Los 10 distritos de Madrid y los 10 municipios que Ayuso 'confinará' primero si aplica la norma europea

La cuenta atrás ha comenzado. La situación epidemiológica que se vive en la Comunidad de Madrid vuelve a ocupar todas las miradas y ya no sólo las nacionales, sino de toda Europa. La incidencia acumulada de casos en los últimos 14 días ha hecho saltar todas las alarmas. Tanto, que el viceconsejero de Salud Pública madrileño ya ha anunciado lo que está por venir: restricciones de movilidad y confinamientos selectivos.

Pero, ¿dónde? EL ESPAÑOL recopila los 10 distritos de Madrid capital y los 10 municipios de la Comunidad que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, limitará en primer término si aplica el baremo europeo. La decisión afectaría a 2.778.240 ciudadanos, que están oficialmente empadronados en ellos.

El criterio establecido por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades -el organismo comunitario al cargo- sitúa el umbral de “alto riesgo” en una incidencia acumulada igual o superior a los 120 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días. Madrid ya va mucho más allá: prácticamente el total de las localidades de toda la comunidad lo duplica y no quedan apenas barrios en la capital que no lo superen de largo.

Distritos obreros

Para muestra, un botón: con datos oficiales de la Consejería de Sanidad a 15 de septiembre, el distrito de Puente de Vallecas acumula 1.240 casos. Son diez veces más de lo que la Unión Europea considera de alto riesgo. No es el único. Villaverde y Usera andan con cifras similares: 1.157 y 1.155 positivos, respectivamente.

Le siguen Carabanchel -884 casos por 100.000 habitantes-, Ciudad Lineal -876- y San Blas -751-. Nada lejos se encuentran el distrito Centro -750-, Villa de Vallecas -696-, Barajas -659- y Tetuán -659-.

Así, todos superan la tasa europea en más de cinco veces. Todos son, además, barrios tradicionalmente obreros, con una población trabajadora en situación frágil y que depende del transporte público, mayoritariamente, para poder desplazarse. En total, si estos 10 distritos fueran confinados, la medida repercutiría en más de 1.645.672 habitantes censados.

Un millón de afectados en los municipios

Pero fuera de la capital el panorama no es mucho mejor. La situación está algo más descargada, especialmente en los municipios limítrofes con otras comunidades autónomas, aunque son los menos. En Humanes, por ejemplo, a media hora en coche de la Puerta del Sol, hay ocho veces más casos de lo considerado “alto riesgo”: 1.058 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Le sigue en este top 10 negro Parla -con 992 casos-, Alcobendas -827-, Fuenlabrada -811-, Galapagar -702- y Collado Villalba -659-, todos ellos en el círculo exterior de la capital. En números muy similares anda Torrejón -659-.

Por más de cinco veces supera San Sebastián de los Reyes lo que, en términos europeos, es altamente arriesgado. Son 629 positivos por cada 100.000 ciudadanos. Una cifra nada alejada de lo que se vive Getafe -618- y Alcorcón -578-.

En total, en esta decena de municipios viven, según el censo de 2019, más de un millón de ciudadanos. En concreto, 1.132.568.

Las medidas, el viernes

Hay quien se puede preguntar si existen otros criterios epidemiológicos. Y, en efecto, es así. Sin embargo, fuentes de la Consejería de Sanidad indican a EL ESPAÑOL que, efectivamente, la incidencia acumulada será el factor determinante para tomar cualquier decisión. La motivación es clara: intentar que los barrios -o los municipios, en menor escala- sean burbuja.

El motivo determinante, apuntan, es la falta de cumplimiento estricto de las cuarentenas. Podrían tenerse en cuenta otros indicadores, como la tasa de positividad, aunque en esta ocasión el Gobierno de Ayuso optará por esta.

Desde el entorno de la presidenta deslizan en conversación con este periódico que las medidas, que están aún “estudiándose y viendo cómo desarrollarlas”, se anunciarán el viernes, “seguramente”. Y la normativa se publicaría, en ese caso, el lunes 21 de septiembre.

Otra medida que está sobre la mesa es la reapertura del Hospital del Ifema ante el aumento de contagios en la región y el incremento de la presión hospitalaria con 2.761 ingresados en el hospital por coronavirus, según el informe que publica este miércoles la Consejería de Sanidad madrileña.

De todos modos, fuentes del Gobierno madrileño afirman a EL ESPAÑOL que “no va a haber confinamiento en domicilio porque las CCAA no tienen herramientas para hacerlo debido a que el Gobierno de España no emprendió las reformas legales que le pidió el PP”. “Lo que la Comunidad se plantea son restricciones selectivas del movimiento de las persona”. En la misma línea se ha manifestado el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, en diferentes entrevistas radiofónicas, que ha incidido en que en absoluto cabe hablar de confinamientos.

Según deslizó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a finales del mes de agosto, está dentro de la mano de las autonomías el poder solicitar un estado de alarma para su territorio, pero que requeriría ir al Congreso a solicitarlo y que se aprobase. Sería necesaria una mayoría parlamentaria, pero Sánchez adujo que, quien lo pidiese, iría de su mano: le ofrecería el apoyo de su grupo parlamentario.

Estado de alarma... o no

El solicitar, o no, el estado de alarma aún no se descarta. El Gobierno madrileño está estudiando cómo articular su intención, que no deja de ser la limitación de los contactos sociales. Otros municipios, como Aranda de Duero, lo llevaron a cabo sin necesidad de recurrir a esta herramienta constitucional.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico aducen que, independientemente, “nuestro ordenamiento jurídico no estaba preparado para hacer frente a esta pandemia”. “Las leyes sanitarias están diseñadas para actuaciones localizadas, individualizadas y de respuesta rápida, pero no para un confinamiento generalizado de la población como el que se pretende hacer en varios barrios enteros de Madrid”.

“Las leyes sanitarias (ley de medidas especiales de 1986), tienen por objeto “medidas individuales” en la lucha contra la pandemia (cierres de instalaciones, inmovilizaciones, suspensión de actividades, aislamientos de personas concretas infectadas ..)”, explican. “De ahí que se sujeten a autorización previa o a ratificación judiciales en la medida en que inciden sobre los derechos fundamentales”.

Por el contrario, comentan estas voces autorizadas, quedan fuera de su ámbito “las que se dirigen a una pluralidad indeterminada de personas (un barrio, un municipio, una comarca, una provincia...)”. “Estas sólo pueden ser adoptadas al amparo del estado de alarma”.

Así, las comunidades autónomas no pueden, por tanto, confinar “a un grupo indeterminado de personas limitando la libertad de circulación (además, a la pérdida de movilidad se le unirán la privación de otros muchos derechos fundamentales por efecto dominó)”. “Esa operación tan sólo puede autorizarla la declaración de alarma (con sus garantías), acción ésta que puede producirse con la misma celeridad que la de cualquier otro Ejecutivo, sin menoscabo de la protección de la vida y la salud”.

“Sostener sin más que las leyes sanitarias dan cobertura a cualquier de limitación de los derechos fundamentales y libertades públicas por la sencilla razón de que autorizan a las Administraciones a “adoptar cuantas medidas sean necesarias” es algo que no se admite por la Constitución porque no satisface las mínimas exigencias del principio de legalidad y de la reserva de ley”.