La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en una reciente visita a Canarias. Europa Press
Rebelión contra el 'tasazo' del Gobierno: se pagará más por las basuras para adaptarse a la UE aunque Bruselas no obliga
- Guerra entre los ayuntamientos y el Ejecutivo: a partir de abril, algunos municipios estarán obligados a cobrar el doble por recoger la basura.
- Más información: El descontrol de la nueva tasa de basuras: cuando el bolsillo del ciudadano paga las lagunas de la legislación
El nuevo impuesto que deberán pagar la mayoría de los españoles de aquí a medio año ha abierto una nueva guerra entre el Gobierno y los ayuntamientos. Se trata de una tasa para la recogida de basuras, que hasta ahora algunos consistorios no repercutían a sus vecinos o la incluían en otros tributos, y ahora recaerá directamente en el bolsillo de los ciudadanos.
En 2022, el Gobierno aprobó la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En ella daba un plazo de tres años para aplicar un nuevo impuesto que supusiera que la recogida de basuras no fuera “deficitaria” para los municipios y reflejara el “coste real, directo o indirecto” de este servicio, así como “del transporte y tratamiento de residuos”.
Ese límite se cumple en abril de 2025, cuando todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes tendrán que cobrar a sus ciudadanos por unos servicios que hasta ahora estaban subvencionados por las corporaciones locales en la mayoría de los casos.
La ley fue impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, comandado por Teresa Ribera, que en breve hará las maletas para ser comisaria europea de Competencia y Transición Verde. Y es precisamente a la UE a quien apela el Ejecutivo.
Desde Moncloa alegan que no tienen elección, ya que se trata de aplicar la legislación procedente de Bruselas. Pero la directiva de la UE a la que se acoge el Gobierno en su Ley de residuos no establece la obligatoriedad de nuevos tributos.
Se trata, en este caso, de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, que sustituye a otra normativa comunitaria de 2008. La directiva, de obligado cumplimiento, establece criterios para el reciclado y la proteccióndel medio ambiente.
Reclama a los Estados poner “en vigor las disposiciones legales” para cumplir con lo establecido en el texto, aunque sólo menciona la posible aplicación de nuevos impuestos en un anexo, donde cita ejemplos para alcanzar los objetivos establecidos.
Entre ellos estarían tributos que “incentiven la prevención y el reciclado de residuos” o un sistema de pago por generación de basuras basado en el concepto de “quien contamina, paga”.
Es decir, habla de la posibilidad de imponer “tasas a los productores de residuos según la cantidad real de residuos generados”, con el fin de incentivar "la separación en origen de los residuos reciclables" y reducir "los residuos mezclados”. Aún así, en ningún caso, establece su obligatoriedad.
El Gobierno, sin embargo, considera que no tiene otro modo de cumplir con las exigencias de reciclaje que impone la UE. Por ejemplo, el calendario previsto insta a los municipios a reutilizar el 55% de las basuras recogidas o a separar un 77% de las botellas de plástico del resto de residuos.
Por eso ahora los ciudadanos tendrán que pagar más como medida disuasoria para reciclar mejor.
Rebelión política
La medida ha supuesto una auténtica rebelión por parte de los gobiernos locales. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido uno de los dirigentes más duros.
"Los ayuntamientos vamos a sufrir un sanchazo en forma de tasazo. No es cierto que la tasa de basuras venga de la normativa comunitaria, viene de la ley que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez", dijo Martínez-Almeida este lunes.
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Un día después, la Federación Madrileña de Municipios (FMM) se sumó a las críticas con un manifiesto en el que considera, además, que la ley vulnera “la independencia” de los entes locales al invadir sus competencias.
En muchos casos estos ayuntamientos están gobernados por alcaldes del PP, pero no se trata sólo de una lucha partidista entre socialistas y populares. También ha habido críticas desde municipios del País Vasco, Cataluña, Galicia… O desde la Federación Española de Municipios y Provincias.
Dudas sobre su aplicación
La ley sólo supondrá un incremento de este impuesto que en algunos casos representará el doble de lo que ahora se paga, sino que además abre una situación de inseguridad jurídica para muchos ayuntamientos.
Por ejemplo, los municipios del área metropolitana de Barcelona no tienen este impuesto y dudan de cómo deben crearlo de cero; en la capital catalana se paga en función del consumo de agua; mientras que en Madrid la tasa de basuras está incluida en el Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI).
Unos alcaldes se quejan del coste que tendrá para el bolsillo de sus ciudadanos y otros, simplemente, de que no saben muy bien cómo deben aplicarla.
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“Va a generar lógicamente mucho conflicto, porque hay muchos aspectos no regulados”, decía Arturo Delgado, presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl), a EL ESPAÑOL-Invertia. Y es previsible que algunos ayuntamientos puedan recurrir a los tribunales.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también se ha sumado a la polémica. “¿Estos eran los famosos 'impuestos para ricos'? ¿Tirar la basura es cosa de ricos?”, escribió en la red social X.
En pleno conflicto por la financiación autonómica, se abre un nuevo litigio con los ayuntamientos de aquí a abril de 2025.
