeres asesinadas en 2022 hubieran denunciado formalmente a sus parejas, y aun así no se pudieran evitar los crímenes. El año que dejamos atrás se ha convertido en el peor de toda la serie histórica: es el que registra más mujeres asesinadas que habían denunciado a sus agresores.

Interior decidió tomar medidas. Una de ellas fue anunciar su intención de avisar a mujeres en relación con hombres con antecedentes por maltrato. El departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska decidió preguntar al Ministerio Público si, en aquellos casos en los que una mujer denuncia una agresión por violencia de género en una comisaría y los agentes comprueban en la base de datos que el varón haya maltratado a más víctimas, se le puede avisar del "riesgo al que está sometida" y que puede sufrirlo, dadas estas circunstancias, "con más intensidad".

La respuesta de la Fiscalía fue un informe en el que ponía en duda el plan anunciado por el Ministerio del Interior. La fiscal especializada Teresa Peramato, en respuesta, señalaba que "la transmisión de la referida información a la víctima en los términos que se plantea la consulta no puede llevarse a cabo de manera automática y/o generalizada". Y advertía de que hacerlo podría incumplir la normativa de protección de datos, que no sólo afecta a extremos como la salud o los números de cuentas bancarias, sino también al histórico policial.

Por otro lado, la reincidencia plantea otros extremos delicados. Tal y como relató este lunes en Radio Nacional de España (RNE) Yolanda Bermúdez, presidenta de la asociación Psicología y Psicoterapia Feminista, en las relaciones sentimentales entre una víctima y un maltratador se dan "vínculos complejos".

"En ocasiones, te puede más el deseo que de tú consigas cambiarle y pensar que eso no me lo va a hacer a mí", dijo la experta. Otro debate que reabren casos como éste gira en torno al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

En una relevante resolución, el Tribunal Supremo, en 2020, estableció que una parte que ha ejercido alguna vez, durante el proceso, la posición de acusación particular —en los casos de violencia de género, la mujer o novia del acusado que se personen como tal— pierde la posibilidad de acogerse en el futuro a la posibilidad de no declarar contra él.

"No tiene sentido conceder una dispensa a declarar a quien, precisamente, declara para denunciar a su agresor", concluyó la Sala Segunda del Alto Tribunal. De esta forma, desde entonces, la jurisprudencia requiere esta ratificación por parte de la víctima cuando se persona como acusación particular. Y, si ella, la acusación pierde fuerza.

En medio de este clima, el Ministerio de Igualdad convocó este lunes otra reunión, para el viernes, del comité encargado de analizar los asesinatos machistas. Hace menos de un mes, el 28 de diciembre, ya había convocado esta reunión tras multiplicarse los crímenes.

En la próxima reunión participarán de nuevo cargos de Igualdad, de Justicia y de Interior. Recientemente, el departamento que dirige Irene Montero apostó por favorecer las pulseras de control telemático, que, no obstante, deben ser autorizadas por un juez.