Agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional creen que Juan Carlos Martínez Martínez habría obtenido un "lucro injusto" en sus negocios con empresas que recibieron ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía cuando gobernaba el PSOE. Martínez es el marido de la actual directora de la Guardia Civil, la malagueña María Gámez.
En el atestado, los agentes hacen un extenso recorrido por su pasado laboral muy relacionado con los gobiernos socialistas. En política, no pasó de ser concejal de Juventud en su localidad, La Carolina (Jaén), pero desde 1997 ha tenido varios cargos entre bastidores.
Primero estuvo a las órdenes del consejero Francisco Vallejo, como asesor en la Consejería de Obras Públicas y, posteriormente, en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
De ahí, dio el salto a Madrid como director de Comunicación y de Gabinete del ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria y, a continuación, como jefe de gabinete de la persona de confianza de Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, cuando fue Secretario de Estado Cooperación Territorial en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Tanto Vallejo como Zarrías son dos de los 19 ex altos cargos de la Junta condenados por la sentencia del caso ERE.
Justo después, pasó por tres empresas públicas andaluzas en las que nunca llegó a estar más de seis meses trabajando. Y, desde julio, de 2011 se gana la vida como consultor al frente de su propia empresa.
Su relación con Santana Motor
El atestado de la UDEF, publicado por Efe, forma parte de las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que ordenó la verificación de aspectos manifestados por la Intervención General de la Junta de Andalucía en un informe de control financiero sobre las entidades Incubadora de Emprendedores (Incuba) y Santana Motor, en liquidación. Esta última también fue investigada por la juez Mercedes Alaya tras acaparar casi 137 millones de euros de fondos públicos y acabar cerrando.
Ambas entidades estaban incluidas en un plan de auditorías, control financiero y control financiero permanente sobre la fiscalización de los recursos y aplicaciones de fondos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la caja pagadora de los ERE.
En dicho informe se dejaba constancia de irregularidades en la concesión de préstamos por parte de IDEA a Santana Motor, como la modificación de un convenio (Massif) entre la Consejería de Innovación y la referida agencia de Innovación que, de facto, transformaba préstamos ordinarios en participativos, y, por tanto, en ayudas de Estado a fondo perdido.
Entre el conjunto de proveedores de Santana Motor se detectó la presencia como beneficiario de la sociedad Experience Management Group. Su administrador único era Bienvenido Martínez, hermano de Juan Carlos Martínez, y quien había desempeñado diversos cargos en organismos relacionados con la Junta de Andalucía.
El informe pone de manifiesto contrataciones de Santana Motor por importe 339.701 euros con una sociedad del que fuera presidente de la automovilística y considera "relevante" que su hermano, Juan Carlos Martínez, desempeñara diversos cargos en la administración de la Junta de Andalucía, especialmente vinculada a la gestión del Grupo Santana y a la Administración del Estado.
En cuanto al "lucro injusto" al que se refiere el atestado, se indica que se ha tenido conocimiento de tres sociedades gestionadas por los tres hermanos Martínez —Bienvenido, Manuel y Juan Carlos—, dedicadas a labores de gestoría y consultoría.
En concreto, la Policía da cuenta al juez de los pagos que la consultora del marido de Gámez recibió de compañías que previamente habían recibido ayudas millonarias de la Agencia IDEA, como Isofotón y Laboratorios Farmacéuticos Rovi, según informa ABC.
"Meras conjeturas"
Sin embargo, su abogado, Manuel Pérez Cuajares, del bufete Constitución 23, ha presentado un escrito al citado juzgado en el que pide al juez que no lo llame a declarar como investigado. Considera que el atestado de la UDEF se basa en "elucubraciones" y "meras conjeturas y sospechas policiales alimentadas por una investigación inquisitiva" con la pretensión de incriminarlo. Le acusa, además, de abrir "una causa general".
En el escrito, consultado por EL ESPAÑOL, el letrado asegura que su cliente "nunca" ha tenido vinculación con la gestión del grupo Santana o similares y "nunca" ha pertenecido a órgano, consejo ni puesto que tuviera que ver con la concesión de subvenciones.
De igual forma, el abogado pone de manifiesto que el informe remitido por la Policía Nacional está plagado de "enormes errores" que afectan a principios constitucionales y a sus derechos fundamentales. Corrige además algunos cargos que la UDEF afirma que Martínez ocupó y que su letrado niega, como su paso por la Consejería de Empleo con el consejero Antonio Fernández al frente, también condenado por los casos ERE y Acyco.
En cualquier caso, Pérez Cuajares solicita al juez que el procedimiento no se dirija contra el marido de Gámez y no se le llame a declarar en calidad de investigado. Insiste en que "no existen méritos para ello" y supondría "un enorme daño personal y reputacional" para su cliente.