Diana Riba, mujer de Raül Romeva, tras la ley de medios de la UE: "Los bulos salen de las cloacas"

Por primera vez se hizo un silencio entre ambos, que terminó con una afirmación. De esta forma, Diana Riba (Barcelona, 1975) daba así el salto definitivo a la política tras abandonar la librería que regentaba en Sant Cugat del Vallès y sumarse a la Asociación Catalana por los Derechos Civiles para representar, junto a otros familiares, a los presos del procés. 

La llamada entre el exconseller de Acción Exterior encarcelado y la activista, pedagoga de profesión, se produjo en 2019. Y desde entonces Riba se ha convertido en el rostro de Esquerra Republicana en el Parlamento de Estrasburgo, donde repite esta legislatura tras encabezar las listas en las recientes elecciones europeas.

En estos cinco años ha participado en debates sobre feminismo, derechos civiles o en la Comisión de Investigación sobre el espionaje de Pegasus, ya que ella misma denunció que fue vigilada con este software. Más recientemente, ha sido una de las responsables de redactar la ley de medios europea en la que se inspira Pedro Sánchez para su plan de regeneración democrática. 

"Al inicio de la legislatura la Comisión Europea presenta un paquete de medidas que quiere alcanzar en los siguientes cinco años", explica Diana Riba desde Bruselas en conversación con EL ESPAÑOL. "Y uno de los aspectos clave era una ley para la protección de los periodistas y los medios, cuya salud se ha ido deteriorando, con la que debía garantizar la democracia en Europa".

La normativa se ha debatido durante años y, finalmente, el pasado marzo el Parlamento Europeo consiguió aprobarla bajo el nombre de Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación (EMFA por sus siglas en inglés).

La Comisión de Cultura y Educación se encargó de redactarla y Diana Riba participó en su articulado como integrante de esta comisión. Fue la única española en este grupo de trabajo. 

"En España tenemos un problema informativo o de investigación periodística. En el momento en el que vimos surgir en Cataluña una 'policía patriótica' que utilizaba medios que se servían de bulos de las cloacas del Estado, creo que sí que existen deberes en cuanto a la transparencia informativa", opina la eurodiputada de ERC,  vicepresidenta primera del grupo Verdes/Alianza Libre Europea. 

Diana Riba y su marido, Raül Romeva, en la sesión constitutiva del Senado en 2019. Efe

Qué dice la ley

La ley europea se divide fundamentalmente en cinco grandes bloques: la protección del trabajo de los periodistas, la independencia editorial de los medios públicos, la transparencia en la propiedad de las distintas cabeceras, un justo reparto de la financiación pública y la protección de la libertad de prensa ante las grandes plataformas o redes sociales. 

De forma práctica, en un artículo recoge que las fuentes periodísticas quedan protegidas y prohíbe expresamente la instalación de programas informáticos espía en los teléfonos de un informador, a menos que lo determine un juez al haber apreciado indicios de delito.

También pide que los nombramientos de los directivos de medios públicos se hagan de forma "transparente y bajo criterios objetivos", algo que no ocurre actualmente en España en RTVE. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha anunciado que se inspirará en esta normativa para su plan de regeneración democrática, que debe presentar el próximo 17 de julio en el Congreso de los Diputados, y en el que se prevé que habrá una modificación de la Ley de Publicidad Institucional para regular la financiación pública en los medios digitales. Lo que él llama "pseudomedios" que se dedican a esparcir bulos y que "sólo tienen recursos públicos y no lectores". 

En este sentido, la ley europea incorpora dos aspectos. Por un lado, reclama a los medios que informen de quién está detrás de los grupos de comunicación (algo a lo que en España sólo están obligadas las empresas cotizadas); y que el reparto de publicidad institucional se haga bajo criterios objetivos, como pueden ser las audiencias, para "minimizar el riesgo de un mal uso de dinero público para favorecer a medios afines". 

En cualquier caso, en ambas cuestiones se trata de recomendaciones, no de órdenes de obligado cumplimiento. 

Diana Riba en una sesión del Parlamento Europeo. Cedida

"Esta regulación tiene un capítulo muy importante para garantizar que haya una pluralidad informativa y que los medios no estén capturados por instituciones públicas o por los gobiernos", defiende Diana Riba. Desde su punto de vista, se trata "de un primer paso en un contexto en el que las fake news han afectado a la calidad de nuestras democracias". 

La líder de ERC insiste en el ejemplo de Cataluña, aunque los medios públicos como la TV3 o Catalunya Ràdio han sido duramente criticados por su falta de pluralidad tanto en sus estructuras como en sus contenidos. "Nosotros sabemos, porque lo hemos sufrido, cómo se utilizan esos medios informativos o no informativos, dirigidos a veces por una sola persona, que van creando bulos con la intención clara de destruir una oposición política, un movimiento social o a una persona", expone.

Diana Riba, muy cercana a Marta Rovira, llegó al Parlamento Europeo con los líderes del procés encarcelados y desde su escaño en Estrasburgo ha sido la encargada de internacionalizar su causa, como se propuso el independentismo desde el principio. "Regular la libertad es muy difícil", considera, "pero esta ley lo que trata de acabar con esa sensación del todo vale". 

Otros países vigilados

España no necesita transponer la ley europea, como ha argumentado Sánchez en alguna ocasión para justificar su nuevo plan para los medios de comunicación. Se trata de una normativa de aplicación directa para los 27 Estados miembros de la UE, como subraya Diana Riba, y deberá empezar a cumplirse en agosto de 2025. 

Aun así, con todas sus imperfecciones, el ecosistema mediático español no está gravemente amenazado, según las mediciones de distintas asociaciones de periodistas. Por ejemplo, el Centre for Media Pluralism and Media Freedom, dependiente del Instituto Universitario Europeo, pone a España al nivel de Francia o Italia en cuestiones de pluralismo y estándares de calidad, aunque por detrás de países centroeuropeos como Alemania, Austria o Países Bajos. 

Una de las tradicionales críticas asociadas a nuestro país es la excesiva concentración de medios. En cualquier caso, los Estados bajo la lupa son otros. 

En Grecia, Hungría o Rumanía se "utilizan fondos públicos de forma desproporcionada para favorecer a medios afines al Gobierno, que de otra forma verían amenazada su supervivencia", según Liberties, una organización europea que se encarga de velar por los derechos civiles. 

"En Irlanda, Francia y Eslovenia la financiación pública a largo plazo también ofrece dudas. Mientras que la injerencia política sigue siendo evidente en algunos países como Hungría, donde los medios continúan operando como un altavoz del Gobierno, al tiempo que crecen las denuncias de parcialidad en Italia o Croacia", añade ese informe. 

En Italia la última reforma de la RAI, la televisión pública, por parte del gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni ha despertado las alarmas por un mayor control. Además, se han registrado varios episodios de censura. En otros países como Eslovaquia o Polonia -además de Hungría- la injerencia del Estado en los medios públicos o privados es evidente. 

Dudas con el plan de Sánchez

"La situación es muy diferente en cada país, por lo que es muy difícil hacer una comparativa", sostiene al teléfono Pavol Szalai, responsable de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para la Unión Europea y los Balcanes. "La nueva legislación comenzará a aplicarse el año que viene, de modo que veremos avances a partir de entonces".

El portavoz de RSF asegura que en el caso español "es positivo que haya un esfuerzo por aumentar la vigilancia, pero hay que comprobar bien los motivos porque él actúa cuando se dice sentir atacado por las investigaciones contra su mujer". Szalai es cauteloso en este sentido e insiste en que no valorará las nuevas normas españolas "hasta no verlas aprobadas".

Otro ejemplo es el de Francia, donde la financiación estatal en forma de publicidad o subvenciones va a parar fundamentalmente a los periódicos impresos y no a los diarios online. "Eso no significa que sea mejor o peor, lo hacen simplemente por la influencia que tiene todavía el papel y porque los costes de producción son mayores, de forma que el Estado piensa que debe proteger así a la prensa", explica Pavol Szalai.

Admite, eso sí, que dentro del panorama general "la transparencia en todo tipo de medios en Europa suele ser poca" y cree que la ley europea ayudará a mejorarla.

Diana Riba advierte de que hay muchos Estados que suelen oponer resistencias a la hora de aplicar normativas que proceden de Bruselas. "Y España no suele ser muy rápida a la hora de trasponer leyes". Esta vez Pedro Sánchez se ha adelantado al resto, aunque nadie quiere pronunciarse sobre el contenido de sus reformas hasta verlas negro sobre blanco.