Carmena recurre: intentará que los funcionarios de Madrid trabajen 35 horas semanales

“Se nos mira con mucha atención”, ha dicho la gerente del Ayuntamiento de Madrid, Carmen Román, antes de anunciar que el Gobierno de Manuela Carmena recurrirá la suspensión de la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La Justicia tumbó la reducción laboral dictada por el Ejecutivo madrileño y, aunque la decisión es cautelar, la alcaldesa dispone de diez días hábiles para dar marcha atrás e instaurar de nuevo la semana de 37,5 horas.

"Creemos que nuestra posición es correcta"

“No hacemos quinielas, no sabemos qué pasará, pero interponemos el recurso porque creemos que nuestra posición está bien fundamentada jurídicamente”, ha expresado el Consistorio.

Mientras tanto, el Gobierno madrileño se compromete a “acatar” la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la vez que se reúne con las mesas sindicales, que alzaron la voz en busca de la semana de 35 horas. “Son nuestros compañeros de este viaje y debemos informarles”.

Con la suspensión, el TSJM accedía a la petición de la Abogacía del Estado, que se acogía a la Ley de Estabilidad Presupuestaria para solicitar la paralización de las semanas de 35 horas.

Igual que País Vasco y Castilla-La Mancha

La suspensión sufrida por Carmena se une a las de País Vasco y Castilla-La Mancha, que implantaron la medida con el mismo resultado.

El TSJM, en su resolución, se apoya en el Tribunal Constitucional para dictar la suspensión cautelar y cita: “El Estado tiene competencia para establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, expresión que ha de entenderse referida a los de todas las Administraciones Públicas”. También describe la fijación de una jornada mínima que conlleva, por su propia naturaleza, “una prohibición de que la jornada laboral en el sector público pueda ser inferior a 37,5 horas semanales”.

La intención de Carmena, compartida por otros Gobiernos como los citados de País Vasco y Castilla-La Mancha sería posible con un cambio legislativo que ya piden los sindicatos. Varios de ellos se han reunido con Hacienda, todavía sin resultado.