Cuando el PSC votó contra el PSOE en el Congreso: ¿podría ocurrir ahora lo contrario?

El pacto que posibilitaría la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat contempla lo que los independentistas han bautizado como “concierto económico solidario”. Esto es, que Cataluña recaude el 100% de los impuestos y después pague una cantidad al Estado que ambas partes deberían acordar, de forma similar a lo que ocurre en País Vasco o Navarra. 

Eso supondría que Cataluña saldría del Régimen Común. Pero para ello sería necesario primero una reforma la Ley de Financiación Autonómica (LOFCA), que tendría que ser tramitada en el Congreso de los Diputados. 

Pedro Sánchez consiguió en su investidura 179 votos, tres más de la mayoría absoluta, necesaria también para aprobar cualquier iniciativa parlamentaria. Y aquí es donde entra en juego la amenaza de que los propios diputados del PSOE puedan desmarcarse de una propuesta que viene desde Cataluña y que ha levantado ya muchos recelos a nivel territorial. 

Contando con que el resto de los socios habituales del Gobierno voten a favor de una reforma en este sentido de la LOFCA, algo que no está del todo claro entre algunos de ellos, tan sólo cuatro votos en contra -o abstenciones- de los diputados del PSOE bastarían para echar al traste la medida.

La ruptura de la disciplina de voto es algo muy poco habitual en la actividad parlamentaria española, pero precisamente desde el otro lado ya se produjo hasta en tres ocasiones. 

En 2013 el PSC se posicionó en sentido contrario al de sus colegas en el Congreso de los Diputados cuando CiU planteó una propuesta que defendía el llamado “derecho a decidir”. El PSOE votó en contra, pero 13 de los 14 diputados que entonces representaban al PSC la apoyaron. 

La única que no se alineó con esa postura, mayoritaria en aquel momento en las filas de los socialistas catalanes, fue la exministra de Defensa, Carme Chacón. 

Ocho meses más tarde, UPyD planteó otra moción en contra de ese mismo “derecho a decidir”. El PSOE votó con el partido de Rosa Díez, pero en este caso el PSC se abstuvo.

El entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, abrió un expediente disciplinario a sus colegas catalanes y les impuso la multa económica más alta que preveía el reglamento del grupo parlamentario, que ascendía a 600 euros por cabeza. 

El dirigente del PSC José Zaragoza presentó su dimisión como secretario general adjunto segundo del Grupo Parlamentario Socialista y pasó a ser diputado raso. 

La tercera vez que el PSC rompió la disciplina de voto fue en 2016, cuando sus señorías votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy. Una decisión a la que también se sumó el entonces secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y que provocó su dimisión para ser reelegido un año después como líder del partido.

El PSC tiene total autonomía para elegir a sus líderes en Cataluña, aunque después se integren en el Grupo Socialista en Congreso y Senado. En las últimas elecciones Cataluña fue el principal bastión para el PSOE, consiguiendo 19 diputados que resultaron clave para poder gobernar en Madrid.

Ruptura interna

Entre las críticas internas de los barones socialistas que ha provocado el pacto en Cataluña, el más vehemente, como suele ser habitual, ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha dicho literalmente “hasta aquí”. 

"Mi partido no puede apoyar el pacto con ERC en el Congreso", afirmó el presidente castellano-manchego en una comparecencia pública, horas después de conocerse el contenido del acuerdo con el partido independentista.

García-Page ya se ha mostrado en contra en muchas ocasiones de las decisiones que toma el Gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con la cohesión territorial. Probablemente el momento más crítico hasta ahora llegó con la tramitación de la Ley de Amnistía, aunque en ningún caso los diputados castellanomanchegos del PSOE amagaron siquiera con votar en contra. 

Ahora podría ocurrir algo similar. Fuentes de esta formación señalan que ellos son partidarios de abrir debates internos, pero a la hora de la verdad se muestran a favor de “aceptar el juego de mayorías” propio de los partidos. 

Lo que trasladan estas fuentes, al igual que otros dirigentes socialistas de diferentes partes de España, es que creen que el acuerdo no se llevará nunca al Congreso.

El pacto firmado entre el PSC y ERC es un documento, en el que se detallan todas estas cuestiones negro sobre blanco, pero no deja de ser un compromiso político sin validez legal alguna. Como un programa político. 

La cuestión, opinan los barones del PSOE, es que no es momento de plantear en público esta posibilidad, cuando las bases de ERC todavía tienen que aprobar el acuerdo firmado con el PSC. Un voto en contra haría fracasar también el pacto de investidura de Illa y no dejaría muchas más salidas que una repetición electoral en Cataluña.

Los aliados

El PSOE de Castilla-La Mancha cuenta con ocho diputados en el Congreso. Y aunque algunos de ellos, como la exalcaldesa de Toledo Milagros Tolón, fue designado directamente por Pedro Sánchez, Emiliano García-Page sigue ejerciendo su influencia en otros.

El fuego amigo se mantiene como amenaza, aunque no es la única. Dentro de Sumar, Compromís y Chunta Aragonesista ya se pronunciaron en contra de una “financiación singular” para Cataluña, por lo que parece complicado que votaran a favor de una reforma de la LOFCA.

Mientras, el PNV ha mostrado hasta ahora una posición muy cauta, sin pronunciarse al respecto de una disposición que dejaría a Cataluña fuera del Régimen Común, como ya ocurre con Euskadi. Fuentes internas de este partido sí que muestran su preocupación porque eso pueda afectar al concierto vasco.

Habría que comprobar además las posturas de los diputados del Grupo Mixto, en el que hay otros partidos nacionalistas como el BNG o Coalición Canaria, que también podrían exigir un trato diferenciado para sus comunidades. 

Por tanto, una reforma de este tipo todavía queda lejos en el horizonte, pero sumar todos los votos necesarios sería un trabajo muy duro para el Gobierno. Probablemente más que la Ley de Amnistía, que, al final, no tocaba el bolsillo del resto de los españoles.