La Guardia Civil investiga al director del parque en el que murieron los burros antiincendios valencianos

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón abrió el pasado 7 de abril una investigación al director del Parque
Natural del Desert de les Palmes, Antonio García. Examina "un supuesto delito relativo a la protección de la flora, la fauna y animales domésticos, por la muerte de entre 8 y 10 burros", los conocidos asnos 'antiincendios' que la Generalitat Valenciana soltó en el lugar.

Según comunicó este miércoles la Benemérita, de las investigaciones realizadas y del estudio de la documentación aportada por la administración autonómica se desprende que el ahora investigado es "el impulsor del proyecto consistente en la introducción de 50 animales de la especie equina (burros)" del 4 de agosto del 2021 al 9 de octubre del mismo año.

Según el Seprona, en el proyecto "participaron animales sin el debido seguimiento veterinario o en un estado precario de salud". Ello supuso, "además de un riego sanitario para el conjunto de animales implicados, un abandono en condiciones en las que peligraba su bienestar e incluso su vida, provocando el fallecimiento de entre 8 y 10 asnos y poniendo en peligro al resto".

La Guardia Civil considera que no se realizó un estudio de capacidad de carga del medio a fin de conocer si la capacidad nutricional de las especies vegetales era capaz de sustentar la cantidad de animales introducidos. Las diligencias instruidas han sido entregadas en la Fiscalía de Castellón y en el Juzgado de Castellón.

En noviembre de 2021 el Ministerio Público procedió a la incoación de diligencias de investigación penal tras la denuncia que interpuso el PP por la muerte de los animales.

Muerte segura

Como relató este periódico, la administración llevó a los animales a una muerte segura tras embaucar a su protector. Sobre el papel, la idea sonaba genial. 50 ejemplares limpiarían el monte para reducir el riesgo de incendios en el Desert de les Palmes de Castellón. Pero el encomiable proyecto escondía una auténtica chapuza. La Generalitat tomó los animales de un cuidador altruista -que estaba a punto de perderlos- para enviarlos a una muerte segura.

Lo hizo sin preocuparse de si los asnos encontrarían alimento en el parque natural. Sin proporcionarles un lugar para refugiarse similar al que estaban acostumbrados. Sin profesionales que los vigilaran. Y lo que es peor: sin reaccionar cuando empezaron a morir.

El dueño de los burros se llama Juan Lebrián. No es pastor, como se le presentó inicialmente en los medios. Es simplemente un amante de los animales que aglutinó cinco decenas de burros "de pastores que habían fallecido". Los tenía todos declarados, cada uno con su correspondiente microchip. Los équidos comían el pasto que Juan les proporcionaba y contaban con un cobertizo para refugiarse durante la noche. Su vida era plácida en la parcela del Grao de Castellón en la que se encontraban.

Pero a Juan le surgió un problema administrativo. Según relató él mismo a EL ESPAÑOL, la Generalitat Valenciana, al tramitar el preceptivo Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), tan solo se lo concedía para 20 animales. "Me los iban a quitar", aseguró el protector de los burros. Sin embargo, la propia administración autonómica, en concreto el mencionado director del parque natural del Desert de les Palmes, Antonio García, le ofreció una alternativa.

"Vino él a buscarme", aseguró. La solución era perfecta. Sus animales no solo estarían a salvo, sino que contribuirían al cuidado del paisaje en el marco de una iniciativa de la propia administración pública. "Pedimos los permisos a Valencia y nos los concedieron", detalló. Pero tanto el hombre altruista como los asnos estaban siendo víctimas de una ocurrencia que tendría un desenlace fatal.

Fuentes de la junta rectora del Desert de les Palmes relatan que Antonio García acudió al organismo con el proyecto completamente definido. Fue el pasado mes de julio. Expuso a los presentes que contaba ya con el visto bueno de la Conselleria de Agricultura para poner en marcha un programa que tendría una triple función: proporcionar un entorno a unos animales desahuciados, preservar el medio natural y, en el ámbito social, compensar al protector de los animales, que los había atendido de forma desinteresada con su pensión por discapacidad.

Algunos de los burros antiincendios. RADIO CASTELLÓN

Apenas hubo objeciones, pues el máximo responsable del espacio natural decía contar con el visto bueno de la administración autonómica. Pero el proyecto estaba viciado de origen. En lugar de seleccionar la especie más adecuada para desempeñar esa función, lo que se hizo fue forzar la introducción de unos animales concretos, los burros domesticados de Juan Lebrián, en un entorno nada propicio para sus necesidades.

En la práctica, el plan antiincendios consistió en soltar los animales en una extensión de propiedad privada situada en el parque natural, delimitada por lo que se denomina un 'pastor eléctrico' -un cercado electrificado-. El propio Lebrián, "sin cobrar ningún sueldo", según aseguró, se siguió encargando de ellos. "Día sí, día no, subía a echarles agua", afirmó. Fuentes conocedoras del proceso precisaron que el propio García le acompañaba en esta tarea.

Pero pronto empezaron a saltar las alarmas. Primero fue una vecina quien alertó a través de Twitter de que había observado animales desnutridos en la zona -aunque la consellería indicó después que la imagen difundida no era de un burro del equipo antiincendios-. Después lo haría el grupo ecologista Gecén en una denuncia recogida por Radio Castellón. Su tesis es sencilla: "los animales mueren por falta de adaptación al medio". 

Las denuncias pusieron sobre aviso a la Generalitat Valenciana. En un primer momento restó importancia al asunto. Se limitó a informar de que había cancelado el plan, sin reconocer que ya habían muerto animales. Según argumenta la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, dirigida por Mireia Mollà (Compromís), la primera comunicación del parque a los órganos superiores informando de lo ocurrido se produce el 22 de septiembre, cuando ya han fallecido ocho burros, cifra que el 8 de octubre ascendió a diez (uno de cada cinco).

Al descubrir el trágico resultado de lo que pretendía ser un amable proyecto para la protección del medio ambiente a través de la introducción de fauna, Agricultura se apresuró a depurar responsabilidades. La primera en adoptarse fue una política. Consistió en el cese de Benjamín Pérez, director general de Medio Natural de la Generalitat Valenciana (también de Compromís). ¿La razón? Fue el alto cargo político que estampó su firma en el proyecto impulsado por el director del parque natural, quien le dio el visto bueno de la administración autonómica a este despropósito.

Expediente al funcionario

¿Y por qué Antonio García no fue cesado? Porque se trata de un funcionario, no de un político. Sus responsabilidades deberán abordarse en el marco del expediente informativo abierto por la conselleria, que difícilmente será tan severo con él.

El desastre es innegable, pero la causa de la muerte de los burros sí es objeto de discrepancia. Para Gecén, "resulta evidente que se trata de una falta de adaptación al medio, que los animales sufrieron hambre y estrés al encontrarse sin su alimento y sin su refugio habitual". Tal circunstancia, que explicaría el aspecto desnutrido de muchos de los ejemplares, les habría llevado a huir a la desesperada del lugar, rompiendo incluso el 'pastor eléctrico' e hiriéndose en la fuga.

Pero Lebrián apuntó a una intervención humana. Defendió que el cercado electrificado fue cortado. Que arrebataron cencerros a los animales y que se encontró en el lugar el cadáver de un burro que no era suyo. Lo relacionó además con las amenazas que sufrió hace años un propietario del entorno que también tenía animales, y precisó que los burros sufrieron heridas en las patas.

En cualquier caso, el drama se habría visto sensiblemente reducido si el programa hubiera sido suspendido con las primeras muertes, no cuando ya eran cerca de una decena. La Generalitat Valenciana fue quien puso todos los hechos en conocimiento de la Guardia Civil con el objetivo de que desplegara su investigación.