La revuelta de los alcaldes de Junts en el Maresme contra la inmigración que ha conducido a la última cesión de Sánchez

El alcalde de la localidad, Marc Buch, de Junts, reaccionó en su perfil de X exigiendo "medidas, incluida la expulsión", de los inmigrantes que sean multirreincidentes. No era la primera vez que Buch alertaba de ello, pero pocos días después un grupo de alcaldes del partido de Carles Puigdemont se sumaron a su causa. 

Una decena de ediles de la comarca del Maresme, que engloba la costa septentrional de Barcelona y a la que pertenece Calella, comparecieron unidos para pedir la expulsión de los migrantes multirreincidentes. "Si no han venido a integrarse y a trabajar como hace la mayoría de la población, no tienen cabida en nuestra casa", afirmó Buch. 

EP

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Los alcaldes fueron acusados de alentar la xenofobia al identificar inmigración con delincuencia. Pero detrás de esta estrategia había un medido cálculo político.

Por un lado, se trataba entonces de desgastar a ERC en la Generalitat, cuyo consejero de Interior, Ignasi Elena, era uno de sus eslabones más débiles. Y, por otro, de hacer frente a la líder del partido independentista de extrema derecha Aliança Catalana, Sílvia Orriols, quien les comía terreno en las encuestas. 

La revuelta del Maresme no era una iniciativa autónoma de sus alcaldes, como quedó demostrado un mes después. Junts celebraba su Consell Nacional y en él su secretario general, Jordi Turull, confirmó el endurecimiento de sus posturas en materia migratoria. 

"No actuar contra los delincuentes multirreincidentes, lleven quince días viviendo aquí u ocho generaciones, sí es poner en peligro la convivencia y la cohesión", dijo. Turull habló de "no acomplejarse" y reclamó una política migratoria que responda "a las necesidades nacionales en términos de cohesión social, bienestar, progreso y términos lingüísticos".

Es decir, estaba sentando las bases de las competencias en materia migratoria que Carles Puigdemont lleva reclamando para Cataluña desde que comenzó la última legislatura de Pedro Sánchez. Unas atribuciones que finalmente el PSOE se ha comprometido a delegar tras el pacto con Junts de esta semana, que deberá ser refrendado en el Congreso de los Diputados.

Postureo sobrevenido

El portavoz de En Comú Podem en Calella, Sebastián Tejada, es concejal desde hace casi 10 años y asegura que la posición de su alcalde en materia migratoria "obedece a un postureo sobrevenido, amparado y promovido por su partido".

Los Mossos d’Esquadra señalan que la media de delitos en el Maresme es de unos 75 por cada 1.000 habitantes, ligeramente inferior a la media de Cataluña. Aunque los alcaldes de Junts suelen elevar esa cifra, porque según Tejada no hacen la corrección con la población estacional de esta zona, que en los meses de verano puede doblar a los oficialmente censados.

Así, los delitos crecen, pero no únicamente por los residentes habituales de estas localidades.

Un grupo de migrantes son trasladados en autobús hasta el municipio de Calella (Barcelona) en diciembre de 2024.

El Maresme, sin embargo, era una zona ideal para lanzar un mensaje de este tipo, ya que está "suficientemente lejos de la Cataluña central, donde Sílvia Orriols tiene mayor influencia, y suficientemente cerca de Barcelona, donde un mensaje así podía tener mayor altavoz mediático", insiste el portavoz de los Comunes en el municipio.

Desde el ascenso de Aliança Catalana, Tejada cree que hubo un "casting" en Junts para ver quién abanderaba "esta campaña". Y recuerda que hubo un precedente en 2022 en Premiá de Dalt, también en la comarca del Maresme. 

Europa Press

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Junts con Desokupa

Ese año el alcalde de Premià de Dalt (Barcelona), Josep Triadó, también de Junts y que en las últimas semanas ha anunciado su intención de presentarse a la presidencia del FC Barcelona, firmó un contrato con la empresa Desokupa —vinculada a la extrema derecha nacional— para actuar ante las "okupaciones mafiosas". 

Triadó gobernaba, además, en coalición con el PSC, que estaba al mando del área de Seguridad ciudadana y convivencia. Desde los socialistas catalanes no han ofrecido su versión para este reportaje. 

El contrato con Desokupa, sin embargo, nunca se hizo efectivo. Cuando se hicieron públicos los términos del mismo, se armó un gran revuelo, la dirección de Junts lo desautorizó y desde el PSC presionaron para cancelarlo. 

A Triadó no le quedó más remedio que rescindirlo, aunque dejó abierta la posibilidad de que la empresa especializada en desalojos extrajudiciales asesorara a la Policía Local de Premiá. El fundador de Desokupa, Daniel Esteve, se ofreció a hacerlo gratis, si bien el acuerdo se quedó únicamente en una tentativa frustrada. 

"Probablemente el terreno no estaba maduro todavía. Pero con el procés agotado y Orriols apretándoles en los sondeos, seguramente desde Junts pensaron en reactivar esta táctica", opina Sebastián Tejada. 

El alcalde de Premiá de Dalt, Josep Triadó (con polo blanco) con su concejal de seguridad, Ginés Marín (a su izquierda), junto al fundador de Desokupa, Daniel Esteve (derecha) y otro miembro de la empresa en 2022. Ayuntamiento Premiá de Dalt

El factor Orriols

La líder de Aliança Catalana gobierna desde 2023 en Ripoll (Gerona), el municipio en el que se formó la célula yihadista que cometió los atentados del 17-A en Las Ramblas y Cambrils. En las últimas elecciones catalanas, su partido dio el salto al Parlament con dos diputados. 

Ripoll no es más que un municipio de unos 10.000 habitantes, pero desde allí Orriols sigue teniendo un potente altavoz para difundir su mensaje contra una inmigración que altera los valores de la catalanidad, según sus postulados.

Este martes, cuando PSOE y Junts anunciaron su acuerdo, la líder de Aliança Catalana se mofó de él. "Ahora las competencias en inmigración las tendrá el PSC en vez del PSOE. Qué gran victoria la de Junts, bien jugado", tuiteó. Al día siguiente, con los focos puestos en ella, volvió a hablar de la delincuencia entre los inmigrantes y protagonizó una polémica por el velo de mujeres musulmanas en un cartel del 8-M.

Orriols gobierna en minoría en Ripoll precisamente porque Junts se negó a apoyar en 2023 una candidatura de ERC sustentada por otros partidos. Ahora esta alianza se había movilizado para presentar una moción de censura contra la alcaldesa, pero con todo cerrado y en plenas negociaciones entre Junts y el PSOE a nivel nacional, el partido de Puigdemont decidió echarse atrás en el último momento. 

Junts argumentó que "los discursos de odio hay que derrotarlos en las urnas", pero Orriols se volvió a burlar. "Les han temblado las piernas", dijo. 

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Identidad lingüística

Ahora Carles Puigdemont habla de asumir unas "competencias que ejercen los Estados" tras su pacto con el PSOE. Mientras que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, cree que el acuerdo asegurará "el futuro de la identidad basada en la lengua, la cultura y los valores de la catalanidad". 

El pacto no especifica que el conocimiento del catalán sea imprescindible para obtener permisos de residencia, aunque la idea del "contrato social para las personas recién llegadas" que recoge el texto contiene reminiscencias de la patria que quiso construir Jordi Pujol para los nacidos dentro y fuera de Cataluña.

No obstante, como ha informado EL ESPAÑOL, el Gobierno introdujo el pasado mes de noviembre en el nuevo Reglamento de Extranjería el conocimiento de las lenguas cooficiales como requisito para otorgar o renovar el permiso de residencia, como resultado de las negociaciones que se desarrollan en Suiza.

En ese sentido, Yolanda Laspalas, concejala del PP en Vilassar de Mar, también en la comarca del Maresme, sostiene que "Pujol y Artur Mas incentivaron la inmigración magrebí porque sabían que estos hablarían catalán antes que español, a diferencia de los latinos". Y añade: "Ellos mismos crearon el problema y ahora quieren ser parte de la solución". 

Los marroquíes representan el 16% de la población extranjera de Cataluña, aunque en Barcelona son mayoría los latinoamericanos —con argentinos y colombianos a la cabeza—, según datos de la Generalitat. 

La concejala del PP se muestra "a favor de expulsar a los multirreincidentes", pero cree que el pacto para la delegación de competencias supone "crear desigualdades entre españoles, ya que estas materias son competencia exclusiva del Estado". 

Mossos d'Esquadra en la frontera entre Francia y España.

Esta deriva también alienta las tesis de Vox, cuyos puntos cardinales son el endurecimiento de las políticas migratorias y la defensa de la unidad de España.

"El discurso de Junts es un discurso de fachada, porque quieren ser como Aliança Catalana pero sin pasarse mucho. Su intención es comer de un sitio sin perder mucho margen de otro", opina Eric Pérez, concejal de Vox en Tordera, otro de los municipios donde los ediles de Junts clamaron contra la inmigración irregular.

"Nosotros lo decimos sin pelos en la lengua: estamos en contra de la inmigración ilegal. Quienes hayan llegado de forma ilegal, tienen que ser expulsados; y los que entraron legalmente, pero han convertido la delincuencia en su forma de vida, también", remacha el concejal de Vox. 

Éste es el marco en el que quiso entrar Junts, y con el que elevó la presión para que Cataluña pueda tomar sus propias decisiones al pactar la delegación de competencias con el PSOE.