La decisión de implicar al comité ejecutivo nacional del PP en la aceptación de las seis condiciones fijadas por Ciudadanos para negociar la investidura ha sido vista como un mero gesto táctico del presidente. Pero la politóloga Berta Barbet evocaba ayer en Twitter que delegar decisiones críticas en órganos colegiados es “herestética pura”, un término desconocido para el gran público.
Esta cosa tan de moda de delegar las decisiones comprometedoras a órganos colegiados de partido es herestetica pura https://t.co/B2lrxOj4d5
— Berta Barbet (@bpberta) 10 de agosto de 2016
La herestética, según la concibió William Riker (1920-1993), es la manipulación del marco tanto objetivo como subjetivo en el que se toman las decisiones. El profesor Riker explicaba que la Lógica tiene que ver con la validez de las proposiciones, la Gramática con su apego a las reglas de la comunicación, la Retórica con su valor persuasivo y la Herestética con su valor estratégico. Validez, comunicación, persuasión y… manipulación.
El comité ejecutivo del PP es conocido informalmente como 'aquella reunión donde nadie habla'
Todos los que hemos sido jefes y subordinados sabemos bien el doble objetivo por el qué se convocan los consejos: primero, para que la responsabilidad quede tan diluida que nadie pueda ser culpabilizado y, segundo, para que todos los presentes sean corresponsables o cómplices de lo acordado.
El comité ejecutivo nacional del PP es conocido informalmente como “aquella reunión en la que nadie habla”, salvo los que Rajoy haya decidido que lo hagan. Se reúne todos los meses y consta de 93 miembros. Está ampliamente controlado por el presidente del PP, lo que no significa que haya singularidades, como por ejemplo el matrimonio Aznar. Sin embargo, Ana Botella está totalmente retirada de la actividad pública y Aznar enmendó su dura crítica a Rajoy del 21-D con una seca felicitación el 27-J.
Habrá que aclarar si imputados en cargos públicos significa en cargos del Estado o también en partidos y sindicatos
Pero la convocatoria está llena de contradicciones. Varios investigados o cuasi investigados tendrán que pronunciarse sobre su eventual eliminación de los cargos públicos a raíz del punto 1 de las condiciones de Rivera: es el caso de Ana Mato, Lucía Fígar, Ignacio González o Rita Barberá, por ejemplo. Otros de sus miembros están tocados por la ética y la estética, como el ex diputado Vicente Martínez Pujalte.
Habrá que aclarar si Rivera emplea “públicos” en el sentido español -instituciones del Estado- o en el sentido anglosajón -pertenecientes a la sociedad civil, al público- donde cabe perfectamente un partido político o un sindicato o patronal.
Pero sin duda que el tema estrella será la comisión de investigación del caso Bárcenas, que muchos en el PP ven como una moción de censura “en diferido”. El comité ejecutivo ha sido informado regularmente de las alternativas del caso Gürtel, del cual nació el caso Bárcenas.
Con esto, Rajoy gana tiempo, se blinda ante la disidencia, mutualiza sus riesgos y se legitima ante Albert Rivera
Pero cuando se pregunta en el PP si fue el comité ejecutivo el que decidió nombrar en 2008 a Bárcenas como tesorero, las respuestas se multiplican. Unos dicen que, entre algodones, creen recordar que se trató en una reunión. Otros que nunca se lo preguntaron. Otros que fue Rajoy, a dedo. La versión oficial de la dirección dice que el nombramiento se decidió en el Congreso de Valencia, respuesta que lleva trampa porque ese Congreso sólo lo ratificó en el puesto.
Así que puede ocurrir que el comité ejecutivo deje de ser el de la mayoría silenciosa y el del miércoles 17 produzca algunas intervenciones interesantes.
Con todo, la decisión de consultar a éste órgano le permite a Rajoy ganar tiempo (sobre todo para irse a Pontevedra de puente y comprimir el espacio de decisión de PSOE y Ciudadanos) y además le blinda frente a la disidencia interna, mutualiza un eventual fracaso y le legitima frente a Albert Rivera (que ha admitido que no puede no respetar la decisión).
La decisión de Rajoy de institucionalizar su decisión le habrá encantado a los neoinstitucionalistas que cuajan la dirección de Ciudadanos
Pero donde funciona la herestética es en que Rajoy pone un velo frente a un eventual mal resultado de la aceptación de las condiciones. Sus consecuencias no serán un fracaso de Rajoy, sino del partido. En el peor de los casos, su improbable sacrifico sería en aras de los intereses del PP. Un héroe, vamos. Debido a esta apariencia de institucionalización de la decisión de Rajoy, su respuesta entró como un cuchillo caliente en la mantequilla de Ciudadanos, un partido cuajado de neoinstitucionalistas que adoran este tipo de gestos. (Esto último no deja de ser una anomalía en una formación con un pertinaz hiperliderazgo).
Una segunda clave de la decisión de Rajoy de implicar al partido tiene que ver con el doble objetivo que proclamó tras las elecciones del 27-J: ahí no sólo dijo que quería formar gobierno, sino controlar al milímetro la evolución futura del PP. Para eso, dijo que tras formar un Ejecutivo convocaría un Congreso que ha eludido desde 2015, según le acusan militantes críticos como el grupo Floridablanca o el Foro Pensamiento y Desarollo. Éste último ha conseguido en junio que un juez admita a trámite su demanda por no haberlo celebrado a tiempo.
Si el proceso de negociación desemboca en una coalición con Ciudadanos, Rajoy tendrá que convocar a otro órgano del PP, la junta directiva que tiene 471 miembros. Este es el órgano que debe aprobar las alianzas políticas según los estatutos. También lo controla Rajoy. Además, lo forman los 137 diputados y los 130 senadores del partido, todos los cuales iban en listas que decidió Rajoy y -aunque las condiciones de Ciudadanos supongan que en el futuro tendrán que trabajar más y ocuparse menos de caerle bien al jefe- serían capaces de hacer un triple salto mortal hacia atrás con tal de que no se celebren nuevas elecciones.