Ximo Puig y Mónica Oltra, en una imagen de archivo en Les Corts Valencianes. EE

Ximo Puig y Mónica Oltra, en una imagen de archivo en Les Corts Valencianes. EE

Comunitat Valenciana POLÍTICA

La ley deja claro que Oltra cobra el paro gracias a que le arreglaron un "cese involuntario" tras dimitir

La denuncia por prevaricación y malversación en el cese de la dirigente se acoge al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

27 diciembre, 2022 21:20
Valencia

El diputado no adscrito de Les Corts Valencianes Vicente Fernández, precisó este martes el texto legal al que se acoge su denuncia contra Ximo Puig y Mónica Oltra por prevaricación y malversación en el cese de esta última como vicepresidenta y consellera de la Generalitat Valenciana. Se trata del Real Decreto Ley 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

El texto legal recoge con claridad que solo un "cese involuntario" como el que la administración autonómica le arregló a la líder de Compromís -pese a su marcha voluntaria- permite a los altos cargos de la administración pública acceder a la prestación por desempleo. Y así, con esa expresión, fue formalizada textualmente la dimisión de Oltra, tal y como recogió el certificado de la Generalitat que la exdirigente aportó al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE-revelado el pasado sábado por EL ESPAÑOL-.

Fernández ahondó en el contenido de su denuncia en una nota de prensa enviada para valorar la información ofrecida por este periódico. En concreto, explicó que el artículo 264.1, letra F, de la mencionada ley establece que los altos cargos de las Administraciones públicas tienen derecho a prestación por desempleo en las mismas condiciones previstas para los trabajadores por cuenta ajena.

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En efecto, el texto legal, cotejado por este medio, refiere, en particular, a "los altos cargos de las Administraciones públicas con dedicación exclusiva que sean retribuidos por ello y no sean funcionarios públicos". Y a ellos les brinda "las condiciones previstas en este título para los trabajadores por cuenta ajena, salvo que tengan derecho a percibir retribuciones, indemnizaciones o cualquier otro tipo de prestación compensatoria como consecuencia de su cese".

A continuación, el artículo 267.1, también letra F, dispone sin lugar a equívoco que solo estarán en situación legal de desempleo aquellos altos cargos en los que su cese se produzca con carácter involuntario.

Expresión exacta

Textualmente, explica que solo ocurrirá "cuando, en los supuestos previstos en los párrafos E y F del artículo 264.1, se produzca el cese involuntario y con carácter definitivo en los correspondientes cargos o cuando, aun manteniendo el cargo, se pierda con carácter involuntario y definitivo la dedicación exclusiva o parcial". Y esa fue la expresión exacta que recogió el certificado aportado por Oltra al SEPE: "cese involuntario y con carácter definitivo".

Por último, el artículo 267.2, letra A, aclara en la misma línea que "no se considerará en situación legal de desempleo" a los trabajadores "cuando cesen voluntariamente en el trabajo", tal y como realmente sucedió en el caso de Mónica Oltra. La vicepresidenta valenciana anunció públicamente su dimisión el pasado mes de junio tras ser imputada por la presunta mala praxis de su departamento ante los abusos sexuales a una menor tutelada cometidos por su exmarido, que era educador en el centro donde vivía la víctima.

Los tres mencionados artículos del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social son la base legal en la que Vicente Fernández fundamenta su denuncia por prevaricación y malversación contra Ximo Puig y Mónica Oltra.

Según consideró el diputado en su comunicado, "ya no hay margen posible al error" tras conocerse que en el certificado la dimisión consta como "cese involuntario". "Ximo Puig y algún otro alto funcionario se mojaron para que Oltra se lucrara con una prestación por desempleo que no le tocaba cobrar", denunció en primer lugar.

A su juicio, "Puig omitió en el decreto de cese que había dimitido, y esto se podría intentar hacer pasar por error o por una casualidad". "Pero si en el certificado de empresa se dice que el cese era involuntario, ya no hay casualidad posible, sino causalidad", reflexiona.

Vicente Fernández, en Les Corts Valencianes. EE

Vicente Fernández, en Les Corts Valencianes. EE

Según Fernández, "la normativa legal exige, para que un alto cargo pueda cobrar el paro, que su cese revista el carácter de involuntario". "Por tanto, si dimitió, ese cese es realmente voluntario y no da derecho a tener prestación por desempleo.

Preguntado sobre si va a ampliar su denuncia para que se tenga en cuenta el certificado aportado al SEPE por parte de Mónica Oltra, Fernández manifestó que "no será necesario", puesto que ya apeló a ese documento antes de conocer su contenido.

En concreto, el diputado, tanto en el juzgado como en una petición de documentación en Les Corts Valencianes, solicitó el análisis de "la copia integra de toda la documentación que se haya entregado a Doña Mónica Oltra Jarque, con ocasión de la finalización de los servicios prestados para el Consell, incluido certificado de empresa, sea quien sea el órgano emisor (la Generalitat Valenciana, Presidencia, Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas o el propio Consell), así como el resguardo remitido al SEPE a través de la plataforma 'Contrat@'".

El SEPE no se moja

Fuentes de la dirección provincial del SEPE en Valencia precisaron a EL ESPAÑOL que el certificado aportado por Mónica Oltra aparecía firmado por "la Secretaría General Administrativa", sin especificar quién lo firmaba. La lógica invita a pensar que se trata de un área de Presidencia de la Generalitat Valenciana, pues es el presidente Ximo Puig quien nombra y cesa a todos los altos cargos.

Pero Presidencia, preguntada al respecto, apuntó que existe una Secretaría General Administrativa por cada conselleria, y ni confirmó ni desmintió que el certificado de Mónica Oltra haya salido de la suya. Tampoco lo precisaron fuentes de Vicepresidencia, el departamento que ocupaba la propia cesada.

La Generalitat defiende, desde que estalló la polémica, que el SEPE no hace distingos entre los diferentes tipos de cese de altos cargos, que otorga a todos los ceses la misma consideración. En tal caso, se trataría de un privilegio para dirigentes políticos de la administración pública, ya que en absoluto ocurre así para el común de los asalariados, que solo cobran cuando se produce un despido.

Pero el SEPE, ante las preguntas de EL ESPAÑOL, evitó confirmar la premisa del Gobierno valenciano. "No nos corresponde entrar a valorar qué habría ocurrido si hubiera venido con un certificado donde apareciera su cese como voluntario", indicaron.

"Tampoco sabemos si existen precedentes de ese escenario, de un alto cargo que haya acudido a cobrar la prestación con un cese voluntario. Lo que podemos decir es que el cese presentado por Mónica Oltra era correcto y que se ajustaba a las condiciones para recibir la prestación por desempleo", concluyó el organismo.