El motín acaecido en el CIE de Aluche (Madrid) ha devuelto al primer plano político el debate sobre el carácter de estos centros. Se trata de un sistema ideado a finales de los noventa en plena oleada de pateras de inmigrantes, que desde su origen ha estado sujeto a dudas y controversias. Parecido a un régimen penitenciario sin llegar a serlo, se trata del lugar en el que los inmigrantes irregulares son recluidos a la espera de tramitarse su expulsión. Según las estadísticas oficiales, la mitad acaba en libertad. Así funcionan los Centros de Internamiento de Extranjeros:
¿Qué es un CIE?
Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son centros de detención de carácter no penitenciario y regulados por la Ley de Extranjería, es decir, no son cárceles. Pero los inmigrantes que ingresan en ellos se encuentran privados de libertad con vistas a su expulsión.
En España, el máximo que una persona puede permanecer en uno de estos centros es de 60 días, pese a que la Unión Europea autorizó la posibilidad de reclusión de hasta 90 días. Si una vez transcurrido el plazo el Estado ha sido incapaz de repatriarle, el inmigrante queda en libertad, pero en situación irregular en España. La estancia media de permanencia en un CIE es de 28 días, según datos oficiales.
¿Quiénes ingresan?
Se pueden retener a dos tipos de inmigrantes: aquellos que no tienen permiso de residencia legal en España y son descubiertos por las autoridades o los que cometen algún tipo de delito cuya condena puede ser conmutada con la expulsión del país. El perfil mayoritario es el primero. En cuánto a las nacionalidades, destacan argelinos y marroquíes.
¿En qué consisten los trámites?
Básicamente la Administración trabaja para acreditar el lugar de origen del inmigrante para así poder retornarle a su país en virtud de los acuerdos bilaterales firmados. Para ello se busca colaboración con las embajadas de los principales países emisores. Si transcurren los 60 días sin saber de qué país procede una persona o si su nación de origen no tiene acuerdo de extradición con España, también es obligatorio dejarlos en libertad.
Uno de los países que sí acepta a sus nacionales es Argelia. Las fuentes consultadas por este periódico apuntan a que esa fue una de las razones por la cual varias decenas de argelinos protagonizaron el motín de Aluche: a diferencia de otras nacionalidades, ellos sí tienen la certeza de que terminarán siendo expulsados. En el caso de los argelinos, es habitual su devolución en barco desde Alicante hasta Orán (Argelia).
En otros casos, el Gobierno planifica vuelos macro en los que se agrupa a inmigrantes de un mismo país. En ocasiones esos vuelos, en colaboración con la Unión Europea, hacen escala en otros países europeos para recoger a personas de la misma nacionalidad que también van a ser expulsados. Cada vez es más habitual también que sean introducidos en vuelos regulares entre el resto de los pasajeros.
Motivos para frenar la expulsión
Además de la imposibilidad para acreditar su origen, existe otro motivo fundamental para frenan la expulsión: la petición de asilo. En estos casos, en los que juegan también un papel importante las ONG, el inmigrante alega ser víctima de una persecución en su país por motivos políticos, religiosos, de orientación sexual o de cualquier otra índole capaz de poner su vida en riesgo si regresa a su país de origen. Es entonces cuando la Administración debe investigar la veracidad de estas afirmaciones, en un período que se suele prolongar por encima de los 60 días establecidos para la estancia máxima en el CIE.
¿Cuántos centros hay?
Actualmente permanecen en funcionamiento siete Centros de Internamiento de Extranjeros ubicados en Barcelona, Madrid, Valencia, Algeciras, Murcia, Tenerife y Las Palmas. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya manifestó su deseo de cerrar el situado en la Zona Franca de la ciudad condal. También la regidora de Madrid, Manuela Carmena, planteó buscar "alternativas" a este sistema con respecto al ubicado en el barrio madrileño de Aluche en el que se produjo el motín de varias decenas de argelinos.
Hace dos semanas, el CIE de Murcia vivió un episodio similar al de Aluche en el que los inmigrantes llevaron a cabo un motín en el que generaron diversos daños al edificio. En este caso, además, lograron fugarse 67 personas.
¿Desde cuándo existen?
En la Ley de Extranjería de 1985 ya se contempla el internamiento, pero no fue hasta 1999 cuando se reguló la creación de los CIE tal y como hoy se conocen por medio de una orden ministerial. La justificación que alegó el Gobierno entonces es que se necesitaba un lugar en el que tener localizados a los inmigrantes en situación irregular porque en el tiempo que transcurría entre que se les detectaba y se decidía su expulsión ya era imposible dar con ellos. El objetivo era tenerlos retenidos en algún lugar mientras se tramitaba su expulsión.
Datos de expulsiones
Según admitió el Gobierno a través de una pregunta parlamentaria escrita en 2014, un 55% de los inmigrantes que ingresan en un CIE quedan en libertad sin ser expulsados a su lugar de origen.
En los últimos años ha descendido considerablemente el internamiento en los centros, un modelo pensado a finales de la década de los noventa cuando la llegada de pateras era muy superior. Actualmente el nivel de ocupación ronda el 40%.
Posibles alternativas
Tanto desde las ONG como desde otras instituciones como el Defensor del Pueblo plantean alternativas a este tipo de internamientos. Alegan que, si la razón de ser de los CIE es tener localizados a los inmigrantes, existen otras posibilidades como obligar a comparecer ante comisaría periódicamente o comprobar su arraigo familiar en España.
A las dudas que ya existen sobre este sistema hay que sumarle el dato que aportó el pasado julio el informe 2015 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, según el cual sólo el El 27 por ciento de las 10.594 expulsiones de inmigrantes en situación irregular que se ejecutaron el año pasado fueron desde los Centros de Internamiento, mientras que siete de cada diez partieron desde las comisarías, un modelo conocido como "expulsiones exprés" porque tiene lugar al cabo del máximo de 72 horas que tiene derecho la policía a detener a una persona y que se está generalizando.
Quejas principales
Las quejas contra este sistema van desde su poca eficacia (más de la mitad no son expulsados) hasta que en muchos casos suponen un encarcelamiento de facto. Las fuentes consultadas recuerdan que, mientras en otros países de Europa la estancia irregular es delito, en España sólo es una falta administrativa, razón por la que ningún ciudadano español es privado de libertad.
Otra de las quejas venía derivada del funcionamiento interno de los centros, sujeto a normativas generalmente de origen policial. Eso dificultaba la posibilidad de recurrir las condiciones o canalizar las quejas de los inmigrantes. Para poner fin a esa laguna, el Ministerio del Interior -del que dependen los CIE- aprobó un reglamento específico que ponía negro sobre blanco la gestión de cuestiones como la atención sanitaria, propiedades personales, los cacheos, la distribución de los inmigrantes en módulos o cuestiones como el uso de teléfono móvil, inicialmente prohibido en los CIE.