"¿Es que tenemos que obligar a toda la Administración pública del Estado, en cualquier lugar de España, a tramitar en catalán, valenciano, vasco o gallego los expedientes de los ciudadanos, con independencia del lugar de su residencia? ¿Es que hay que obligar a todos los servicios de juzgados de España a traducciones de todos esos idiomas?" Estas dos preguntas quedaron inmortalizadas en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados.
Era marzo de 2006 y José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba en España cuando el grupo de Esquerra Republicana presentó una proposición de ley (aquí en pdf) que pedía declarar cooficiales al catalán, euskera y gallego en el ámbito de la administración central, en las comunidades donde se hablan esas lenguas y también en las demás. El objetivo de ERC era que un ciudadano pudiese dirigirse a las instituciones en una de las lenguas cooficiales distintas del español, que se tradujeran los principales documentos del Estado y que se promoviese su uso en las instituciones españolas y europeas.
Las preguntas las lanzaba al aire el entonces diputado en el Congreso Ramón Jáuregui, hoy portavoz en la Eurocámara, antes de que el PSOE, junto con el PP y Coalición Canaria, tumbaran una iniciativa.
En la propuesta presentada esta semana, los socialistas reclaman que se pueda obtener el DNI, pasaporte o permiso de conducir bilingüe en cualquier comunidad autónoma y la posibilidad de dirigirse a organismos como la Casa del Rey o el Tribunal Constitucional en una lengua cooficial, además de ser aceptados en los juzgados los documentos en lengua distinta del español. Todas esas medidas están contempladas en la iniciativa que hace 11 años presentó ERC, así como la información del Estado en lenguas cooficiales (a través de rótulos o publicaciones como páginas web), la traducción del software que utilicen los funcionarios o la creación de un organismo que velase por el cumplimiento de la ley.
"El castellano es el idioma oficial y único"
La propuesta del PSOE, una iniciativa que concita tanto el apoyo de la Gestora como del PSC, cuyas relaciones han sufrido una convulsión en los últimos meses, coincide en su mayoría con las reivindicaciones de los nacionalistas. Pero entonces, el PSOE se opuso.
"El texto constitucional ya ha sido desarrollado y lo ha sido con arreglo a la cooficialidad de ambos idiomas en las comunidades bilingües. No se hace imponiendo, pues, el multilingüismo en la España que habla castellano", dijo entonces Jáuregui, que argumentaba que ampliar la cooficialidad "no encaja en la Constitución" porque además se trata de "un derecho que tiene un contenido estrictamente territorial". Es decir, que legislando al respecto, el Congreso podría incumplir tanto la Constitución como invadir competencias autonómicas. "En el resto del país donde no hay más que una sola lengua el castellano es el idioma oficial y único", zanjó entonces Jáuregui.
Momentos políticos complejos
Noticias relacionadas
- El PSOE impulsa una ley que llenará de traductores de gallego, vasco y catalán la Administración
- No habrá más recursos contra los Ayuntamientos por remitir sus actas sólo en euskera
- La gestora del PSOE interpreta el 'no' definitivo del PSC a Rajoy como una "ruptura unilateral"
- Valencia castigará con menos clases en inglés a los niños que estudien en castellano
- Díaz alienta una ruptura con el PSC que allanaría su camino a la secretaría general