Las reglas internas de una ETA "en plan estalinista": "El que no esté de acuerdo, a tomar por culo"

En uno de sus últimos informes de inteligencia, la Policía Nacional califica la jerarquía que regía ETA como "casi militar". De hecho, los investigadores de la Comisaría General de Información (CGI) incluyen en dicho dosier fragmentos del reglamento interno que la banda terrorista comenzó a desarrollar en 2002.

Antes de poner negro sobre blanco sus normas de conducta, sus militantes confrontaron sus visiones y estrategias para redactarlas. La Policía logró hacerse con una copia del reglamento en 2004, en una operación en la que fueron arrestados, entre otros, los jefes de la banda Mikel Albisu Iriarte (apodado Mikel Antza) y Soledad Iparraguirre (Anboto).

Pero los agentes también localizaron documentos en los que la militancia etarra plasmaba sus sugerencias de cara a la elaboración de una normativa interna que rigiese la vida de los terroristas.

"Hay muchos que han perdido el respeto a la organización. Como no hay medidas correctoras para esto, hay que actuar en plan estalinista", indica uno de estos documentos. En su informe de inteligencia, enviado al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga un atentado cometido por ETA en 2003 y que está aún sin resolver, la Policía reconoce que este entrecomillado no es una postura oficial que contase con el beneplácito de la cúpula etarra.

"Pero sí muestra la opinión seguramente no minoritaria de la militancia", señala la CGI.

Una pintada a favor de ETA en una vivienda de una localidad navarra en 2017. Efe

"Nosotros no somos, o no necesitamos ser, una simple cuadrilla de granjeros. Eso podría funcionar con Cabra. Pero no con ETA", critica el autor de estas líneas, cuya identidad es desconocida. Cabra es el apodo de Xavier Zumalde, que fue jefe del llamado Frente Militar de ETA en la década de los 60 y luego se separó de la organización para formar el grupo que será conocido como Los Cabras, autores de varias acciones violentas.

"No somos profesionales; y hacemos las cosas lo mejor que podemos o sabemos (muchas veces, chapuzas); pero nuestra artesanía a la hora de hacer las cosas no debe confundirse con manga ancha", señala aquella propuesta oficiosa.

"Creo en lo de dar más de una oportunidad a la gente, de tal forma que recoloque su situación. Pero hay que acabar con el desmadre para siempre. Seremos lo que ellos quieran: estalinistas, sectarios, duros… Pero si hay que ser hijoputa (sic) para tener nuestra casa en calma, lo seremos", apostilla.

"No somos una cuadrilla; y tampoco un simple amasijo de miembros. Somos una ORGANIZACIÓN y nos debemos ajustar a ello. Y el que no esté de acuerdo, A TOMAR POR CULO!!", finaliza.

Tal y como menciona la Policía, el reglamento interno de conducta que ETA acabaría aprobando es mucho más formal que estos exabruptos. El texto oficial —entiéndase: el que contó con el vistobueno de la cúpula etarra— contempla diferentes sanciones para determinadas conductas de los militantes en función de su gravedad.

Uno de los apartados más interesantes es el dedicado a la expulsión de la banda, que establece que puede producirse de dos formas: por "decisión" de los jefes de ETA o por iniciativa del militante. El reglamento reza así:

En ambos casos se haría, desde el Comité de Conflictos, un procedimiento concreto y exhaustivo que:

1) Expresará oficialmente y por escrito el motivo de abandonar la militancia.
2) Expresará el conocimiento que tiene sobre la Organización.
3) Será responsabilidad del Comité Directivo cómo y en qué condiciones el militante abandona la estructura, y en qué situación y condiciones queda dicho militante (dónde vivirá, por cuánto tiempo, y cuándo se le hará saber que ya no es miembro de ETA).

El reglamento también señala que el mismo ha sido redactado por los militantes, tras "unificar" las "aportaciones" recibidas por éstos, aglutinando sus propuestas.

El informe policial

A partir de su entrada en vigor en 2002, se creó un órgano llamado Comité de Conflictos o Gabatz, un órgano colegiado nombrado por la cúpula etarra y dependiente de ésta. Su misión era la de juzgar e imponer sanciones a aquellos miembros de ETA que violaban su reglamento y su disciplina, a modo de tribunal.

"Además de estar conforme con la línea política y armada y con los objetivos últimos de la Organización [ETA], para ser militante hay que aceptar el compromiso de trabajar en cualquier tarea que la Organización decida", reza otro de los preceptos del reglamento interno.

"El no tener en consideración las decisiones o las normas de la Organización tendrá consecuencias para el miembro. El miembro o colaborador que ponga en peligro a la propia Organización o el material, la infraestructura o cualquier tipo de información de la Organización afrontará las consecuencias de las decisiones de la Organización", reza otra de las ambiguas reglas internas de la banda.

La Policía también recalca en su informe que, pese a que la sanción considerada más grave parece ser la expulsión de la banda, "en la historia de ETA ha habido ejemplos de que el castigo podría llegar a la pena de muerte". Es el caso de la exetarra María Dolores González, apodada Yoyes. Fue asesinada en 1986 como represalia por haber abandonado, entre críticas, la organización terrorista.

La Comisaría General de Información cita otro ejemplo en su informe de inteligencia, recientemente enviado a la Audiencia Nacional. Es el asesinato en 1984 de Miguel Francisco Solaun, que había pertenecido a ETA en los años 60. Estuvo preso en la cárcel de Basauri, se fugó en 1970, huyó a Francia y regresó a España tras aprobarse la Ley de Amnistía de 1977.

En 1981, ETA le solicitó que le permitiera colocar unos explosivos en las obras para la construcción de un cuartel de la Guardia Civil, que el propio Solaun controlaba como empresario. En un primer momento, aceptó. Pero luego frustró el ataque al avisar a la Policía.

Por estos hechos fue detenido y condenado a cuatro años de prisión, durante los cuales fue acusado de traidor por sus exconmilitones y agredido. Al poco de su salida
de prisión, fue asesinado por ETA el 4 de febrero de 1984.

Atentado de Sangüesa

Todos estos datos sobre el funcionamiento interno de ETA figuran en el último informe redactado por la Policía Nacional, enviado al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y al que tuvo acceso este periódico.

En él, se analiza la responsabilidad de varios jefes de la banda en el atentado cometido en Sangüesa (Navarra) en 2003, en el que murieron dos agentes. Esta causa judicial se inició con la querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia contra los miembros de la cúpula etarra, a los que consideran "verdaderos autores detrás del autor" de este y otros ataques, dado su férreo control en cualquier asunto del funcionamiento de ETA, tal y como refleja el reglamento interno.

La Comisaría General de Información ha comunicado al juez que considera "corresponsables" a siete jefes de la banda de este ataque cometido hace dos décadas con un coche-bomba en la localidad navarra.