El Gobierno de Mariano Rajoy ya no tiene el pretexto de estar en funciones para dejar de hacer los ajustes y las reformas que le pide Bruselas. Apenas cuatro semanas después de la toma de posesión del nuevo Ejecutivo español, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, viaja a Madrid para recordarle a Rajoy la larga lista de deberes pendientes en materia económica y reclamarle que acelere las medidas para reducir el déficit público y combatir el paro. Una vez resuelto el largo periodo de bloqueo político, Juncker quiere además que España asuma más protagonismo en la Unión Europea, en plena crisis existencial por el brexit y el auge de los populismos.
Juncker llega a Madrid
Es la tercera visita de Juncker a España desde el inicio de su mandato en noviembre de 2014, pero la primera puramente bilateral. En marzo de 2015, el presidente de la Comisión asistió a una cumbre con Francia y Portugal para impulsar las interconexiones energéticas. En octubre de ese año, participó en la cumbre del PP europeo en Madrid. Durante los once meses que el Gobierno ha estado en funciones, los contactos oficiales de alto nivel se han reducido al mínimo. Durante su viaje, Juncker se reúne con Rajoy, con el rey Felipe VI y con la presidenta del Congreso, Ana Pastor. No tiene previsto ningún contacto con el resto de partidos políticos.
El equipo de Juncker niega que su intención al visitar Madrid de manera tan apresurada sea presionar a España en la negociación de los Presupuestos para 2017. La UE exige que el plan presupuestario cumpla el objetivo de reducir el déficit hasta el 3,1% del PIB y que incluyan un ajuste estructural (es decir, medidas permanentes de recorte del gasto o aumento de impuestos) equivalente a más de 5.000 millones de euros (el 0,5%). Y recomienda como media preferente una subida del IVA.
El presidente de la Comisión preguntará a Rajoy cómo van las negociaciones con el resto de partidos y cuándo piensa que podrá enviar a Bruselas el borrador de las cuentas públicas. Pero no tiene intención de inmiscuirse en la "discusión política española", según las fuentes consultadas. "Juncker no va a Madrid a hacer los Presupuestos, va a establecer contacto con el nuevo Gobierno y ellos saben cómo hacerlo", asegura un alto funcionario. Para el Ejecutivo comunitario, la continuidad de Luis de Guindos al frente del ministerio de Economía es la mejor garantía.
"No hay urgencia ni presión", insiste el funcionario. Es más, el equipo de Juncker presume de que fue el presidente del Ejecutivo comunitario el que salvó a España en julio de la multa de 2.000 millones de euros por haber incumplido el objetivo de déficit de 2015 y se impuso a las presiones de los comisarios del ala dura, como el alemán Günther Oettinger, el finlandés Jyrki Katainen o el letón Valdis Dombrovskis. Además, España acaba de librarse también de la congelación de 1.300 millones de euros en fondos estructurales. "Madrid y Lisboa saben perfectamente lo que hizo Juncker para parar las sanciones, no hace falta decirlo", afirman las fuentes consultadas.
Pero aunque lejos del foco público, las presiones de Bruselas para que el Gobierno de Rajoy acelere la negociación presupuestaria continúan. Si no se adoptan nuevos ajustes, España registrará el déficit público más alto de toda la UE en 2017 y 2018, lo que le convierte en especialmente vulnerable a cualquier cambio en el sentimiento de los mercados.
El Ejecutivo comunitario espera que el Consejo de Ministros de este viernes apruebe ya, junto con el techo de gasto, el plan presupuestario que le exige la UE con las grandes líneas de las cuentas públicas de 2017, según explica a EL ESPAÑOL otro alto funcionario europeo. Ello obligará al Gobierno a destapar sus cartas en materia de ajustes. Rajoy ha dicho que, pese a las recomendaciones europeas, no tocará ni el IVA ni el IRPF. Según los cálculos de Bruselas, los Presupuestos estarán aprobados de forma definitiva en marzo.
El ministro Guindos tiene previsto dar explicaciones al Eurogrupo del próximo lunes sobre las intenciones del nuevo Gobierno en materia de política presupuestaria. Una vez que lleguen a Bruselas, la Comisión deberá dar su veredicto sobre las cuentas públicas españolas. Cualquier nuevo incumplimiento reactivaría el proceso de sanciones, con una multa reforzada de hasta 5.000 millones de euros y suspensión de ayudas europeas.
España y el plan Juncker
Otra de las preocupaciones de Juncker sobre España es la elevada tasa de paro, que pese al descenso de los últimos meses sigue siendo la segunda más alta de la UE (19,3%) y duplica la media comunitaria (10%). Como hace cada vez que visita un país miembro, el presidente del Ejecutivo comunitario pedirá también a Rajoy que presente más proyectos para financiar con el Plan de Inversiones que lleva su nombre, y cuya prórroga y ampliación hasta 500.000 millones de euros acaba de ser aprobada por los 28.
España es hasta ahora el cuarto país que más se beneficia del Plan, con un total de 3.252 millones de euros recibidos con el fin de movilizar una inversión de hasta 21.700 millones. Le superan Italia, Francia y Reino Unido. No obstante, es el país que más financiación ha recibido para infraestructuras de innovación (2.900 millones).
Además de la agenda económica, Juncker pedirá a Rajoy que, tras los 11 meses de interinidad y ausencia en la escena comunitaria, asuma un papel más activo en la Unión Europea y en el debate sobre su futuro tras el brexit. En particular, Bruselas cree que la política migratoria de España puede servir de modelo, sobre todo los acuerdos que tiene con países de origen como Mauritania y Senegal. La UE ya ha cerrado un pacto migratorio con Turquía y negocia otros similares con Níger, Nigeria, Senegal, Mali y Etiopía. Pero el Ejecutivo comunitario también espera el apoyo de España en otros proyectos como el refuerzo de la cooperación en defensa, la seguridad o la energía.
El desafío independentista en Cataluña "no es un tema de especial preocupación" para Juncker, que considera que se trata de "un asunto puramente español". Pero la posición de Bruselas al respecto no ha cambiado: si Cataluña proclamara unilateralmente su independencia quedaría automáticamente fuera de la UE y tendría que pedir de nuevo su ingreso, que debería ser aprobado por unanimidad por el resto de países miembros.