Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, cobró ayudas públicas de la Administración valenciana por el alquiler de una nave abandonada que paga a su padre y que está en Morella, municipio de Castellón de donde procede la familia Puig.
Según consta en su declaración completa ante el juez, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Francis Puig reconoció que entre los gastos aportados a la Generalitat para obtener subvenciones incluyó los derivados del alquiler de esta nave.
A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Francis Puig dijo que consideró que este gasto podía incluirse en el expediente de las subvenciones a medios de comunicación que fomentan el valenciano. Puig explicó que la nave corresponde al lugar donde almacena el material de sus empresas.
La nave figura a nombre de Joaquín Puig Mestre, el padre de los Puig, y el alquiler lo abona a Comunicación dels Ports, una de las empresas bajo sospecha judicial. En total, han aparecido diez facturas por valor de 225 euros cada una.
"Joaquín Puig es mi padre y se la alquila a Comunicació dels Ports. Allí tenemos desde materiales de la radio, la televisión a archivos de revistas o equipos informáticos que están allí por si podemos utilizarlos para otra cosa", remarcó. A continuación, manifestó que las facturas corresponden al alquiler de una parte de la instalación.
El hermano de Puig declaró este lunes ante el juez encargado de investigar supuestas irregularidades en la adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat valenciana, de la catalana y del Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions entre los años 2015 y 2018.
El conglomerado de sociedades está vinculado a la familia Puig y un segundo empresario del sector de la comunicación en Castellón, Juan Enrique Adell Bover.
Este segundo empresario también figura como investigado y apuntó este miércoles ante el juez que tiene abiertas hasta siete reclamaciones de la Generalitat Valenciana por aportar gastos que no eran subvencionables. En cambio, el hermano de Puig aclaró en su declaración que no le consta ninguna reclamación a sus empresas.
Los gastos
La Fiscalía Anticorrupción se interesó por el alquiler del padre de Puig después de que la Guardia Civil incluyera estas facturas entre las que se adjuntaron para cobrar ayudas públicas por la promoción del valenciano.
Pese a que el informe policial no es concluyente, los agentes trasladaron al juez que "son numerosos los gastos que no pueden ser imputados a las subvenciones que las empresas utilizaron para justificar la obtención de fondos públicos". Entre las facturas han aparecido gastos en cosméticos, impuestos de matriculación, reparaciones de vehículos, gasóleo B o el alquiler de la nave del padre del barón socialista.
"En Valencia, incluso después de pasar los controles, nunca nos han cuestionado ninguna factura ni nos han comunicado qué facturas descartaron. Solo nos pidieron aclaraciones cuando los conceptos eran generales pero nunca nos han comunicado un proceso de reintegro", reiteró Francis Puig sobre la Generalitat Valenciana.
La Fiscalía reprochó al hermano del presidente la ambigüedad de los conceptos de muchas de las facturas analizadas. "Le pregunto porque ustedes la presentan a la Administración. Cuando presentamos a la Administración, tiene que ir lo más detallada posible. Si fuera privado, se puede componer como uno quiera, pero en este caso va a la Administración", recordó Anticorrupción.
"Nunca aportamos facturas, aportamos gastos. Y la Generalitat, de esos gastos, tiene que decidir si todos son correctos", replicó Francis Puig. Además, puntualizó que ni la propia Generalitat sabía qué gastos podían ser subvencionables.
"Los técnicos de la conselleria dudaban qué gastos podían incluirse o no, y nos decían que lo consultaban a Intervención o a la Abogacía de la Generalitat. Todos los trabajos son reales, con contenidos reales e incluso por debajo de precio de mercado", insistió Francis Puig.
"No hay fraude"
Desde la defensa de Francis Puig insisten en que en este caso no hay fraude en subvenciones porque la suma de las cuantías supuestamente irregulares percibidas por su cliente no alcanza los 120.000 euros que exige este tipo penal. Además, apuntan que aportarán toda la documentación que demostrará que tampoco hubo falsedad en las facturas y aclararán los conceptos dudosos.
El hermano de Puig ya fue sancionado por montar un cartel audiovisual y repartirse contratos de À Punt, la televisión pública valenciana. En diciembre de 2020, cuatro productoras, entre ellas la de Francis Puig, han sido sancionadas por pactar precios para repartirse adjudicaciones.
Las conversaciones intervenidas a las productoras sancionadas revelaron una profunda interconexión en la actividad de las distintas sociedades. Tanto es así que Francis Puig (Comunicacions dels Ports SA) acompañó a Juan Adell Bover al Instituto Valenciano de Finanzas para solicitar financiación.
Se trataba de un préstamo para sufragar una unidad móvil de Kriol Produccions SL, compañía de este último en la que Francis no participa. El banco público finalmente se la rechazó.