Investigan a los mandos que enviaron en zodiac a los guardias civiles asesinados en Barbate

Los denunciados a los que se va a investigar son un general, máximo responsable de la Guardia Civil en Andalucía, y el coronel de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz. Según la denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha dado lugar a la apertura de las diligencias, fueron ellos quienes decidieron que los agentes acudieran a la bahía de Barbate en esa embarcación.

"Dichos mandos territoriales de la Guardia Civil fueron, presuntamente, los que dispusieron y dieron las órdenes de servicio y de actuación, que ejecutaron los guardias civiles fallecidos y los heridos", reza la denuncia.

El general y el coronel presuntamente conocían "en todo momento a qué se enfrentaban dichos guardias civiles y los medios que disponían para ello, servicio y medios que eran notoriamente insuficientes e inadecuados para su realización y ante la amenaza a la que debían enfrentarse, a la vista de diversas embarcaciones, conocidas como narcolanchas".

Estas eran, continúa la denuncia, "de mayor potencia, dimensiones y configuración, así como número de ocupantes de las mismas, notoriamente pertenecientes a bandas criminales, muy peligrosas, dedicadas a actividades de carácter criminal, entre otras, al transporte de drogas".

"Enviaron a los agentes a la muerte", sentenciaba indignado en declaraciones a EL ESPAÑOL un responsable del Instituto Armado, pocos días después de los hechos. Este mando consideraba que lo ocurrido en Barbate ponía en evidencia los precarios medios con los que cuenta la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico en una zona tan caliente como el Estrecho.

Delitos

Es en lo que incide la denuncia: "Los guardias civiles, por el contrario, iban embarcados en una embarcación que no permitía salvaguardar su seguridad, realizar el servicio y lograr el cumplimiento de los elementos básicos esenciales para salvaguardar la seguridad pública".

Para AUGC, este grave suceso ha de tener responsables, tanto para los narcotraficantes como a nivel interno, donde la asociación ha pedido sin éxito al director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, abordar este asunto. La Guardia Civil es un cuerpo policial jerarquizado, y la toma de decisiones debe ser acorde a la cadena mando.

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La denuncia apunta a la infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales que resultaba de aplicación a ese tipo de servicios. En consecuencia, AUGC ha pedido que se habrá investigación penal por si pudiera existir la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, previsto en el artículo 316 del Código Penal.

"Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses", reza un apartado de ese artículo.