Un juez de Huelva procesa a siete cargos de la Junta por los cursos de formación

Cinco días después de que el Tribunal de Cuentas desactivara el caso de los fondos de formación en Andalucía al apreciar que no hay menoscabo de fondos públicos ni delito contable, el caso sufre un nuevo giro. El juzgado de Instrucción número 5 de Huelva ha acordado continuar la tramitación de la causa que sigue contra responsables del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva. Así, acaba de procesar al exdelegado de Empleo en esta provincia y exdirector del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Eduardo Muñoz, junto con otros seis altos cargos y técnicos, precisamente, por permitir que "se dilapide y se malgaste" el dinero público.

El auto de este juzgado llega justo después de varios reveses consecutivos a este caso y tras filtrarse que se prevé para septiembre que la responsable de esta macrocausa, la juez de instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, dicte su auto por el que archiva la pieza política del caso. Esta pieza afecta a una veintena de exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas.

Los indicios de prevaricación

El titular de este juzgado onubense, Javier Romero, ha considerado que sí hay indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la tramitación de las ayudas para los cursos de formación, por lo que afirma que deben seguir los trámites del procedimiento abreviado contra estas siete personas. Según recoge el auto, hay indicios en la actuación del personal de la Delegación de Empleo de Huelva, "que ha permitido, por acción u omisión, que se dilapide y se malgaste el dinero público destinado a la formación, principalmente, de personas desempleadas".

Tras este auto, como aclara el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se le dará traslado al Ministerio fiscal y a las acusaciones particulares para que en el plazo diez días formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral en la forma prescrita por la Ley o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de las diligencias complementarias.

Detenidos en marzo

Los ahora procesados fueron detenidos el pasado mes de marzo después de la investigación sobre el destino de 12 millones en subvenciones aprobadas en el año 2011 para 129 entidades, lo que provocó una nueva fase de la que se llamó Operación Edu. El resultado de estas pesquisas fue, según los investigadores de la Policía, que los detenidos podrían haber cometido irregularidades vinculadas a la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El juez ordenó a la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) realizar un informe de la situación patrimonial de los investigados.

El auto de este juzgado onubense llega justo después de varios varapalos a esta macrocausa. No sólo está el acta de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas (está aún pendiente de la conformidad por parte de la consejera de Cuentas a la que por turno le corresponde el caso), hace tan sólo veinte días la Fiscalía Anticorrupción determinó que no apreciaba delito alguno en las denominadas resoluciones de exoneración o exceptuación de los cursos de formación.

A esto se suma que en junio hubo el primer archivo sobre una causa global en una provincia. El juzgado de instrucción número 4 de Jaén archivaba la investigación se seguía contra la exdirectora provincial del SAE y otros catorce técnicos, jefes de servicio y jefes de departamento por no haberse encontrado "irregularidad alguna” en el control que la administración realiza de la ejecución de los cursos que subvenciona y porque tampoco se ven indicios de malversación de fondos públicos.

Una "gran farsa” o un "batacazo”

Desde el Gobierno andaluz se ha mostrado respeto a la decisión del juzgado de Huelva, pero también se han repasado los últimos hitos de una causa con la que les viene atacando el PP desde hace más de dos años. Lejos de ver la decisión de este juzgado de Huelva como una piedra en el camino, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Vázquez, ha insistido en que todo apunta a que la "gran farsa” del PP se está desmantelando y ha lamentado a que se "agarre a castillos en el aire” para mantener un "escándalo falso”. Ha criticado a los populares por el daño que ha supuesto no sólo para cargos públicos y funcionarios, sino también a empresas y empresarios del sector de la formación.

En cambio, para el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, el auto de este juzgado onubense no es más que una prueba de que la Junta de Andalucía "se ha precipitado y ha interpretado como una exculpación” los resultados del informe  Tribunal de Cuentas, del que ha recordado "es un borrador y no definitivo”. "Ha querido tapar el escándalo demasiado pronto y se ha pegado un batacazo porque los jueces siguen actuando”, ha afirmado, a la vez que se ha referido al trabajo que siguen haciendo los magistrados en esta materia, donde "siguen investigando a representantes y cargos públicos relacionados con el escándalo de la formación”, según recoge Europa Press.