Balance del primer aniversario de El Español: 55 reformas e ideas para mejorar España

La celebración del I Aniversario de EL ESPAÑOL, tras una semana de coloquios desarrollados en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, ha dejado una fructífera cosecha: 55 reformas, ideas o planteamientos que merecen la pena ser considerados por los españoles. Todos ellos fueron formulados por expertos que abarcan desde la reforma constitucional y política hasta las pensiones, pasando por los presidentes de tres de las nuevas instituciones llamadas a modernizar el Estado (Comisión Nacional de Mercados y Competencia, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y Consejo de Transparencia y Buen Gobierno), un aspirante a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, y un ex presidente, José Luis Rodríguez Zapatero.

Este es el resumen de una semana donde EL ESPAÑOL ha puesto al día la agenda de las reformas que necesita España.

REFORMA CONSTITUCIONAL Y POLÍTICA

1.- Reforma de la Constitución de 1978. Los expertos son partidarios de una reforma constitucional aunque son conscientes de que, como describió Jorge de Esteban, en la población española hay cinco actitudes: los que quieren seguir como están, los que quieren introducir cambios limitados en la Constitución para mejorar las cosas, los que quieren evolucionar hacia un Estado federal, y dos posturas extremas que, además, podrían requerir procesos constituyentes para sustituir el régimen de 1978, la de quienes quieren un Estado centralizado y la de los que desean un Estado plurinacional.

De izquierda a derecha: Gregorio Cámara, Santiago Muñoz Machado, Francisco Moreno, Jorge de Esteban, Francesc de Carreras y John Müller P. Cobos

El consenso de los expertos gira en torno al Informe del Consejo de Estado de 2006 que propuso la eliminación de la discriminación de la mujer en la sucesión a la Corona, la inclusión de los nombres de las 17 comunidades y dos ciudades autónomas en la Carta Magna, la reforma del Senado y la llamada cláusula europea, un artículo que plasmaría la voluntad de España de participar en la construcción europea. Esta propuesta es un mínimo común denominador. Sin embargo, los expertos, especialmente del PSOE, propugnan una reforma más ambiciosa (como se verá en las propuestas más adelante).

2.- Reforma del artículo 168 de la Constitución. Este artículo contiene las reglas para reformar la Constitución. Para modificar aspectos fundamentales, el procedimiento es extraordinariamente agravado. Requiere la aprobación de dos tercios del Congreso y el Senado, la disolución de las Cortes y una nueva aprobación por la siguiente Legislatura por dos tercios de los votos. Y después, un referéndum popular de ratificación. Aunque los expertos coinciden en que “la única forma de mantener viva una Constitución es reformarla” fue Jorge de Esteban quien propuso directamente su modificación. Según De Esteban, este artículo ha hecho que fuera más fácil modificar las leyes fundamentales del franquismo para pasar a un sistema democrático que reformar la Carta de 1978.

3.- Reforma del Senado. La transformación del Senado en cámara de representación territorial al modo del Bundesrat alemán es una idea que el PSOE ha hecho especialmente suya. Este Senado sería pieza clave de un modelo federal que fijaría el Estado autonómico, como explica Gregorio Cámara, responsable del comité de sabios del PSOE para la reforma constitucional. Santiago Muñoz Machado, en cambio, se muestra partidario de la eliminación del Senado y de la implantación de un sistema unicameral. Piensa que habrá regiones que no querrían participar en un Senado paritario, en igualdad de condiciones con otras de menor tradición.

De izda. a dcha: Alejandro de Vicente, John Müller, Eva Fernández, Francesc de Carreras, Santiago Muñoz Machado, Pedro J. Ramírez, Jorge de Esteban, Gregorio Cámara y Francisco Moreno. Pablo Cobos

4.- Eliminación de la discriminación de la mujer en la sucesión real. Esta reforma es quizá la única que cuenta con un consenso casi absoluto en la sociedad española.

5.- Cláusula europea. La Constitución no hace referencia al proceso de integración de España en Europa que se inició ocho años después de aprobado el texto. Este proceso no sólo ha estructurado la identidad política sino que ha modificado el ejercicio de las competencias entre los distintos poderes del Estado. Esta cláusula, que a primera vista parece contar con un amplio consenso, podría ser cuestionada o matizada por partidos radicales que rechazan la actual gobernanza europea.

6.- Cierre del modelo autonómico, federalización y ‘la cuestión catalana’. Esta propuesta abarca desde aquellos que entienden el cierre del modelo autonómico como la mera inclusión del nombre y número de comunidades autónomas en el texto constitucional a los que prevén cambios radicales, como la creación de un Estado plurinacional al estilo boliviano. Muñoz Machado, uno de los mayores expertos en descifrar el título VIII de la Constitución, plantea que al menos se deberían eliminar los preceptos transitorios y detallar el reparto de competencias. También aboga por aclarar conceptos como la “federalización” que propugna el PSOE.

A este respecto, Gregorio Cámara indicó que el estado autonómico se ha desarrollado con lógica federal, pero con desorden y sin rigor. Su planteamiento incluye recuperar una cara olvidada del federalismo a la que también apuntó Francesc de Carreras: la cohesión y la lealtad institucional. Sobre el reparto competencial, Cámara argumentó que hay muchísimo trabajo avanzado en las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los estatutos de autonomía de segunda generación.

Fue Muñoz Machado quien subrayó que en este aspecto de la reforma constitucional se incardina “la cuestión de los catalanes”, que consideró compleja, porque será muy difícil explicar a sus ciudadanos de que no existe el derecho de secesión. Es urgente hacerlo, subrayó. El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero coincidió en esa urgencia. Por su parte, Francesc de Carreras sostuvo que los nacionalistas no van a estar nunca contentos en un Estado que no sea el propio y abogó por incrementar la lealtad institucional bajo un modelo federal.

7.- Reforma de los partidos políticos. Hubo una clara discrepancia entre los constitucionalistas y los politólogos respecto de los partidos políticos. Los primeros estuvieron de acuerdo en que los partidos han alcanzado un enorme poder en nuestro sistema democrático gracias a que la Constitución los protegió en exceso para que apoyaran la Transición. Los segundos consideraron que los partidos son esenciales para el buen desarrollo del proceso democrático y que cualquier reforma puede tener efectos inesperados e indeseados.

Gregorio Cámara, durante las jornadas. Pablo Cobos

Mientras Gregorio Cámara apostó por promover la democracia interna de los partidos a través de la Ley de Partidos y, sobre todo, a través de las normas de financiación, Francesc de Carreras descartó ese camino y sostuvo que la única forma de que modifiquen su conducta de manera efectiva es cambiando el sistema electoral.

8.- Reformas del sistema electoral. La discrepancia sobre los partidos políticos entre constitucionalistas y politólogos se reprodujo en este asunto. De Carreras se mostró a favor de copiar el sistema alemán que otorga dos votos al ciudadano, uno para el diputado y otro para la lista del partido. Su propósito es mejorar la democracia interna y la representatividad de los diputados.

Su postura a favor del modelo alemán (no de cambiar la cultura partidaria) fue cuestionada desde distintos ángulos. Cámara dijo que no se debía sacralizar el sistema alemán. Alberto Penadés subrayó que el 70% de los alemanes desconocen cómo funciona su sistema. El propio elector, además, suele anular el efecto buscado al votar “en plancha”, es decir favoreciendo a todos los candidatos de un partido. Pablo Simón subrayó que idénticos sistemas pueden producir resultados diversos. “No sobrevaloremos el rol de la ingeniería institucional”, añadió.

Berta Barbet precisó los tres subtemas que cuelgan de la reforma electoral: mejorar la representación electoral y evitar sesgos, limitar el poder de los partidos en la confección de las listas y favorecer la gobernabilidad.

8.1.- Mejorar la representatividad: 400 escaños. Aquí hubo coincidencia entre los constitucionalistas y los politólogos: la clave de bóveda de la reforma es la circunscripción. Cámara abogó por eliminar de la Constitución la referencia a la provincia como circunscripción electoral y situarla en una ley. Pablo Simón propuso elevar a 400 el número de diputados, lo cual mejoraría la proporcionalidad entre escaños y votos (los escaños que elige Soria requieren menos votos que los de Tarragona, por ejemplo). Frente a los constitucionalistas que plantearon que la circunscripción sea única o coincidente con la comunidad autónoma, Penadés abogó por circunscripciones pequeñas y homogéneas.

8.2.- Limitar el poder de los partidos en la confección de las listas. La propuesta de Penadés citada en el punto 8.1 permitiría que en vez de gestionar listas de 40 candidatos, en una circunscripción más pequeña se presentaran sólo 7 u 8. Esto mejoraría la calidad de la representación. Sin embargo, los politólogos se esforzaron por demostrar que cuando el poder del partido sobre sus diputados se debilita, también se producen problemas. Algo similar sugirió el ex presidente Rodríguez Zapatero al referirse oblicuamente a la situación de su partido en torno a la disciplina de voto en la investidura de Mariano Rajoy.

8.3.- Gobernabilidad. De Carreras recordó que un sistema electoral debe buscar un equilibrio entre mejorar la representatividad y garantizar la gobernabilidad. Pablo Simón también valoró que el sistema español ha funcionado bastante bien, garantizando sobre todo la alternancia política, “asunto no menor”. El ex presidente Rodríguez Zapatero subrayó que no ve clara la necesidad de promover una mayor proporcionalidad que ocasione más fragmentación en el Congreso. “Me ha tocado gobernar sin mayoría y sé lo difícil que es eso”, dijo.

9.- Adoptar el sistema de “investidura constructiva”. Pablo Simón propuso cambiar el mecanismo previsto en el artículo 99 de la Constitución para designar el Ejecutivo. “Si no lo cambiamos ahora tras 300 días sin Gobierno, no sé cuándo lo haremos”. Pidió adoptar el sistema de “investidura constructiva”, como el que prevén los estatutos vasco y asturiano, que en la segunda votación para la formación del gobierno sólo permiten votar a favor o abstenerse. De esta forma, se evitan las mayorías de bloqueo. La propuesta es muy coherente con el espíritu de la moción de censura constructiva que la Constitución española copió en 1978 de la alemana.

Alberto Penadés también señaló la necesidad de reflexionar sobre el plazo perentorio de dos meses para formar gobierno que funciona como un incentivo para el partido que quiere forzar la repetición de elecciones.

10.- Reforma del Tribunal Constitucional. Muñoz Machado propuso la reforma de este tribunal en el sentido de separar mejor a sus miembros de la política y mejorar su marco competencial. El jurista propone que las disputas competenciales entre administraciones sean resueltas por los tribunales ordinarios y también algunos recursos de inconstitucionalidad con el fin de evitar la excesiva concentración en el TC.

11.- Regular los lobbies. “Este es un campo virgen, donde hay amplias posibilidades de mejora”, planteó Pablo Simón al recordar que en nuestro país no existe una legislación sobre lobbies. Ciertas instituciones, como la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), han adoptado las buenas prácticas implantadas por la Comisión Europea, pero no hay un desarrollo legal en España.

Rivera y Pedro J. durante el seminario. Pablo Cobos

12.- Erradicar malas prácticas legislativas. No todos los problemas de gobernanza en España proceden de defectos constitucionales, sostuvo Muñoz Machado. Albert Rivera estuvo de acuerdo en que la Constitución “no es responsable de todo lo malo que pasa en España”. Hay cuestiones que son fruto de simples malas prácticas. Por ejemplo, el abuso del decreto ley para sortear el debate sosegado en el Congreso. La sustitución de normas sin motivo que provoca inestabilidad legal. Leyes que producen reformas constitucionales en la sombra al alterar el reparto de competencias o el orden de las cosas. Leyes que se cambian con precipitación sin acudir a los expertos, como ha sucedido con las leyes de régimen de las administraciones públicas donde ningún experto administrativista fue consultado.

REFORMA EDUCATIVA

13.- Un pacto educativo impulsado por el Rey. Existe un amplio consenso de que se debe alcanzar un pacto nacional en torno a la Educación tanto entre los partidos políticos como con los distintos sectores interesados para modernizar y dotar de estabilidad el sistema. Pero la idea de que este pacto sea promovido por el Rey o por la presidenta del Congreso es del filósofo y educador José Antonio Marina, quien considera crucial que tenga este rango. “Desde el siglo XIX la educación española está ideologizada hasta la médula”, afirma. Esta es la razón por la que, en 38 años, España ha visto ya siete leyes educativas. “La ideología es a la educación lo que la mixomatosis a los conejos”, remachó.

De izda. a dcha: Juan Juliá, Marta Martín, Nieves Segovia, Pedro J. Ramírez, Mercedes Chacón, José Antonio Marina y Samuel Martín-Barbero. Pablo Cobos

14.- Un sistema educativo para la “sociedad del aprendizaje”. Marina sostiene que el sistema educativo debe orientarse no hacia la “sociedad del conocimiento”, sino a la “sociedad del aprendizaje”. No sólo hay que transmitir habilidades y conocimientos a los estudiantes, sino enseñarles estrategias para seguirlos adquiriendo e incorporando de manera cotidiana durante toda su vida. Esto requiere adaptar los programas y planes de estudio con ese objetivo

15.- Universidades con su financiación ligada a resultados. A la universidad española se le critica no sólo por su ausencia en los ránkings sino por una realidad más ominosa: la baja empleabilidad de los egresados. La propuesta de Ciudadanos, por ejemplo, es ligar los ingresos de las universidades a la empleabilidad. Rivera fue claro al respecto: “La universidad española se está convirtiendo en un lugar de frustración”.

16.- Educación infantil obligatoria y gratuita entre 2 y 3 años. Ciudadanos también ha propuesto incluir en el sistema de educación obligatoria y gratuita la educación infantil de 2 a 3 años. En este segmento es donde los rendimientos son crecientes. Una pequeña mejora a estas edades tiene una fuerte repercusión en los individuos posteriormente.

José Antonio Marina, en las jornadas sobre educación de EL ESPAÑOL. Pablo Cobos

17.- Reforma de la formación profesional. La “reformulación del entendimiento entre las aulas y el mundo laboral” es el objetivo de la reforma de la Formación Profesional que distintos sectores vienen propugnando a la vista de los buenos resultados de la Formación Dual en Alemania. La reforma debería abarcar los estudios de alto nivel, es decir la formación profesional de nivel universitario que demanda la industria, y procesos como la digitalización creciente.

REFORMA DEL MERCADO LABORAL

18.- Mejorar la reforma laboral. Hay un acuerdo en que la reforma laboral ha provocado disgustos a todos, pero era necesaria. El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, defendió una reforma laboral que es capaz de crear empleo cuando la economía española crece a tasas inferiores al 1% mientras en el pasado se requería al menos una tasa del 2,5%. Sin embargo, admitió que se debe actuar sobre lo que no ha funcionado bien y señaló tres áreas: seguridad jurídica de los cambios, competitividad y reducción de la dualidad. Toni Roldán, de Ciudadanos, afirma que el equipo de Fátima Báñez es “potente y responsable y saben dónde están los problemas”. Roldán abogó por reducir la dualidad, apoyar a los trabajadores pobres con un impuesto negativo y mejorar la formación profesional.

De izquierda a derecha: John Müller, Pepe Álvarez, Ignacio Fernández Toxo, Eva Fernández, Pedro J Ramírez, Juan Rosell, Antonio Garamendi y Andrés Rodríguez Pablo Cobos

19- Reformular las políticas activas de empleo. Estas políticas figuran entre las medidas a corto plazo para mejorar nuestro mercado laboral. Falta información para conocer cuánto cuesta recolocar a cada parado de larga duración. Hay que introducir flexibilidad para decidir los contenidos que se enseñan. Cesar Molinas cuestionó el papel de predominio que patronal y sindicatos han tenido en este asunto hasta ahora. “Nos gastamos mucho dinero con una eficacia bastante pobre”.

20.- La necesidad de la concertación social. Patronal y sindicatos coincidieron en la necesidad de la concertación social a través de la negociación colectiva y de que éste es un factor que ordena e impulsa la economía. “El hecho de que no estemos de acuerdo en todo no significa que no podamos ponernos de acuerdo”, dijo el líder de CCOO. En ese sentido, hay un tira y afloja en torno a la negociación colectiva. Los sindicatos quieren tener más poder y que los convenios de rango superior manden sobre los de empresa, pero los empresarios temen perder flexibilidad. Mas hubo consenso en torno a lo que dijo Pepe Álvarez, secretario general de UGT: “La concertación social es valor añadido”.

21.- Contrato único, pero también por tiempo definido. Los sindicatos no creen que el contrato único sea la panacea, pese a la reciente sentencia sobre la indemnización de los interinos. Aunque están de acuerdo con él para combatir la dualidad y las discriminaciones, conocen la realidad de España y saben que tendrá que existir además un contrato por tiempo definido para sectores como agricultura o turismo. “La temporalidad, cuando tiene causa, es razonable”, advirtió Fernández Toxo.

Fernández Toxo, durante las jornadas del I Aniversario de EL ESPAÑOL. Pablo Cobos

22.- El absentismo, el problema invisible. Antonio Garamendi, presidente de Cepyme, puso este asunto sobre la mesa. Las mutuas gastan 4.000 millones de euros al año por el absentismo de los trabajadores españoles y Garamendi estima que las empresas pierden una cantidad similar. Es importante que la sociedad tome consciencia del problema que representa.

23.- Abordar la “uberización” de las relaciones laborales. Juan Pablo Riesgo señaló que este asunto será clave en la próxima legislatura. Qué tipo de relación laboral liga a los agentes de la economía colaborativa y qué reflejo jurídico tiene eso es uno de los problemas que ocupará en el corto plazo a los expertos del Ministerio de Empleo. Una sentencia reciente en Londres es un anticipo de este asunto.

24.- La revolución de los “millenials” en las plantillas. Las nuevas generaciones se relacionan con sus empresas de manera diferente a como lo hacían sus padres. El 60% de los empleos del futuro no se conocen hoy. La rotación voluntaria en los puestos de trabajo está creciendo. Retener talento en las empresas es cada vez más difícil. La Generación Z prefiere una hora para salir a hacer running cada día que más días de vacaciones pagadas y tampoco quiere un trabajo para toda la vida, sino que se mueve por proyectos, cambiando de empresas y hasta de país según sus intereses. La coexistencia de distintas generaciones, con intereses contrapuestos, cambiará las relaciones laborales dentro de las empresas.

REFORMA DE LA JUSTICIA

25.- Reforma de la Justicia. Hubo consenso en que es un buen momento para abordarla. “No más mañaneos”, dijo el ministro de Justicia Rafael Catalá. Francisco Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, coincidió: “Pongámonos de acuerdo”. También los representantes de los jueces. Catalá esbozó las líneas generales de su Estrategia Nacional para la Justicia. Prefirió ese nombre al de pacto, que evoca un acuerdo de partidos. Abogó por una reforma integral, completa, estructural y evaluable para conseguir una Justicia más transparente, accesible y mejor gobernada. “Una justicia digital, con menos dependencia del papel; una justicia innovadora, mediante la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal en todo el territorio nacional; o una Justicia con un sistema de gestión procesal común”.

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, durante su intervención en las jornadas de EL ESPAÑOL Pablo Cobos

Los participantes coincidieron con el magistrado Antonio García Paredes, de la Audiencia Provincial de Madrid, en que hay dos tipos de problemas: de organización y funcionamiento que no permiten atender a las demandas de los ciudadanos con calidad y rapidez, y de falta de independencia o apariencia de politización. “La combinación de estos dos problemas está generando un tercero, la progresiva pérdida de confianza de los ciudadanos en la Justicia”, añadió García Paredes.

25.1.- Reforma de la organización territorial. Existe consenso en que la administración de Justicia debe evolucionar hacia un nuevo modelo de organización basado en órganos judiciales colegiados denominados "tribunales de instancia" (aquí un análisis sobre estos del juez decano de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa). Todas las asociaciones de jueces los apoyan.

El presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, el presidente del Consejo General Poder Judicial, Carlos Lesmes y el director de El Español, Pedro J. Ramírez Pablo Cobos

25.2.- Creación de más plazas de jueces. Abogados, procuradores y letrados coincidieron en que faltan jueces en España. Tenemos 11,2 jueces por 100.000 habitantes mientras la media europea es de 21 por 100.000 y Alemania tiene casi 25 por 100.000, según datos de Jueces por la Democracia. En este sentido, la decana del Colegio de Abogados, Sonia Gumpert, y el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, insistieron en la necesidad de crear más plazas de jueces, promesa incumplida por todos los gobiernos.

26.- Despolitización de la Justicia. Las asociaciones coincidieron en la politización. Mientras unos señalaron al Tribunal Supremo como “campo de batalla de los políticos”, otros apuntaron a que ésta procede del reparto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hubo discrepancia en torno a si la politización es real o percibida, pero para los efectos entre la ciudadanía da lo mismo. El presidente del CGPJ recordó que España está entre los seis países donde los ciudadanos tienen peor opinión de la independencia judicial: “A los seis países que van en cabeza de percepción de independencia favorable, los jueces del Tribunal Supremo los nombra el gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia. Los seis peores, entre los que está España, son los que tienen un Consejo de justicia”. Carlos Lesmes sostuvo que hay un mito que daña a su actividad. “Creo que lo que hay que atajar es el modelo de nombramiento. Hay que reducir drásticamente la discrecionalidad de los nombramientos”, indicó.

26.1.- Cambio en el sistema de elección del CGPJ. Hubo varias propuestas en el sentido de modificar la forma de elección de los vocales del CGPJ para eliminar la politización de la institución. Las asociaciones judiciales apoyan la elección por parte de otros jueces, recomendación del Consejo de Europa al gobierno español en 2010. Sin embargo, también se advirtió del riesgo de sustituir la politización por el corporativismo.

26.2.- Reforzar la independencia de la Fiscalía. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, sostuvo que aunque el estatuto del fiscal ha pasado de estar “plenamente implicado” con el Gobierno a su progresiva integración en el Poder Judicial, los problemas de dependencia del Poder Ejecutivo no se han solucionado. Factores culturales e institucionales pesan sobre el asunto. Por ejemplo, que el fiscal general del Estado cese junto con el Gobierno de la Nación.

Carlos Lesmes Pablo Cobos

26.3.- Limitar la acción popular. Carlos Lesmes manifestó que uno de los factores que, a su juicio, contribuyen a la apariencia de politización es la utilización espuria de la acción popular: “La acusación popular es un mecanismo de participación del pueblo en la justicia. En la Unión Europea no existe la acción popular. Se utiliza muchas veces con fines políticos, a veces con fines de chantaje como se ha visto con Manos Limpias”. Abogó por limitar su uso, y hasta impedirlo en el caso de los partidos políticos.

26.4.- Ampliar los requisitos para acceder al Tribunal Supremo. En la actualidad el único requisito para acceder al Supremo es que se tengan 15 años de carrera. El presidente del TS propuso que se amplíen estos requisitos con el fin de reforzar la calidad de la Justicia y su independencia.

REFORMA DE LA POLÍTICA FISCAL

27.- Un Pacto Fiscal. Pedro Saura, portavoz del PSOE en la comisión de Hacienda, propuso acordar un pacto fiscal entre las fuerzas políticas para asumir las principales exigencias que nos plantea la realidad: resolver el déficit estructural de las finanzas públicas, que cifró en 2,5 puntos porcentuales del PIB, el impacto del baby boom en las pensiones públicas que se expresa en el déficit de la Seguridad Social y garantizar la viabilidad del Estado de Bienestar. Aunque no lo dicen, todos los partidos saben que una subida de impuestos es inminente para reunir los 11.000 millones de desajuste que exige Bruselas entre 2016 y 2017. En este debate se significó la posición de Nacho Álvarez, representante de Podemos, quien sostuvo que “España no puede permitirse ni un recorte más” y se opuso abiertamente a que se eleven los impuestos indirectos (IVA) mientras apuesta porque se eleven los directos (Renta y Sociedades).

Pedro Saura, portavoz de Economía y Hacienda del PSOE. Pablo Cobos

28.- Mejorar la elaboración de los Presupuestos. Francisco de la Torre, portavoz de Ciudadanos, propuso optimizar el proceso de elaboración de los Presupuestos. Para ello, indicó que es necesario mejorar las previsiones de ingresos. “Las peores mentiras son las que nos contamos a nosotros mismos”, dijo y recordó que en 2015 ya había una desviación de 25.000 millones en las previsiones ingresos.

29.- Reformar los impuestos y crear un sistema fiscal. También propuso Ciudadanos una reforma que subsane la paradoja de que con los mismos tipos impositivos España recauda mucho menos que el resto de los países europeos. Para ello, De la Torre apuntó a un hecho que pocas veces es destacado: un sistema tributario necesita tener unos ciertos principios inspiradores, que lo articulen, y no ser una simple acumulación desorganizada de impuestos.

30.- Más control del gasto público. La otra cara de los ingresos del Estado es el gasto público. Todos los ponentes acordaron que hay que optimizarlo. Nacho Álvarez, de Podemos, puso énfasis en la necesidad de “poner la lupa” sobre el despilfarro para asegurar las políticas sociales. De la Torre, de Ciudadanos, apuntó a la supresión de las Diputaciones. Saura a la necesidad de un gasto público cada vez más eficiente. Matilde Asián, del PP, defendió que el PP ha hecho una buena gestión del gasto público en los años de la crisis.

31.- Lucha contra el fraude fiscal. Todos los ponentes estuvieron de acuerdo en la importancia de la lucha contra le fraude. De la Torre, Saura y Álvarez, además, abogaron por incrementar los medios para ello. Asián señaló que la ley debe ser dura con el defraudador, pero a aquél que no puede cumplir se le debe ayudar dentro de lo posible.

32.- Resolver el atasco de las reclamaciones de Hacienda en la Justicia. Pese al consenso de la necesidad de luchar contra el fraude, sólo Ciudadanos reparó en la necesidad de desatascar las vías judiciales para recuperar los fondos que Hacienda reclama. Hay más de 200.000 expedientes tributarios atascados en distintas fases de la ejecución judicial. “Se debe exigir el cobro antes a los defraudadores que a los honrados, pero la lentitud de la Justicia lo impide”, subrayó Francisco de la Torre.

33.- Reforma de la financiación autonómica. Los expertos fiscales de los partidos conocen bien los problemas de la financiación autonómica. El principal financiador de las comunidades autónomas ahora es el Fondo de Liquidez Autonómica, un organismo creado al margen de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El PP aboga porque las comunidades “dejen de ser los hijos adolescentes y existan mayor corresponsabilidad fiscal”. El PSOE, en cambio, propone calcular el gasto social mínimo igual para todas las comunidades y admite que hay regiones infrafinanciadas.

REFORMA DE LAS PENSIONES

34.- Reforma de las pensiones. Los expertos están de acuerdo en que una reforma es imprescindible y conocen las líneas generales que se deben seguir, pero destacan que las dos últimas reformas no contaron con el apoyo del principal partido de la oposición. Ni el PP apoyó a Zapatero en 2011, ni el PSOE a Rajoy en 2013. Esto debe cambiar si se quiere una reforma de calado y eficaz.

De izquierda a derecha: John Müller, Luis Miguel Ávalos, Ángel de la Fuente, José Antonio Herce, Pedro J Ramírez, Sophie del Campo, Rafael Domenech y Antonio Camuñas. Pablo Cobos

35.- Afrontar el reto demográfico de España. El país se queda sin niños, según los datos de población del INE. Pero, como sostiene Antonio Herce, experto de Analistas Financieros Internacionales, hay una gran masa de población que podría trabajar y que cada vez vive más años. Pero la tenemos clasificada como pasiva. Esto tendrá que cambiar, porque la longevidad ya no es un riesgo, sino una certeza. La edad equivalente a los 65 años para alguien nacido en 1900 hoy está en una horquilla que va desde 81 a 91 años según el año de nacimiento, afirma Herce. Por lo tanto, no sólo el fomento de la natalidad es una respuesta al reto demográfico, también el retraso de las edades de jubilación. Según Herce, la longevidad pone en cuestión el concepto de solidaridad intergeneracional en que se basa el sistema de reparto: cada vez los jubilados viven más, cada vez los jóvenes tardan más en encontrar trabajo… así el sistema es insostenible.

36.- La imperiosa necesidad de mejorar la productividad. Ángel de la Fuente, director de Fedea, explicó que la productividad es un poderoso factor que lastra nuestra capacidad de pagar las pensiones. Más de la mitad del deterioro de la salud financiera del sistema se ha producido porque, en los últimos 20 años, el incremento de la productividad ha sido nulo, lo que afecta a los salarios y a la renta del país y, en definitiva, a los ingresos de la Seguridad Social. Si el país mejora su productividad, la sostenibilidad de las pensiones mejorará.

37.- Evolucionar hacia un sistema de cuentas nocionales. Rafael Domenech, experto de BBVA Research, está convencido de que con las reformas paramétricas adecuadas, el sistema de reparto puede garantizar pensiones públicas, pero es partidario de introducir cuentas nocionales para que cada ciudadano sepa qué renta va a recibir en el futuro. Las cuentas nocionales son cuentas individualizadas donde se registran las cotizaciones de cada trabajador al sistema público y sirven como un indicador del nivel de renta que recibirá a cambio. Doménech cree que ayudaría a introducir racionalidad económica en el sistema como ha sucedido en Suecia. En el futuro tendremos 15 millones de pensionistas (hoy hay nueve millones) y para mantenerlos en niveles similares a los actuales se requerirán 27 millones de trabajadores (el objetivo declarado por el actual gobierno es llegar a 20 millones en 2020).

38.- Popularizar la educación financiera. Uno de los grandes problemas al abordar el asunto de las pensiones es la generalizada ignorancia que existe. Es necesario popularizar la educación financiera para que las personas puedan planificar su vida laboral y su futuro.

39.- Favorecer el ahorro privado. Unas pensiones públicas menguantes obligarán a las personas a complementar sus rentas con trabajo o con ahorro. El ahorro privado está muy penalizado fiscalmente en España. Los trabajadores y sus empresas deberán ponerse de acuerdo para generar estrategias de ahorro. Y las instituciones financieras tendrán que innovar para adaptarse a las necesidades del ahorrador español, fuertemente invertido en un tipo de activo: la vivienda.

OTRAS PROPUESTAS

40.- Ciudadanos con un compromiso cívico. Los responsables de los nuevos órganos reguladores y supervisores -Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)- demandaron un mayor compromiso de los ciudadanos para que estas instituciones puedan cumplir sus objetivos. Esther Arzimendi, presidenta del Consejo de Transparencia, pidió españoles “más preguntones” para que se pueda materializar la transparencia de la función pública. José María Marín Quemada, de la CNMC, pidió que el reproche social vaya unido a las sanciones que su organismo impone a las empresas que se coluden o se cartelizan dañando los intereses del público.

De izquierda a derecha: Víctor Gómez Frías, José Luis Escrivá, Esther Arizmendi, Pedro J Ramírez, José María Marín Quemada y John Müller Pablo Cobos

41.- Reformar el Portal de Transparencia y Buen Gobierno. La presidenta del Consejo de Transparencia propuso que se simplifique al máximo el funcionamiento del Portal de Transparencia y Buen Gobierno, que no controla su institución sino el Ejecutivo, para que el acceso de los ciudadanos a la petición de información sea más simple. El diseño actual es disuasivo, explicó Arizmendi. Los ciudadanos no se animan a consultar cuando se les exige una cuenta bancaria para identificarse.

42.- Hacer realidad el principio de cumplir o explicar. La AIReF no tiene capacidad coercitiva respecto de las administraciones que supervisa. Pero la ley obliga a que quien no siga sus recomendaciones explique por qué no lo hace. Esto permite introducir el principio de rendición de cuentas ante la opinión pública, poco habitual en la tradición española, acostumbrada a la sanción o el reproche público. Pero esta rendición de cuentas debe ser objeto del interés activo de los ciudadanos.

43.- Una ambiciosa ley de mecenazgo.- José Luis Rodríguez Zapatero, en su diálogo con EL ESPAÑOL, abogó por la elaboración de una ley de mecenazgo, inspirada en las mejores prácticas internacionales, para recuperar el saber científico que se ha marchado de España y para mejorar la transferencia de conocimientos de la Universidad a la empresa.

Gómez Frías, Pedro J. Ramírez, José Luis. R. Zapatero, Eva Fernández y Antonio Camuñas. Pablo Cobos

44.- Cambiar el foco de la lucha contra la pobreza. Rodríguez Zapatero también defendió que durante su gobierno se mejoraron mucho las pensiones más bajas lo que repercutió en una reducción del riesgo de pobreza en la vejez. Abogó por un cambio de estrategia ya que ahora los indicadores señalan que el problema estaría en el riesgo de pobreza infantil y de los adultos jóvenes.

45.- Un plan de debate presupuestario para 2017. El ex presidente también planteó que antes de aprobar los Presupuestos de 2017, se abran tres ámbitos de discusión en el Parlamento: sobre el sistema de pensiones públicas, sobre la financiación autonómica y las prestaciones sociales de las comunidades autónomas, y otro sobre las políticas contra la exclusión social. Lo planteó como un método de trabajo para elaborar los nuevos Presupuestos que permita desarrollar un consenso amplio que conduzca a una mayoría parlamentaria que los apruebe. Se evitaría así un rechazo o una aprobación problemática que expondría al país a ser desacreditado ante la Unión Europea y los inversores internacionales. 

46.- Un nuevo debate energético para España. También lo planteó Zapatero en su conversación con EL ESPAÑOL. “Un gran debate”, dijo. Si el petróleo sigue su trayectoria ascendente, la factura petrolera de España se incrementará y eso desequilibrará de manera radical nuestra balanza comercial. Salvo que se siga invirtiendo en energías renovables, cada vez más baratas y eficientes, las alteraciones en el precio del crudo pueden acabar con el virtuoso superávit que han exhibido por tres años consecutivos las cuentas españolas.