El extesorero del PSOE en Valencia intenta anular las pruebas halladas en su casa con datos del partido

La defensa de Cataluña ha denunciado que el registro de su casa de Gilet (Valencia), practicado en mayo de 2021 en el marco de la segunda fase de la operación Azud, fue ilegal y se está "imputando/referenciando un delito de cohecho, según la declaración en sede policial, sin el más mínimo fundamento indiciario, sin la más mínima intervención o participación de Cataluña en la supuesta comisión de dicho ilícito".

Por ello, ha recurrido el auto por el que la juez autorizó el registro de su casa, "una medida restrictiva fundamental de los derechos sin motivar qué indicios concretos existen para atribuir un delito de cohecho", según consta en el escrito de Cataluña, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El dirigente socialista subraya que "no tenía ningún cargo en el PSOE, ni ostentaba cargo público, y sin embargo le atribuye competencias que a posteriori, la misma resolución niega inicialmente". 

Además, se queja de que la investigación resalte "la importancia de unos supuestos regalos, en Navidad, de una escasa cuantía" y que cuando "se sabe que no tiene ni valor, ni se mencionan, como el vino Carmelo Rodero (20 euros)".

El extesorero del PSOE valenciano recuerda que el Tribunal Constitucional fijó que "no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales". Y en consecuencia, las agendas o documentación del partido intervenida "no podrá ser valorada".

El sumario del caso Azud, la macrocausa de corrupción que ha aflorado el supuesto pago de comisiones millonarias a cargos del PP y PSOE en Valencia, Cataluña habría ejercido de intermediario, poniendo en contacto al constructor valenciano Jaime María Febrer con ayuntamientos gobernados por los socialistas desde el año 2005.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) analizan toda esta documentación y aportarán sus conclusiones en un informe que entregarán los próximos meses al juzgado, según apuntaron fuentes conocedoras del caso. Así, la investigación profundizará en el papel que ha jugado Cataluña en la trama o la financiación irregular del partido si no consigue antes anular los registros.

Cataluña ejerció durante años de secretario de Finanzas del PSOE valenciano y fue vicepresidente de Bancaja. Tras el registro practicado en su casa, el PSOE anunció que le suspendía cautelarmente de militancia.

Núcleo duro

El histórico dirigente del PSOE valenciano lleva tiempo apartado de la primera línea, pero ha seguido años vinculado a la fontanería del partido y su núcleo duro, tal y como refleja la documentación intervenida en su domicilio.

La Guardia Civil halló órdenes de transferencia a la cuenta nacional del partido, contratos de empresas, anotaciones con los pagos de la campaña de 2007 o la factura de la pirotécnica que disparó el terremoto terrestre el 16 de mayo de 2015 con motivo del acto celebrado en la plaza de toros para encumbrar al entonces candidato a la Generalitat, Ximo Puig.

Factura hallada en casa de Pepe Cataluña en 2021.

Cataluña también guardaba en una habitación abundante documentación manuscrita con los gastos de la campaña de 2007 de Joan Ignasi Pla, exsecretario general de los socialistas valencianos, y el contrato de asesoría jurídica firmado en 2004 entre el partido y el despacho del que era socio el exjuez vinculado al PSOE investigado en este caso, José Luis Vera.

El objeto social del contrato era la prestación de servicios jurídicos, de defensa y representación en juicios, formación jurídica a terceros y emisión de dictámenes. El documento está firmado por Pla y Antoni Such, director general de Administración local del Gobierno de Puig.

Además, la Guardia Civil ha encontrado unas agendas en las que aparece el nombre de Febrer junto a un listado con proyectos y ciudades valencianas gobernadas históricamente por los socialistas, como Gandia.

Crespo Gomar

No es la primera vez que el nombre de Cataluña aparece vinculado a un caso de supuesta corrupción. En 2018, la investigación dirigida por un juzgado consideró acreditada la financiación ilegal del PSOE y Bloc -hoy en día Més Compromís, el partido mayoritario de la coalición-, pero los delitos electorales estaban prescritos y todas las piezas abiertas se archivaron.

El jefe del grupo de Blanqueo de Capitales concluyó en su informe que el procedimiento utilizado entre Crespo Gomar, una empresa de comunicación, los partidos y las contratistas era "idéntico" al de otras investigaciones por financiación irregular.

La documentación intervenida en ese momento recogía la instrucciones de Cataluña para que la agencia de comunicación facturara los trabajos del partido a una constructora. El socialista llegó a declarar en el Senado por estos hechos y aseguró que le resultaba "extrañísimo" esta práctica.

Al igual que ahora, los delitos electorales estaban prescritos. Pero ahora la investigación contra Cataluña en el caso Azud puede seguir adelante porque se le imputa cohecho, un delito que todavía no habría prescrito pese al paso de los años.