La víctima del exmarido de Mónica Oltra pide de urgencia 6.000 € al juzgado por su "pésima situación"

María Teresa T. M. ha solicitado a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia la ejecución provisional de la sentencia contra Luis Eduardo Ramírez Icardi. Este educador, exmarido de Mónica Oltra, fue condenado a 5 años de cárcel por abusar de la joven tutelada en un centro de menores, de gestión privada pero dependiente de la Conselleria de Igualdad que dirige la líder de Compromís. "Una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella", concluyó el fallo.

La víctima solicita la ejecución provisional de la sentencia con el objetivo de acceder cuanto antes a los 6.000 euros consignados por el condenado a para atender a su responsabilidad civil. Según argumenta su escrito remitido a la sala, la perjudicada "se encuentra en una pésima situación económica, y más teniendo en cuenta que la misma acaba de dar a luz a un niño". Por ello solicitan cobrar ya el importe pese al derecho al recurso que tiene Ramírez Icardi.

Como relató la propia Maite T. M. a EL ESPAÑOL, la joven y ha vivido de forma itinerante en al menos cinco viviendas desde que, hace poco menos de un año, cumplió los 18 años y dejó de ser una menor tutelada por la Generalitat Valenciana. La situación más dramática la vivió pocos días antes del parto, cuando tuvo que abandonar la vivienda en la que residía tras una discusión familiar.

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas reaccionó ante tal circunstancia y brindó "un recurso habitacional" a la joven para residir junto a su pareja. En la actualidad, ambos residen en el lugar junto a su recién nacido.

El escrito de reclamación fue presentado el 27 de abril, firmado por la procuradora Susana Fazio y por la abogada María Roberto. Tras la defensa de la víctima se encuentra José Luis Roberto, líder del partido de ultraderecha España 2000 y dueño del despacho de abogados Roberto & Salazar.

Recorrido judicial

Al margen de la presente reclamación, la defensa contempla acciones civiles e incluso una querella tras las duras críticas recogidas por la sentencia contra la gestión de la Conselleria de Igualdad ante los abusos que sufrió.

El fallo de la Sección Segunda de la audiencia afeó al departamento de Oltra la "hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados, y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla".

"Frente a la absoluta imparcialidad predicable de la pericia del Instituto de Medicina Legal, el ‘informe reservado’ y el informe pericial del Centro Espill podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat, al haberse producido los abusos en un centro dependiente de la conselleria por un educador", recogió el fallo.

En su reciente comparecencia voluntaria para afrontar este asunto en Les Corts Valencianes, la vicepresidenta Mónica Oltra consideró que la Audiencia Provincial de Valencia recurrió a "conjeturas" y "quimeras" para atacar su gestión en una causa que juzgaba los abusos y no la intervención de su conselleria.