Le colocan un condón en el micrófono al fiscal del caso de los 21 acusados de proxenetas en Málaga

No se sabe si a modo de aviso o por hacer una broma. Cuando el fiscal del 'caso Scándalo', en el que 21 personas han sido juzgadas por proxenetismo en Málaga, volvió a su sitio tras un receso en la sesión del pasado viernes, notó que había algo en su micrófono. Se trataba de un preservativo que alguien había colocado a modo de protección contra el coronavirus.

Desde que los juicios volvieron a celebrarse tras el cese del estado de alarma, en las salas se toman las medidas de seguridad pertinentes. La colocación de mamparas, las distancias sociales y de bolsas de plástico para resguardar los micrófonos se han convertido en la tónica habitual.

Estos plásticos se cambian cuando los utiliza otra persona, pero el fiscal de este caso nunca esperó que la protección de su micrófono iba a tratarse de un profiláctico.

Ocurrió el pasado viernes tras un receso de 10 minutos y el representante del Ministerio Público ya ha presentado la correspondiente denuncia ante los juzgados malagueños adjuntando unas fotografías del micrófono con el preservativo.

En la misma señaló "la contrariedad" que le había producido el hallazgo y manifestó que desconocía quién y cuándo podría haberlo hecho.

De igual modo, añadió que al terminar el juicio trasladó el hallazgo a los agentes de sala y al tribunal. El hecho se produjo entre las 14:30 horas, cuando comenzó el receso, y las 15:15 horas cuando se percató del preservativo en el micrófono.

El caso 'Scándalo'

El macrojuicio del 'caso Scándalo' sienta en el banquillo a 21 administradores de los clubes del mismo nombre en Málaga, Torremolinos y Córdoba por un total de 167 presuntos delitos de proxenetismo y prostitución. Las peticiones de cárcel suman casi 4.000 años, según publica el Diario Sur.

La vista se retomó tras la suspensión de la actividad judicial no esencial a raíz de la crisis sanitaria por el coronavirus y se ha dividido en varias sesiones.

El juicio comenzó a mediados del mes de diciembre de 2019 con las alegaciones de las defensas, pidiendo la nulidad del procedimiento por vulneración de los derechos fundamentales, a lo que la Fiscalía se opuso. Asimismo, los acusados negaron los hechos por los que se les acusa.

Para el fiscal, varios de ellos venían encargándose del negocio desde los años 90, a través de la constitución de sociedades que eran las que gestionaban dichos clubes, teniendo una estructura jerarquizada.

El supuesto responsable de los clubes era el que gestionaba todo el negocio. Según la acusación pública, con esa actividad presuntamente logró tener un patrimonio superior a los 18 millones de euros entre 1995 y 2009.

El Ministerio Fiscal sostiene que las mujeres elegidas para la prostitución "no tenían libertad en cuanto a la forma y las condiciones". Supuestamente les imponían horarios, soportando jornadas laborales excesivas; precios y tipo de vestuario.