Militantes socialistas asisten a un mitin del PSOE organizado en la plaza de Toros de Valencia.

Militantes socialistas asisten a un mitin del PSOE organizado en la plaza de Toros de Valencia.

Comunitat Valenciana CASO AZUD

Un trabajador del PSOE valenciano revela por primera vez que el partido se financió de forma ilegal

Francisco Martínez señala al extesorero del PSPV-PSOE: "Sabía que las campañas no las pagaría el partido".

28 diciembre, 2022 00:51
Valencia

Un trabajador del PSOE de Valencia ha confirmado ante la Guardia Civil y el juzgado del caso Azud la supuesta financiación irregular de las campañas en esta comunidad autónoma al menos entre los años 2007 y 2008.

Francisco Martínez, gerente del PSPV-PSOE durante los comicios bajo sospecha, ha señalado al histórico tesorero socialista y exvicepresidente de Bancaja, José María Cataluña, como el responsable de la caja B que durante años manejaron los socialistas valencianos con el dinero procedente de grandes empresas.

El trabajador ha admitido que Cataluña "contrató a los proveedores para las campañas del 2007 tanto municipales como autonómicas, porque tenía la capacidad para poder hacerlo". En este sentido, indicó que el extesorero sabía que los trabajos de las campañas "no los iba a pagar el partido, sino cualquier otra empresa".

Martínez detalló a los investigadores que desconocía la existencia de donaciones ilegales por parte de empresas y se enteró "cuando uno de estos proveedores le reclama que se les pague". A partir de ahí, se puso en contacto con Cataluña y algunos de los empresarios "se dirigieron a este directamente".

No obstante, ha admitido haber recibido "instrucciones de Cataluña en el sentido de que emitiesen las facturas a nombre" de constructoras. Una de ellas es Gigante, con sede en Tomelloso (Ciudad Real).

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Así consta en la pieza separada del caso Azud, la investigación que ha sacado a la luz 20 años de pillaje del PP y PSOE en Valencia, que investiga la supuesta financiación irregular del PSOE y cuyo secreto de sumario se alzó la semana pasada.

La declaración del antiguo gerente, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, supone un duro revés para el PSOE, al revelar por primera vez un trabajador el sistema de financiación fraudulento. El caso estalla cuando apenas quedan cinco meses para las elecciones autonómicas y después de que el presidente Ximo Puig negara las acusaciones en público hace pocos días. 

El extesorero del PSOE en Valencia, José María Cataluña, acude al juzgado para declarar.

El extesorero del PSOE en Valencia, José María Cataluña, acude al juzgado para declarar. EFE

Implicado un diputado

Francisco Martínez, que según diversas fuentes socialistas llegó a acumular muchísima influencia en el PSOE de Valencia hasta el año 2008, precisó a la Guardia Civil que Cataluña manejaba a su antojo las cuentas aunque no ocupaba ningún cargo orgánico en el partido.

Cataluña siguió recaudando y trabajando en la red pese a que en 2004 dejó sus cargos para pasar a ocupar la vicepresidencia de Bancaja a propuesta del PSOE. "Siguió asesorando a la Ejecutiva del partido y al secretario de Organización" Vicent Sarrià, en la actualidad diputado del PSOE por Valencia en el Congreso.

En en el año 2000, "el secretario general era Joan Ignasi Pla, el de Administración era José María Cataluña y el secretario de Organización Vicent Sarrià". Según este testigo, el actual diputado en el Congreso asumió las funciones del tesorero hasta octubre de 2007, fecha en el que el PSOE valenciano se sumergió en una crisis de liderazgo tras perder las elecciones, lo que llevó a Ferraz a montar una gestora.

En 2008 se celebró un congreso y se nombró como secretario general a Jorge Alarte, en la actualidad alto cargo del Gobierno de Puig. "Esa Ejecutiva dura hasta febrero de 2012, cuando tiene lugar otro congreso en el que se elige como secretario general a Ximo Puig".

Martínez declaró a los agentes que fue nombrado administrador de las campañas de 2007 y 2008 junto a otros miembros de la formación, y que en 2011 renunció a seguir como administrador de la campaña de Jorge Alarte al sospechar que el partido se seguía financiando de manera irregular.

"En el año 2011 no se sentía cómodo porque consideró que el presupuesto planteado inicialmente era superior al techo de gasto y que ese fue el motivo de su renuncia. Si bien posteriormente este presupuesto se ajustó. Que en el año 2007 el presupuesto se ajustó al techo de gasto, pero en el año 2011 le surgieron dudas y esto fue lo que le hizo renunciar", recoge su declaración.

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A continuación, Martínez matizó que "aproximadamente la mitad de la campaña" de 2007 "fue contratada directamente por Ferraz (vallas, cartelería, anuncios en prensa...)". Con la otra mitad aproximada del presupuesto, "se contrataba refuerzo de lo anterior, pero que no recuerda en este caso concreto qué empresas se contrataron".

Pagos a Unión Valenciana

A partir de este momento es cuando el trabajador del PSOE confirma las sospechas de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Preguntado si considera que en la campaña de 2007 "se produjo algún extremo fuera de lo normal", responde que "sí".

"Se produjeron algunas contrataciones por parte de José María Cataluña para estas campañas que no fueron abonadas por el partido, sino por una empresa que se llamaba Gigante", explicó.

El exgerente puntualizó que "una empresa denominada Key hizo un mailing de refuerzo" para Unión Valenciana -partido que acabó integrado en el PP-, "contratado por Cataluña".

La empresa se puso en contacto porque quería cobrar y "el declarante era consciente de que este encargo se había efectuado desde el partido" y que "necesariamente tuvo que participar alguien de Unión Valenciana, dado que es imposible que se materialice sin el conocimiento y participación de este partido".

La maniobra perseguía robar votos al PP para que el PSOE gobernara, pero Joan Ignasi Pla obtuvo unos resultados desastrosos para los socialistas.

Según el testimonio de Francisco Martínez, el sistema de financiación se repitió en la candidatura de 2007 de la exministra Carmen Alborch al Ayuntamiento de Valencia. "Cataluña no solo pudo haber contratado para la Ejecutiva nacional, sino que pudo hacerlo en relación a otros municipios", manifestó a la Guardia Civil.