El TSJ obliga al Gobierno de Murcia a expedientar a ocho explotaciones que contaminan el Mar Menor

La crisis ambiental del Mar Menor sigue desgastando al Gobierno regional que lidera el PP. El 10 de marzo, el día en el que se cumplía un año de la presentación de la moción de censura de PSOE y Cs, va camino de convertirse en poco menos que una maldición para los populares, valga como ejemplo lo sucedido este '10-M' que ha deparado otro disgusto en forma de sentencia.

El Tribunal Superior de Justicia ha asestado un varapalo a la Consejería de Agricultura, Agua, y Medio Ambiente, al obligarla a sancionar a ocho explotaciones agrícolas por vertidos a la albufera. De esta forma, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ se posiciona del lado de la Fiscalía que el 13 de mayo de 2020 pidió abrir expediente de responsabilidad medioambiental contra ocho operadores. Todos ellos estaban en el Campo de Cartagena y contaminaban el Mar Menor.

Por aquel entonces, la Consejería que dirige Antonio Luengo designó un instructor que estimó que la Dirección General de Medio Ambiente era la competente para iniciar ese expediente sancionador. Sin embargo, el 18 de marzo de 2021, diez meses después del requerimiento de la Fiscalía, el criterio cambió, y el instructor archivó las actuaciones argumentando que la Comunidad Autónoma no era competente para ello.

Para más señas, se consideró que las competencias para actuar correspondían a la Confederación Hidrográfica del Segura. De modo que el Ministerio Fiscal presentó ante el TSJ un recurso contencioso administrativo para que se iniciase un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental contra determinadas empresas y personas físicas que estaban vertiendo al Mar Menor. Tales vertidos llegaban de forma superficial o subterránea, a través de actividades agrícolas que generaban nutrientes y salmuera de agua extraída de acuíferos.

El Tribunal Superior de Justicia argumenta que la cuestión de fondo que debía resolver la Sala, consistía en determinar la administración competente para tramitar y resolver el citado procedimiento. Es decir, aclarar de quién son las competencias y el fallo considera que la responsabilidad de esos expedientes a mercantiles agrícolas le pertenece a la Consejería de Agricultura, Agua, y Medio Ambiente.

"En el supuesto que analizamos, la cuestión se centra en la responsabilidad medioambiental por vertidos al Mar Menor, por lo que la competencia para exigirla es de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la coordinación que deba existir entre las distintas Administraciones", tal y como argumenta el fallo. De hecho, el TSJ le recuerda a la Consejería que la Confederación Hidrográfica del Segura solo tiene competencias en el dominio público hidráulico.

El consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo. Carm

La sentencia pone de manifiesto la crisis ambiental que padece el ecosistema de la albufera, al recordar literalmente "el grave estado de deterioro que presenta el Mar Menor". También propina un tirón de orejas al Gobierno regional, al remarcar que sus competencias están claramente definidas en la ley de recuperación y protección del Mar Menor. Tal norma salió adelante en la Asamblea Regional con los votos a favor del PP, por lo que en la Consejería se la conocen al dedillo. Por todo ello, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ordena al órgano competente de la Comunidad Autónoma, esto es, a la Consejería, a que inicie un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental por vertidos al Mar Menor contra ocho empresarios dedicados a la agricultura, "con adopción, en su caso, de las medidas provisionales y resolución definitiva que proceda".

No recurrirán el fallo

Un portavoz del departamento de Antonio Luengo avanza que la Consejería acatará el fallo, a pesar de que admite recurso de casación. "La Comunidad Autónoma iniciará de inmediato los expedientes de responsabilidad medioambiental contra ocho empresas y personas físicas por contaminación del Mar Menor tal y como indica la sentencia del TSJ", según confirma el citado portavoz.

"La Dirección General de Medio Ambiente ya trabaja en el inicio del expediente de responsabilidad medioambiental para aplicar los mismos términos que dicta la sentencia (posibles daños ocasionados únicamente al Mar Menor)".

Desde la Consejería recuerdan que en todo momento se siguieron los criterios que estableció el instructor de los expedientes solicitados por la Fiscalía. En primera instancia, el funcionario público estimó que la Dirección General de Medio Ambiente era la administración competente para iniciar ese expediente de responsabilidad medioambiental, pero posteriormente, optó por una propuesta de archivo de las actuaciones determinando que el Gobierno regional no era competente.

"La Comunidad tuvo que acatar el cambio de criterio del instructor, para no incurrir en un delito de prevaricación", argumenta este portavoz de Agricultura, Agua, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. "En ningún momento ha habido decisiones políticas, ni cuando se comenzó a tramitar el expediente, ni cuando luego el instructor dijo que no, ambas fueron decisiones de un instructor jurídico y como tal se actuó".

Piden la dimisión de Luengo

Las explicaciones de la Consejería no han apaciguado las críticas de la oposición al consejero Antonio Luengo. De hecho, la portavoz de Podemos, María Marín, ha exigido su dimisión vía Twitter: "Acabamos de conocer la sentencia del Tribunal Supremo en la que responsabiliza a la Comunidad Autónoma, y no al Estado, de no perseguir los vertidos al Mar Menor. Llevan 2 años sin exigir reparación alguna a empresas que han matado el Mar Menor ¡El consejero Luengo debe dimitir!"

Por su parte, el secretario de Transición Ecológica del PSOE, Mario Cervera, ha reflexionado que "una vez más, queda demostrado que el Gobierno regional ha amparado a quienes no cumplían la ley y contaminaban el Mar Menor, mientras el Gobierno de López Miras sigue mirando a otro lado, el Gobierno de España trabaja para recuperar el Mar Menor".