Ximo Puig aprueba una Ley Animal más dura que la nacional que sí protege a los perros de caza

El pleno de Les Corts Valencianes aprobó este jueves a la Ley de Bienestar Animal de la Comunidad Valenciana con los votos a favor de los partidos que sustentan el Gobierno de Ximo Puig (PSOE, Compromís y Podemos) y la oposición de PP, Ciudadanos y Vox. El texto se adelanta a la inminente normativa estatal con una legislación más restrictiva en lo que respecta a los perros de caza. A diferencia de la nacional, en la autonómica sí quedarán protegidos por la regulación, aunque con algunas salvedades.

Pese a la oposición inicial de Compromís y Podemos, ambas formaciones accedieron finalmente a no considerar como maltrato las lesiones que sufran los animales de compañía que realizan tareas específicas en el ejercicio de sus funciones, tales como los perros de caza, los guía o los de rescate. 

Pero sí pasan a ser considerados estos perros como animales de compañía, y tendrán los mismos derechos que el resto de las mascotas cuando no ejerzan su actividad específica. Así lo celebró este jueves la directora de Anima Naturalis en España, Aïda Gascón, que subrayó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la nueva ley valenciana representa "un paso adelante" y sitúa a autonomía "al nivel de las más avanzadas en materia de protección animal".

[Ximo Puig acusa a Podemos de "caricaturizar al empresario como el ricachón del Monopoly"]

En cambio, la presidenta de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, Lorena Martínez, advirtió de que la ley no les genera "seguridad total" porque "se tendrán que modificar muchos artículos cuando se apruebe la nacional". Pese a ello, sí agradeció que finalmente se haya aceptado la excepción de no considerar maltrato las lesiones que sufran los perros durante la caza.

La nueva ley valenciana sustituye a un texto anterior que tenía ya casi 30 años. Entre las novedades más significativas, se impondrán sanciones de hasta 45.000 euros a los casos maltrato más graves y se perseguirá la venta y cría de animales de compañía, algo que quedará limitado a profesionales autorizados.

Esta ley persigue el "sacrificio cero" de animales y los considera como "seres sintientes" y no simples mascotas. Para ello se prioriza la adopción y se obliga el registro y la identificación de los animales domésticos, con un plazo de seis meses para que los propietarios los inscriban en un registro supramunicipal.

Las sanciones se gradúan en función de los casos leves de maltrato -de cien a 3.000 euros-, como no atender correctamente a los animales, no identificarlos o no retirar los excrementos, o los muy graves -hasta 45.000 euros, con posibilidad de decomisar los animales- como sacrificarlos, maltratarlos o explotarlos.

Sin sacrificio

En general, se prohíbe el sacrificio, salvo en los supuestos previstos, así como el maltrato, mantener a los animales atados permanentemente, suministrarles drogas sin supervisión veterinaria, no darles comida o agua suficiente, criarlos o venderlos sin licencia, dejarlos en coches sin supervisión o adiestrarlos para peleas.

La norma especifica que los collares de estrangulamiento con púas o eléctricos solo los podrán utilizar profesionales y prevé la creación de un registro de personas y entidades inhabilitadas que hayan cometido infracciones o delitos de maltrato hacia los animales.

Además, quedan prohibidas determinadas actividades deportivas que suponen un trato cruel hacia los animales, así como los espectáculos circenses itinerantes con cualquier tipo de especie y no solo las salvajes. Cabe recordar que los festejos taurinos se regulan por su propia normativa.

Otras medidas incluidas son la identificación de los gatos y su gestión integral ética para la protección de las colonias felinas y control poblacional o la esterilización como medio prioritario para el control poblacional de los animales de compañía.

Perras y gatas

Se regulan así las reproducciones de perras y gatas, que deberán tener como mínimo un año de edad antes de ser utilizadas para ello y no podrán superar los ocho año, estableciéndose un periodo entre partos de 12 meses.

Otras medidas son una regulación más exhaustiva de la implantación del chip identificativo o la creación de un consejo asesor y consultivo en materia de protección de animales de compañía, con representantes de veterinarios, cuerpos de seguridad y entidades asociativas.

Como consellera de Agricultura, Isaura Navarro, celebró la aprobación de la ley. "Damos un paso más hacia una sociedad más avanzada y respetuosa que garantiza los derechos de los animales y nos convierte en una Comunitat más justa, moderna y, sobre todo, protectora", dijo.

En un comunicado, defendió que el marco jurídico es necesario para garantizar una responsabilidad legal de convivencia y cuidado "acompañada siempre del respeto y la atención constante de los humanos". El objetivo, destacó, no es otro que garantizar en todo momento los derechos de los animales, acabar con todas las conductas de maltrato y abandono y conseguir el "sacrificio cero".