Los policías, contra el juicio por lesiones el 1-O: "El Gobierno legisla para sediciosos y nos abandona"

Son 45 de los antidisturbios a los que el Ministerio del Interior encomendó detener a los separatistas que trataban de llevar a cabo el referéndum ilegal. Una vez concluida la investigación, el magistrado les ha dejado, cinco años después, a un paso del banquillo por los hechos de aquella jornada.

El abogado de algunos de ellos, Antonio Suárez Valdés, es muy duro con la decisión del magistrado. Para este letrado resulta "inconcebible en un Estado de derecho que los golpistas que han intentado subvertir el orden constitucional vayan a ser declarados inocentes de todos los cargos que se les imputaban mediante modificaciones legislativas y, en cambio, los agentes que acudieron a Cataluña siguiendo órdenes expresas de preservar el orden constitucional y que fueron agredidos brutalmente por ello corran el riesgo de ser condenados por cumplir con su trabajo".

El letrado recuerda que los líderes independentistas que fueron condenados por el Tribunal Supremo han sido indultados por el Ejecutivo, primero, y ahora ven cómo los delitos por los que fueron a la cárcel han desaparecido del Código Penal. La derogación de la sedición y la rebaja de la malversación les ha favorecido.

El juez

Los policías a los que el juez procesa son los agentes rasos y algunos responsables de los equipos que actuaron en colegios de la Ciudad Condal. El juez instructor, en el auto de procesamiento, analiza individualmente la actuación de cada uno de ellos y concluye que los responsables del operativo "no cumplieron sus obligaciones de supervisión", y que sus subordinados actuaron, en general, de forma "claramente desproporcionada".

En algunos de los colegios donde actuaron los policías, el magistrado concluye que, ante la multitud que les impedía el paso, "sin mediar palabra, sin advertencia, empiezan a empujar a las personas allí congregadas, iniciando una situación violenta de gran confusión que va aumentando hasta el punto de observarse personas empujadas al suelo, una persona con la cara ensangrentada y un agente golpeando con su defensa en la cara de las personas que ya están desalojadas".

"Puede verse a agentes dando puñetazos, patadas, agarrando del cuello, lanzando personas al suelo", repasa en un fragmento del auto, "a gente que ya no se encuentra en la puerta del colegio ni tiene una actitud agresiva hacia los funcionarios".

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A juicio del juez Francisco Miralles, en algunos casos el uso de la fuerza resulta "claramente innecesaria, teniendo en cuenta la presencia de personas de diversa índole entre la multitud, sin ninguna actitud agresiva y con personas de avanzada edad entre ellos".

En su auto, explica que procesa a uno de los agentes por dar una bofetada a un votante, dos levantaron a una persona alzándola por una pierna y luego uno de ellos levantó a un anciano del suelo tirándole de las orejas.

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional y de los Mossos d' Esquadra discuten durante el 1-O. EFE

El juez añade una "especial mención" al policía que aparece en un vídeo dando un puñetazo en la cara a un hombre. Además de estos efectivos también procesa a un agente por tirar a una persona al suelo y luego golpearla, además de pisar intencionadamente la mano de una persona que está sentada.

5 años de procedimiento

Para estos agentes, el procés no es cosa del pasado. En 2020, la Fiscalía pidió que se archivase la causa aprovechando las condenas del Tribunal Supremo a los políticos.

El mismo magistrado que ahora procesa a los policías, lo denegó: "Basta observar las imágenes que constan en la causa, donde en múltiples casos los ciudadanos son tratados con absoluta falta de consideración, no sólo a su integridad física, sino a su propia dignidad".

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Mientras tanto, los colectivos policiales salen en defensa de sus compañeros. JUPOL, el sindicato mayoritario, reclama al Ministerio del Interior que salga "de una vez por todas en defensa de sus policías". Pide también "que deje de ponerse del lado de los sediciosos y los delincuentes".

Dicen que les han dejado "abandonados ante las agresiones continuas de los radicales independentistas, por las cuales muchos policías resultaron heridos, algunos incluso teniendo que ser jubilados del servicio".

JUPOL, en concreto, asegura que "el Gobierno de España no ha tenido la decencia de agradecer estos servicios que realizaron miles de policías nacionales en defensa de la unidad de España".

El pasado mes de mayo, una declaración de Pedro Sánchez soliviantó enormemente a los agentes. Se refirió a ellos en el Congreso como "piolines", un término acuñado por los independentistas catalanes para burlarse de las Fuerzas de Seguridad.

"Ahora se da un paso más y vemos un nuevo abandono del Gobierno hacía sus policías, que se ven imputados en un proceso judicial por el mero hecho de cumplir con su trabajo", concluyen los representantes sindicales.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) lamentan "ver a los independentistas radicales, que son los verdaderos artífices del problema, como espectadores del juicio de unos policías que cumplieron su función siguiendo las órdenes recibidas en el tiempo y forma que marca nuestra legislación". Para ellos este hecho les "causa indignación y rabia".

La Confederación Española de Policía (CEP) define los hechos como "una cacería" contra sus compañeros. "Todos ellos se han visto envueltos en una causa judicial en la que estaban personadas como acusaciones la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Barcelona. Son inocentes. Obraron bien. Tienen todo nuestro apoyo y el de millones de españoles, que reconocen su gran trabajo durante el 1-O".