Guerra (política) del agua por la ordenación de suelos agrícolas en la Corona Norte de Doñana

Unir las palabras Doñana y cultivos es sinónimo de polémica. Y ésta ha surgido a raíz de la presentación, por parte de grupos del PP, Cs y Vox en el Parlamento andaluz de una proposición de ley que modifica algunos de los artículos del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) y del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana.

Lo sucedido permite augurar, en primer lugar, que la iniciativa -a instancias del PP y a la que se han adherido Cs y Vox- va a aprobarse, pues los tres partidos tienen mayoría parlamentaria. Y en segundo, que va a haber una guerra del agua, con tintes tanto políticos como medioambientales. En ella se mezclan grupos ecologistas, Junta de Andalucía, Gobierno central, alcaldes y agricultores.

El lugar de la polémica es la Corona Norte de Doñana, que se sitúa en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva). Son los municipios cuyas tierras se vieron afectadas por el ya citado POTAD, aprobado en 2014, pero con efectos retroactivos hasta 2004.

Este marco normativo dictaminó, tras décadas de inacción, qué terrenos eran susceptibles de ser considerados de regadío y cuales no. Se regularizaron 9.000 hectáreas, y se dejaron fuera 1.460 ubicadas en estos municipios, que fueron declaradas como forestales pese a ser de regadío.

En estos años, poco más se hizo, más allá de que en 2015 el Gobierno adquirió la Finca Los Mimbrales para dar agua superficial a los agricultores, la clausura de pozos ilegales conectados a los castigados acuíferos del Parque Nacional de Doñana y de llevar ante la justicia a los infractores.

"Muchas hectáreas que tradicionalmente eran objeto de cultivos en regadío, pasaron a considerarse no aptas para el mismo, por lo que a muchos profesionales se les provocó un desamparo que los hizo caer a veces en un limbo jurídico y en otras ocasiones, directamente a una situación no contemplada por una normativa que se aprobó con efectos retroactivos de más de diez años entre su publicación y sus consecuencias", explica la propuesta, consultada por EL ESPAÑOL.

Aguas superficiales

Las hectáreas, ahora en liza, no se encuentran ni en el interior del espacio protegido de Doñana ni tampoco cerca de su linde. Están a 30 kilómetros. Tampoco la propuesta habla de darles agua procedente de los acuíferos, algo que es ilegal, sino que el riego que en un futuro puedan tener provenga de aguas superficiales y que las tierras dejen de ser forestales y sean consideradas suelo agrícola regable (SAR).

Se trata de "reconocer el derecho histórico que tienen como tierra agrícola", detalla la concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Lucena del Puerto, Lola Almirón. “Ya si luego se les puede dar agua o no, dependerá de la capacidad de la cuenca”.

De manera inmediata, tanto la asociación ecologista WWF, como Unidas Podemos y Adelante Andalucía se han posicionado en contra. La portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, alega que su partido hará "todo lo que esté en nuestra mano para que no se produzca" esa "agresión a Doñana" que, en su opinión, plantea la iniciativa. Con ella, "se agudizaría la competencia desleal hacia los agricultores onubenses que hacen las cosas bien", que "pagan por el agua que utilizan y tienen sus explotaciones agrarias en tierras legales".

Unidas Podemos ya ha registrado esta semana en el Parlamento Europeo que la Comisión Europea detalle su posición sobre la propuesta que se verá en la Cámara andaluza para "ampliar la superficie de regadío de Doñana y amnistiar la extracción ilegal de agua en el Parque Natural". Ha calificado la propuesta como "un atentado medioambiental que daría la puntilla al Parque Natural y que agudizaría además la competencia desleal que sufre el sector agrícola que cumple con la normativa".

En la letra pequeña del conflicto, la Corona Norte se compone de varios pequeños municipios gobernados por el Partido Socialista y partidos independientes: Moguer (PSOE) Lucena del Puerto (Independientes Por Lucena del Puerto), Bonares (PSOE), Rociana del Condado (PSOE) y Almonte (Mesa de Convergencia).

Según asegura la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, todos ellos aprobaron la misma propuesta que ahora llega al Parlamento andaluz. “Fue respaldada meses antes por los plenos de los ayuntamientos del Condado por unanimidad, y tres de ellos son socialistas. Por eso no entendemos ahora la negativa”.

Juan Antonio García, alcalde de Bonares (PSOE) y secretario de Agricultura del PSOE de Huelva, advierte EL ESPAÑOL que "nosotros estamos a favor de la agricultura y de la ley. No nos oponemos a la modificación, pero queremos que haya garantías, y sobre todo, que hubiera habido más participación a la hora de presentarla". El edil estima además que "lo lógico" es que también "se tenga contemplado de dónde va a venir el agua".

Tres obras hídricas

Que la medida iba a ser polémica "lo sabíamos", advierte el parlamentario andaluz Manuel Andrés (PP) por la provincia de Huelva. Porque, en el fondo, la propuesta busca regularizar y poner coto al uso del agua ilegal dando alternativas. La proposición de ley esconde la trampa de que su viabilidad, y la posibilidad de que estas hectáreas puedan acogerse a un regadío de aguas superficiales, depende de tres obras hidráulicas históricas que son competencia del Gobierno central. Hoy ninguna de ellas se ha ejecutado, lo que pone contra las cuerdas al Gobierno central y al PSOE.

Las tres contribuirían a que no se siguiera usando ilegalmente los acuíferos del Parque. Por ello, asegura Andrés que la proposición de Ley "no busca tocar Doñana: al contrario. Busca protegerla".

El alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora, de Independientes por Lucena del Puerto, detalla a este periódico que con este tema "está habiendo una enorme manipulación". Abunda que los alcaldes del PSOE "tienen un problema, porque tienen que elegir entre los intereses de los vecinos o los de su partido". Mora incide a EL ESPAÑOL que la clave está en las tres obras hidráulicas "que dependen del Gobierno central y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir" y que no se ha ejecutado.

La primera de ellas es el túnel de San Silvestre," al que hay que aumentarle la capacidad y cerrar el anillo hídrico". Si ese túnel se avería "se quedaría sin agua, incluso para el consumo humano, más de media provincia de Huelva", sostiene.

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado es la entidad que está detrás, desde hace varios años, de la reivindicación que ahora se verá en el Parlamento andaluz. Nació al amparo de diferentes agentes sociales, agricultores, sindicatos como UGT y CC. OO., ayuntamientos y asociaciones que persiguen un objetivo común: la llegada del agua superficial a la zona del Condado de Huelva.

Su presidente, Romualdo Macías, sostiene que "aplaudimos la iniciativa" y destaca que desde diciembre de 2018 está pendiente el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas del transvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Es la segunda infraestructura, y la más importante.

Este trasvase fue declarado de interés general del Estado, por ley, en diciembre de 2018, y supondría 19,99 hectómetros cúbicos más, tanto para riego como para consumo. "A día de hoy no se ha hecho nada", sostiene Macías, quien reivindica además una tercera obra hídrica: la presa de Alcolea, cuyas obras están paralizadas desde 2017. "Hay que pelear por las infraestructuras", advierte, pues son éstas las que posibilitarían "quitar de una vez todos los pozos y que haya agua superficial", cuenta a este periódico.

En contra

El cambio en el POTAD cuenta con la oposición del Gobierno central. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ha negado a darles agua aunque se apruebe la proposición de ley.  El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha sostenido que pondría "en riesgo" la credibilidad del sector de la fresa y "la clasificación del parque como Patrimonio de la Humanidad".

El Plan Especial de Ordenación aprobado en 2014 llegó en un momento, explica, "en el que estaba el riesgo la producción de frutos rojos en todo el entorno" porque "los mercados europeos ponían el veto a una producción que ponía a su vez en riesgo la sostenibilidad ambiental del terreno". Por ello, este plan trataba de evitar que "se pusiera en riesgo la viabilidad futura de Doñana" por "la presión excesiva que se producía sobre el parque".

La 'presión excesiva' es un eufemismo: se refiere a los enganches ilegales para hacer uso de los acuíferos de Doñana. Sin embargo, Manuel Mora, el alcalde de Lucena del Puerto, afirma que el 90 por ciento de las tierras que quedaron fuera de la ordenación "están baldías".

Por su parte, la Junta de Andalucía advierte que como administración "garantizamos que en absoluto Doñana no se verá afectado". Lo subraya el portavoz de Gobierno, Elías Bendodo, quien ha resaltado que la medida no afecta en absoluto al Parque Nacional, que cuenta con "una protección máxima".

En el PSOE andaluz sostienen que quieren luz y taquígrafos. No se oponen, pero quieren garantías "de que se cumpla la ley". Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido tajante. Este viernes, en Sevilla, ha tenido un discurso distinto al del PSOE andaluz. "Voy a ser muy clara en esta cuestión: Doñana no se toca". No vamos a permitir es que con Doñana ocurra una suerte similar a la que ocurrió con el Mar Menor".