El alcalde socialista que cobró 125.000 euros extra en Linares, la ciudad con más paro de España

Prueba de ello fue el polvorín social que derivó hace algo más de un año en una brutal pelea en la que se vieron implicados dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía fuera de servicio y un tercer hombre. Este, junto a su hija, se llevó la peor parte.

Tras ello, Linares vivió dos noches de batalla campal entre sus vecinos, que son presos de la indignación que acumulan tras diez años encadenando crisis. Concretamente, desde que en 2011 cerrara sus puertas la factoría automovilística Santana Motor. Epicentro, por otro lado, del caso ERE.

Según una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, publicada por ABC, la Junta dio ayudas a esta compañía de casi 137 millones "en fraude de ley". Del hilo empezó a tirar la magistrada Mercedes Alaya para determinar si el Gobierno andaluz de entonces incurrió en delito al alterar un convenio para convertir un crédito de 36,1 millones a Santana Motor en una ayuda a fondo perdido.

Cierre de Santana Motor

Aquella firma se produjo en 2009. Dos años después la empresa cerró. Fue entonces cuando la Junta decidió que era mejor pagar prejubilaciones para comprar la llamada paz social que seguir manteniéndola a flote. Entre Santana y sus empresas auxiliares se perdieron casi los 2.000 empleos.

En aquellas fechas, el alcalde de la localidad era Juan Fernández del PSOE. Llevaba tres legislaturas en el poder cuando ese mismo año, en 2011, decidió que "su sueldo neto de casi 3.000 euros al mes", según han informado a EL ESPAÑOL fuentes solventes, no era suficiente. 

Para solucionarlo, en julio de aquel mismo año empezó a apropiarse de 1.700 euros al mes de su propio partido. Lo hizo durante seis ejercicios, hasta 2017, y ahora la Audiencia de Jaén lo ha condenado por un delito de malversación de caudales públicos. Previamente lo había hecho un jurado popular, con cinco votos a favor y cuatro en contra.

La sentencia considera probado que Juan Fernández como portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, al margen de su sueldo como alcalde, se apropió de esta cantidad. Todo ello, "sin estar legalmente autorizado y sin conocimiento ni consentimiento del grupo".

La expulsión del partido

El dinero lo recibía en metálico mediante la emisión de cheques bancarios al portador y con cargo a dos cuentas del citado grupo municipal. Una cantidad que, por ley, no podía destinarse al pago de remuneraciones de personal. 

La suma total asciende a 125.377 euros extra y la jueza le obliga a devolverla a las arcas municipales en concepto de responsabilidad civil. Durante el juicio, Fernández no negó en ningún momento haber recibido estas cantidades, sí rechazó que lo hiciera sin el consentimiento del PSOE.

Fernández estuvo de alcalde durante 19 años, pero el último año no representaba a las siglas socialistas. Su partido lo expulsó en 2018 al detectar un desfase de 125.000 euros en las cuentas y abrirle un expediente disciplinario. De hecho, la causa partió de la citada denuncia y el PSOE se personó como acusación popular. Como tal, le ha llegado a pedir hasta ocho años de cárcel. 

"La formación se hizo el harakiri" al tramitar este expediente, pero no tenía más remedio, asegura a este periódico el letrado del PSOE Alberto Manzaneda.

Se presentó por otro partido

No obstante, Fernández quería seguir en política. Cuando fue expulsado, decidió presentarse a las elecciones de 2019 por Linares Primero, con la que obtuvo dos concejales.

La Audiencia también lo condena a la inhabilitación, pero ya el exalcalde ha anunciado que volverá a presentarse y que llegará "hasta donde sea menester" hasta encontrar justicia porque "la tiene que haber en algún sitio". Por lo pronto, la va a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

"Si tengo que ir a prisión iré a prisión, pero no doblaré las rodillas, ni me arrastraré como ustedes, babosas de dos patas", aseguró ayer Fernández en una rueda de prensa convocada tras serle notificada la sentencia este mismo lunes. Declarado antisusanista de pro, en esta comparecencia volvió a disparar contra la que fue su formación.

Denunció a la jueza instructora

Pero en este proceso judicial han ocurrido más cosas. Fernández también se querelló en el Tribunal Supremo contra la jueza instructora de esta causa como presunta autora de un delito de prevaricación. 

Entre otras cuestiones, Fernández acusa a la magistrada de dictar tres autos en el proceso, uno de ellos el 6 de mayo de 2019, "para machacarme y mandarme al tribunal con jurado" y hacerlo basándose en "testimonios falsos" y "mentiras".

"Me he dejado la piel y la vida por Linares"; "es una vergüenza esto que habéis hecho conmigo" y "lo escrito aquí -en la sentencia- es falso, manipulado y malinterpretado". Fueron frases que el alcalde expresó cuando conoció la sentencia que lo puede llevar a la cárcel, si el TSJA o el Supremo no dicen lo contrario.