El 'caso Aznalcóllar' salpica a dos altos cargos de Susana Díaz

La investigación por el presunto amaño en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar sigue dando pasos después de que el caso fuera reabierto el pasado mes de octubre. El juzgado sevillano que instruye la causa ha ordenado intervenir 17 cuentas de correos electrónicos de funcionarios y altos cargos de la Junta de Andalucía que participaron en el concurso minero que ganó en febrero de 2015 el consorcio Minorbis-Grupo México. La Guardia Civil ya está investigando el cruce de emails.

Entre esas 17 personas bajo sospecha, la mayoría de ellas adscritas a la Consejería de Empleo, están los nombres de tres altos cargos que están o han estado en el Gobierno andaluz de Susana Díaz. Dos de ellos siguen en activo: María José Asensio, viceconsejera de Empleo y exdirectora general de Minas (imputada); y Vicente Fernández, interventor general de la Junta de Andalucía y exsecretario general de Industria, Energía y Minas; mientras que un tercero ya no ejerce ningún cargo en la Junta: Luis Nieto, exviceconsejero de Empleo.

La orden de intervención de estas cuentas de correo electrónico viene del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que en un auto fechado el pasado 9 de febrero levantó el secreto de sumario que, hasta la fecha, pesaba sobre el caso. En este escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la juez Patricia Fernández Franco expone que desde el 27 de enero, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) tiene orden de “rastrear y estudiar” estos 17 correos.

La Junta en el punto de mira

La función de los investigadores es centrarse en aquellos emails que se ciñan “única y exclusivamente a los aspectos que puedan ser relevantes para la presenta causa” y se encuentren en el período de tiempo comprendido entre 2013 y 2016. Hace aproximadamente dos semanas, los agentes de la UCO se personaron en instalaciones de la Consejería de Empleo para reclamar toda esta documentación.

El caso Aznalcóllar se remonta a febrero de 2015, cuando la empresa sociedad Emerita Resources, ofertante al concurso internacional minero de este pueblo sevillano, presentó una denuncia contra la Junta de Andalucía por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude por la resolución de esta licitación. A su juicio, el proceso fue “absolutamente irregular y contrario a Derecho”.

El Juzgado de Instrucción número 3 abrió una investigación y, tras numerosas diligencias e imputaciones, decidió archivar la causa en diciembre de 2015. La sociedad demandante, en desacuerdo, recurrió ante la Audiencia de Sevilla, quien ordenó a la juez de instrucción seguir con la investigación desde el punto de vista exclusivo, eso sí, de si la Junta cumplió con el procedimiento administrativo de contratación.