Diez años de la promesa del PSOE de suprimir las diputaciones: de inútiles a vivero de enchufados

Ocurrió en junio de 2011. El PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero triturado por la crisis, buscó un golpe de austeridad para las elecciones. El candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, expuso su propuesta ante 150 alcaldes. Consistía en "transformar las diputaciones provinciales de régimen común y sustituirlas por consejos de alcaldes que carecerán de estructura política".

Prometió "un ahorro de mil millones de euros y la supresión de mil cargos políticos". Pero, lejos de acabar con ellas, los socialistas se encuentran ahora en el juzgado por convertirlas en un vivero de enchufados.

Hace una década utilizaron contundentes argumentos para defender su supresión: "Son una estructura cuya regulación y competencias proceden de 1836. Las 38 diputaciones de régimen común están integradas en la actualidad por 1.037 diputados provinciales y manejan un presupuesto de 6.000 millones de euros, buena parte de ellos destinados a su funcionamiento".

Así consta todavía en enlaces remotos de la web del partido. La formación se adhirió a la tesis de que son inútiles, anacrónicas, instituciones que duplican el Estado autonómico y que debieron ser eliminadas en la Transición, como sí hicieron las regiones monoprovinciales.

En las elecciones del 20 de noviembre de 2011 ocurrió lo que auguraban las encuestas. Mariano Rajoy se impuso a Rubalcaba y envió a los socialistas a una larga travesía por el desierto de la oposición. Pero en 2015, sólo cuatro años después de la célebre propuesta, el PSOE llegó al poder en la Comunidad Valenciana, presidida desde entonces por Ximo Puig.

Y, como en la autonomía, el partido también gobierna desde entonces la Diputación de Valencia. Se trata de la segunda más grande de España de entre las 38 a eliminar que enumeraba Rubalcaba.

Malversación

La pregunta al presidente entrante, Jorge Rodríguez, era obligatoria: ¿Va usted a suprimir la institución? A nivel mediático, el socialista respondió con artificios para sortear la cuestión. A nivel político, de la peor manera. Sumió la institución en los vicios por los que su partido quería suprimirla.

Tanto es así que en la actualidad se encuentran procesados 15 cargos de PSOE y de Compromís por hinchar un organigrama para colocar a los suyos en la empresa pública Divalterra, entre ellos el propio Rodríguez. Se les acusa de malversar 1,1 millones de euros.

Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia; y Toni Gaspar, el actual. EE

Según el juez instructor, "ocupaban un cargo ficticio, simulado, al que acceden por pactos políticos de reparto de puestos". Se hacía "por cuestiones meramente de pertenencia o simpatía respecto de un partido político que se había repartido el poder en función de los resultados electorales y no en los criterios legales requeridos", según reza en el auto de procesamiento del llamado caso Alquería. 

La empresa en la que estalló el caso, Divalterra, no es otra que la antigua Imelsa, rebautizada en un intento fallido de borrar su mancha de corrupción y enchufismo de los tiempos del PP de Alfonso Rus.

El PSPV-PSOE apartó con mucho esfuerzo a Rodríguez del partido y puso en su lugar a Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia desde hace ahora tres años. Pero la historia parece repetirse con la empresa pública Divalterra.

La Fiscalía acaba de incoar diligencias de investigación penal por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación al tratar de controlar la jefatura de Recursos Humanos de la entidad. En el mismo estaría implicado el socialista José Luis Vera, quien además fue recientemente detenido por otro supuesto caso de corrupción (Azud).

La situación en esta empresa pública parece darle la razón a Rubalcaba en su afán de suprimir los organismos provinciales, por tratarse de un vivero de enchufismo. Y cabe decir en este caso que Toni Gaspar reaccionó con arrojo y anunció la liquidación de esta empresa pública. "Lo que hay que salvar es el servicio y los trabajadores", admiten fuentes del organismo provincial a EL ESPAÑOL.

El argumento suena al discurso del fallecido líder socialista. Y cabría deducir que, sobre la base de esta misma idea, Gaspar debería aprovechar la inercia y cumplir el viejo anhelo de su partido de suprimir la Diputación. Pero nada más lejos de la realidad. "No es algo prioritario, pese a que se trata de una propuesta que haya podido plasmarse en determinados programas electorales", admiten.

Problema discursivo

El problema discursivo al que se enfrenta el PSOE es que su argumentario actual fue desmontado minuciosamente por su propio partido hace 10 años. "Requiere un cambio constitucional muy difícil de conseguir en las actuales circunstancias parlamentarias", exponen ahora sin tapujos.

Pero Rubalcaba ya pensó en cómo salvar este escollo. "¿Sería necesaria una reforma de la Constitución para acometer su propuesta? No. Bastaría con una nueva definición y regulación de la Ley de Bases de Régimen Local", aseveró entonces.

La Diputación de Valencia subraya la relevancia de su gestión "en materia de agua, carreteras, hospitales, gestión de impuestos, asesoramiento técnico de los municipios...". Pero se trata de áreas, todas ellas, también presentes en el organigrama paralelo de la Autonomía. Bastaría con reasignar competencias y suprimir los "cargos políticos" que, según Rubalcaba, sobraban. 31 en el caso de Valencia.

Sería sencillo incluso a nivel inmobiliario en este caso, ya que las sedes de la Generalitat y la entidad provincial se encuentran en el mismo sitio: la Plaza Manises de la capital del Turia.

Pero no, aquel discurso ya está enterrado. La apuesta ahora consiste en "mejorar la gestión, hacerla eficiente". Y para maquillar la herida programática abierta por Rubalcaba recurrieron a un clásico de la política. Crearon "una comisión bilateral" para la organización coordinada de las competencias que se solapan. Asunto resuelto.

Diputación de Barcelona

En seis años de gobierno, los socialistas han demostrado en Valencia que no tienen intención alguna de librar a las arcas del coste de unos políticos que sobraban para Rubalcaba. Pero cabe subrayar además que el PSOE controla también desde 2019 la Diputación de Barcelona, la mayor de todo el país.

Núria Marín, alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, fue la dirigente escogida por los del puño y la rosa para relevar al PDeCAT en el poder. Lleva menos tiempo, pero el guion es similar al de Valencia: sin pasos hacia la supresión de la diputación pero sí hacia el juzgado.

En su caso se trata de una cuestión municipal. La dirigente del PSC ha sido imputada por malversación y omisión del deber de perseguir un delito en el marco de presuntas irregularidades en la financiación del Consell Esportiu de la ciudad.