Púnica acecha a otros tres cargos del PP

El 'caso Púnica' que dirige el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se ha convertido en una macrocausa con catorce piezas y muchos tentáculos que llegan hasta otra presunta financiación ilegal del Partido Popular. Una pequeña investigación que se inició tras una alerta de las autoridades suizas sobre un político español, Francisco Granados, con dinero en un banco de su país de origen poco claro, ha llegado a ser el principal caso de corrupción de los últimos años, después del 'caso Gürtel'. Dirigentes del PP detenidos, otros investigados, y algunos que ya están en el punto de mira de los investigadores, conforman una trama de amaños, comisiones ilegales y financiación irregular, con aristas todavía por descubrir.

El diputado regional Bartolomé González, el consejero de Cifuentes, Jaime González Taboada, y el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ya han sido señalados por la Guardia Civil y ahora están a expensas de que la Fiscalía Anticorrupción solicite su citación y el juez la acuerde, si entienden finalmente que los indicios expuestos por los agentes son suficientes para actuar judicialmente contra ellos.

Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en la época de Esperanza Aguirre, fue el dirigente del PP más destacado que cayó en la operación llevada a cabo por la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2014. Pero no fue ni será el único. Junto a él, fueron desfilando ante el juez numerosos cargos del partido dirigido por Mariano Rajoy, y algunos de ellos acabaron en prisión junto a Granados, como el que fuera presidente de la Diputación de León hasta su detención, Marcos Martínez.

A lo largo de estos dos años de instrucción, el juez ha ido incorporando como investigados a varios dirigentes del PP, sin contar con los alcaldes que fueron detenidos en la primera operación, cuando se conoció la existencia del caso, como el alcalde de Moraleja de Enmedio, Valdemoro, Collado Villalba, Torrejón de Velasco o Casarrabuelos. Un año después, el magistrado había acumulado indicios suficientes para ir a por el consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de Murcia, Juan Carlos Ruiz; a por los consejeros de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria y Lucía Figar, y a los diputados regionales madrileños Mario Utrilla y José Miguel Moreno. Todos ellos están siendo investigados por presuntos amaños de contratos o por utilizar la trama Púnica para mejorar su reputación 'on line' pagado con dinero público.

Es cierto, que las ramificaciones de la trama Púnica -que habría conseguido, principalmente, adjudicaciones públicas a cambio del pago de comisiones ilegales- también han alcanzado a otros partidos, como el PSOE en Parla, pero la gran mayoría de los dirigentes salpicados son miembros de la formación 'popular'.

Acechan al núcleo de Cifuentes

Uno de de los focos de la causa es la Asamblea de Madrid por varias razones. La semana pasada, el juez Velasco requirió a la Cámara regional una serie de documentación por posibles irregularidades en la adjudicación de algunos de los servicios de la Asamblea madrileña presuntamente a cambio de donaciones ilegales. Pero es que además, varios de los diputados regionales designados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, están siendo investigados por irregularidades en sus cargos anteriores.

Daniel Ortiz tuvo que dimitir como diputado el pasado mes de julio después de que el magistrado le citara a declarar en calidad de investigado por interceder y “presionar” para adjudicar a la empresa Cofely en 2014 un contrato de suministros y servicios energéticos de 73 millones de euros a cambio de comisiones por 746.000 euros, cuando Ortiz era alcalde de Móstoles.

Sin embargo, Ortiz no va a ser el último problema de Cifuentes. Velasco tiene encima de la mesa datos sobre el diputado Bartolomé González y sobre su número 3, Jaime González Taboada. Respecto del primero, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó al magistrado la semana pasada un informe en el que constatan indicios de que el exalcalde de Alcalá de Henares habría acordado cobrar 60.000 euros a través de una factura falsa de la empresa Cofely a cambio de que éste interceptara para la adjudicación de un contrato de eficiencia energética a la compañía francesa.

El socio de Granados, David Marjaliza, fue quien puso al juez en la pista de González tras confesar que hubo un acuerdo de 60.000 euros con Bartolomé González. El empresario, que servía de enlace entre Cofely y las administraciones públicas, no supo decir al magistrado si el exalcalde llegó a cobrar el dinero pero sí aseguró que a él le llegaron a decir que la gestión estaba hecha. Según fuentes del caso, Eloy Velasco está esperando que la Fiscalía Anticorrupción emita un informe solicitando la citación como investigado del diputado regional para proceder a su citación.

El siguiente problema de Cifuentes se llama Jaime González Taboada. Su nombre lleva meses planeando en el sumario del 'caso Púnica'. Como ya adelantó este diario, Marjaliza también señaló al número 3 de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid como receptor de mordidas a cambio de intermediar para favorecer irregularmente a la trama. El actual consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad fue colocado por Granados en la Mesa de Contratación de la empresa pública Arpegio, clave del entramado corrupto. Marjaliza sostuvo ante el juez que varias empresas que se habrían beneficiado de adjudicaciones irregulares de Arpegio habrían pagado mordidas a Granados y al propio Taboada, aunque a día de hoy ambos lo niegan.

El juez está detrás de esa pista y ya ha reclamado a la empresa pública que le remita los acuerdos adoptados entre los años 2006 y 2008, cuando Taboada estaba ya en ella. Velasco está analizando una veintena de convenios urbanísticos promovidos por Arpegio y después decidirá si existen indicios suficientes para incorporar en la causa al consejero madrileño.

Murcia, el siguiente

De las catorce piezas en las que está dividida la causa, Velasco ya ha cerrado una -la del chivatazo por parte de un guardia civil a Granados para alertarle de que estaba siendo investigado- y ya tiene a punto de concluir la pieza de León que afecta al expresidente de la Diputación de León.

La siguiente pieza que espera dejar atada en los próximos meses es la de Murcia, y en la que podría acabar alcanzando al actual presidente de la comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez. El instructor ha citado a declarar para esta semana a varios de sus exasesores cuando éste era consejero de Educación, como David Conesa.

El juez ha citado a su asesor para después decidir si actúa contra el actual presidente. La Guardia Civil ya ha apuntado indicios contra él. En un informe del pasado mes de mayo, la UCO señalaba la existencia de indicios de que Sánchez habría incurrido en un supuesto delito de fraude en materia de contratación pública, en relación a los supuestos trabajos reputacionales, los cuales serían sufragados indiciariamente con fondos públicos en el marco de un eventual contrato en materia de formación. Estos trabajos, pagados desde la Consejería de Educación, se habrían realizado para mejorar su imagen en las redes sociales ante las elecciones autonómicas de mayo de 2015 en las que iba a encabezar la lista del PP, y en las que finalmente consiguió llegar a la Presidencia de Murcia.