Hallan colgado en su celda en Córdoba a Cristian Sandulache, uno de los mayores proxenetas

Los hechos tuvieron lugar este pasado domingo 1 de septiembre. La mujer del delincuente se enteró sobre las nueve de la noche de que había sido hallado sin vida, colgado en la habitación. Su categoría en la penitenciaría era de FIES 2, donde se incluyen reclusos del mundo del crimen organizado. 

A falta de los resultados finales de la autopsia, los forenses concluyeron provisionalmente que se trataba de una muerte por ahorcamiento. El cadáver presentaba en el cuello la glándula tiroide fracturada, según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes conocedoras de la investigación.

Sin embargo, su familia quiere que se investigue a fondo la muerte porque en cuanto llegó a la prisión, el propio Cristian Sandulache les alertó de que le estaban envenenando y que alguien trataba de acabar con su vida. Por el momento, sus hermanos ya se ha personado como acusación particular en el procedimiento que indaga sobre la muerte de este recluso.

Investigación

El proxeneta llegó a la prisión de Córdoba el 23 de agosto, 10 días antes de morir. Hasta entonces cumplía su pena en la cárcel de Huelva. Según la documentación a la que ha podido acceder este periódico, a lo largo de la semana que transcurrió desde su llegada hasta aparecer sin vida su familia interpuso hasta 4 denuncias judiciales y un escrito de queja.

En ellos se ponía en conocimiento de los distintos órganos judiciales (juzgados de instrucción y juzgado de vigilancia penitenciaria) que, según el testimonio del fallecido, "estaba siendo objeto de envenenamiento por parte de los funcionarios del Centro Penitenciario de Córdoba". 

Así reza en un escrito presentado por los abogados de los Sandulache ante el juzgado de Córdoba, encargado de la investigación. En él, el abogado Rafael Cotta Gallardo insiste en que el reo había "solicitado protección judicial y autorización para ser explorado por médico ajeno al centro penitenciario". Además, Cristian Sandulache "llevaba desde su conducción a Córdoba suplicando ayuda con demandas de riesgo vital para su propia supervivencia".

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Ese temor por su integridad física y por el trato que le estaban dispensando fue puesto en conocimiento de las autoridades mediante sucesivos escritos y denuncias a lo largo de la semana en la que permaneció en ese nuevo centro. Nada más llegar a la cárcel, el abogado de Sandulache recibió una llamada de la familia. Le pidieron al letrado que fuera a ver a Cristian, porque les había llamado diciéndoles que "temía por su vida, alegando que le quieren matar".

"Le envenenaron"

El sábado 24 de agosto el abogado acudió a la prisión andaluza. Notó a Cristian más delgado. Decía que había dejado de comer. Aseguró que desde su llegada el día anterior estaba "sufriendo humillaciones por parte de los funcionarios", que no le permitían "comunicarse con sus familiares" que le estaban "envenenando con sustancias en la comida" y que no le dejaban "dormir en la celda"  porque le proferían "gritos" y le ponían "ruidos" que le impedían "el descanso". Tampoco podía "acceder al peculio para comprar comida", según la denuncia del reo y recigoda en el escrito presentado por Cotto Gallardo.

Por todo ello, solicitó "protección judicial". Sandulache realizó estas manifestaciones "en presencia de cinco funcionarios del centro quienes, en clara injerencia de la comunicación abogado-cliente, permanecieron presentes en los locutorios".

Ante esta situación Sandulache pidió a su representante legal que interpusiera denuncia judicial. Así lo hizo el letrado, concretamente ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Córdoba, en funciones de guardia. En los escritos que interpuso antes de que apareciese sin vida su defendido, el abogado pedía al juez realizar una exploración médica al hermano más joven de los Sandulache, con el fin de detectar si se le había inoculado alguna clase de sustancia nociva para su salud.

Otra autopsia

Tras el hallazgo del cadáver en el interior de su celda, su abogado ha solicitado al juez instructor una serie de diligencias, a fin de esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, su familia solicita que un forense "de su confianza" realice su propia autopsia, una vez dado traslado del informe oficial que emitan los forenses a servicio del juzgado.

El abogado ha pedido además al juez que solicite las grabaciones de las cámaras de los pasillos del módulo 15 (el de máxima seguridad) del centro entre el sábado día 31 de agosto a las dos de la tarde hasta el domingo día 1 de septiembre a las 21 horas, así como la identificación de todos los funcionarios que prestaban servicio en ese área de la cárcel, que hubieran accedido a dicho módulo o que estuvieron en contacto con el fallecido en ese período de tiempo.

Fuentes penitenciarias rechazan las acusaciones de la familia. Niegan también haber cometido malos tratos hacia el preso que ha aparecido sin vida. Señalan que no existe prueba alguna de estas denuncias. Niegan también que ningún trabajador del centro hubiera envenenado o administrado sustancia alguna a Cristian Sandulache. "Nadie quería matarlo. En las cárceles, nadie se dedica a drogar a nadie".

El clan Sandaluche

Cristian y Sebastian Sandulache eran los cabecillas de un clan rumano dedicado a la trata de seres humanos. Regentaban dos prostíbulos en Oviedo y llevaban varios años traficando con personas desde su Rumanía natal. Chicas a las que engañaban prometiéndoles trabajos como camareras en Asturias.

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Una vez llegaban a España, las obligaban a prostituirse. No sólo eso: las torturaban de las formas más espantosas, tal y como ellas relataron en sede judicial. Desde pegarles palizas hasta obligarlas a comer billetes si no traían mucho dinero después de las maratonianas jornadas laborales. Una noche, varias jóvenes tuvieron que ingerir 700 euros en billetes pequeños porque habían conseguido poca recaudación.

Los Sandulache impusieron durante años un régimen de terror entre sus prostitutas. Las tenían esclavizadas, les retenían el pasaporte, casi no las dejaban salir de la casa en la que vivían hacinadas, les robaban y además las amenazaban con matar a sus familiares en Rumanía si ellas no se hacían cargo de la deuda que habían adquirido con ellos al haber caído en sus redes.

Finalmente, varias de las víctimas consiguieron escapar y denunciaron el caso. Una de ellas lo logró escribiendo un mensaje de S.O.S en una servilleta cuando estaba a punto de embarcar en el avión que la traía desde Bucarest hasta Madrid.

Condena

En 2019, el Tribunal Supremo confirmó su condena a 55 años de cárcel, así como la pena de 53 años para su hermano Sebastián, por tres delitos de trata de seres humanos en concurso con tres delitos de prostitución coactiva, siete delitos de prostitución coactiva, y otro delito contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales y lesiones. Por este último delito solo fue condenado Cristian Sandulache.

El tribunal afirmaba que el juicio de la sentencia fue "rotundo" al describir que los hermanos Sandulache, junto a diversos secuaces de su clan, integraban desde 2010 una organización dedicada a captar a mujeres en Rumanía, mediante engaño y abusando de su precariedad o vulnerabilidad.

Después las traían a España para obligarlas a ejercer la prostitución "en condiciones de explotación y utilizando violencia o intimidación, obteniendo por ello importantes beneficios".

La sentencia explicaba que no cabía duda de que los hermanos Sandulache utilizaron violencia para la consecución de sus fines e impusieron a las víctimas unas condiciones de trabajo contrarias a la dignidad humana y ajenas a cualquier condición laboral lícita y admisible.

"Al margen de las responsabilidades que pudieran exigirse a los dueños de los establecimientos, los servicios de las víctimas lo fueron por cuenta ajena y en el contexto de una relación de subordinación y violencia. Las mujeres debían trabajar todos los días de la semana sin descanso, debían entregar 200 euros fuera cual fuera el rendimiento de su actividad y, además, en caso de no ir a trabajar por cualquier circunstancia, debían abonar la cantidad de 200 euros, todo ello en un contexto de abuso y violencia", señaló el Supremo en su veredicto.