Procesan a exdirigentes del PSOE y exsindicalistas por ayudas a Mercasevilla: ahí empezó el caso ERE

Exresponsables de Mercasevilla, mercado central de abastos de Sevilla, dijeron en una grabación que "la Junta colabora con los que colaboran". En marzo de 2009 el audio llegó a las manos de la jueza Mercedes Alaya y en abril abrió diligencias. Aquel caso inicial, del que surgieron diversas subtramas, una por la compra fraudulenta de terrenos y otra por la existencia de ERE irregulares en Mercasevilla, se quedó en condenas menores.

El exdirector de Mercasevilla, Fernando Mellet, fue condenado a dos años de prisión más otros seis de inhabilitación por malversación y a 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa por la mordida en la venta de esos terrenos, absolviendo a exdirigentes de la Junta y del Ayuntamiento de Sevilla. Todo ello, pese a que en la primera causa el fiscal había pedido 24 años de cárcel y 40 de inhabilitación.

Sin embargo, aquello le sirvió a Alaya para tirar del hilo y sacar a la luz el mayor fraude de la historia democrática de Andalucía. El mismo que acabó sentando en el banquillo a expresidentes de la Junta condenados, como Manuel Chaves o José Antonio Griñán, casi diez años después.

Primero fue Mercasevilla y luego llegaron los ERE, el fraude de los cursos formación, el caso Invercaria, entre otros. Ahora el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra once personas. Se trata de una de las piezas separadas de ese caso ERE, que precisamente se inició en ese mercado de abastos.

En concreto, el juez dicta este auto, remitido por el TSJA, contra los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, condenados ya por cohecho en dicha entidad, y el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, considerado intermediario de la Junta. También contra un exmiembro de la ejecutiva local del PSOE de Baeza (Jaén), Antonio Garrido Santoyo; exresponsables de la consultora Vitalia y un intruso que se benefició de esas ayudas sin haber trabajado nunca en el mercado de abastos, entre otros.

La archiva en cambio hacia el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y otras 12 personas. En relación a este último considera que no existen indicios sólidos de que haya tenido una intervención con suficiente relevancia causal en la decisión administrativa para otorgar las ayudas.

El juez cree que estos pudieron cometer delitos de falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y malversación con relación a la mencionada entidad pública. Las ayudas que concedió la Junta a la lonja superaron los 12,5 millones de euros divididas en dos expedientes de regulación de empleo. Fueron llevados a cabo en 2003 y 2007, cuando gobernaba Manuel Chaves.

El instructor considera que estas ayudas fueron otorgadas, "extramuros de cualquier legalidad", para abonar las primas de las pólizas de seguro de renta colectivas suscritas para materializar la extinción de las correspondientes relaciones laborales derivadas de los ERE de dicha empresa.

El juez señala en su auto que se llevaron a efecto de "forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad". Asegura también que fueron concedidas por el ya fallecido ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, también condenado por la Audiencia por el caso ERE.

Por último, precisa que tampoco hubo control administrativo ni fiscalización a través del Gabinete Jurídico de la Junta o de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo. Asegura además que tampoco existen indicios de haber sometido el expediente de gasto a fiscalización previa, de acuerdo con lo preceptuado en el Reglamento de Intervención de la Junta.