El espionaje contra los Pujol que nadie asume

La pelea por las licencias de juego en Cataluña se saldó en 2001 con una guerra encarnizada entre empresas y políticos. Tanto que unos y otros intentaron blindarse encargado investigaciones privadas contra el bando contrario. En ese entorno, tal y como reveló EL ESPAÑOL, se filtraron los correos electrónicos de Jordi Pujol Ferrusola cuya procedencia investiga ahora la Audiencia Nacional. El mismo marco en el que tendrá que declarar como testigo el número dos de la policía y otros mandos policiales, denunciados además por el detective Francisco Marco. 

El propietario de Método 3 fue el primero en recibir el encargo en mayo del año 2000 y proveniente de una asociación empresarial impulsada por una empresa de juegos de azar. El encargo consistía en investigar las cuentas y el patrimonio de Jordi Pujol i Solei, su primogénito y sus principales colaboradores.

En su libro El Método Confidencial, el responsable de la agencia de detectives Francisco Marco desvela que, tras sentirse incómodo con el encargo y ante el riesgo reputacional de negarse, presentó para el encargo un presupuesto inflado tres veces por encima del precio de mercado. En total, Marco pasó una previsión de 300.000 euros para investigar a los Pujol. El objetivo según su versión era en realidad que el cliente, por su propia cuenta, buscara otra alternativa para realizar las pesquisas. Y lo consiguió.

Segunda negativa

En octubre de 2000, cinco meses después del primer encargo denegado, la petición de investigar al clan Pujol fue trasladada a una nueva agencia, gestionada esta vez por la detective catalana Maite Francés. La investigadora privada presentó un presupuesto más realista, y solicitó incluso una pequeña provisión de fondos. Un dinero que devolvió 27 días después -tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL- tras recibir informaciones alarmantes sobre la intención de sus clientes. Es decir, que Francés tampoco terminó realizando el encargo y no tiene más relación con el caso. 

Tal y como reveló este diario y al contrario de lo declarado por varios responsables policiales en la Audiencia Nacional, la filtración de estos correos electrónicos provino de empresarios y colaboradores cercanos al propio círculo de Jordi Pujol Jr. Así al menos lo han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes que manejaron esta información en aquellas fechas.

Aun así, todavía quedan sombras en el caso. Interrogantes como la manera en la que esta información terminó en manos de la brigada de Inteligencia adscrita al DAO y controlada, según la declaración del ex número dos de la Policía Eugenio Pino, por el comisario Marcelino Martín Blas. Las primeras versiones apuntaban al juzgado que investigó y archivó después la causa contra Francisco Marco en Barcelona. Algo que fue descartado. De hecho, el propio Marco ha mandado un escrito a la Audiencia Nacional denunciando a distintos responsables policiales por involucrarles en el caso. 

Por ello, el juez De La Mata ha citado a declarar tanto a Pino, como a su exsubalterno Martín Blas, con la esperanza de que alguno de ellos arroje luz sobre la procedencia de la documentación.