El PP piensa en Pons o Catalá para recuperar Valencia en 2019

Recuperar el edén perdido. El Partido Popular se ha fijado como objetivo reconquistar las plazas más emblemáticas que se dejaron en las elecciones municipales y autonómicas de 2015 por culpa de la crisis y la corrupción. Con la economía más estable y la legislatura en marcha, el gobierno de Mariano Rajoy busca ya entre sus filas a hombres y mujeres con reputación que consigan volver a ilusionar a su electorado.

Valencia es una de las principales obsesiones del PP. Tras la fatídica muerte de Rita Barberá un año después de perder la Alcaldía, la dirección nacional de los conservadores está inmersa ahora en la búsqueda de un "perfil potente" que encaje "en el hueco" que dejó la exalcaldesa y que rompa la tendencia de las encuestas. De hecho, el PP ya no sería la fuerza más votada si mañana mismo se celebraran elecciones municipales, según los datos que refleja el primer Barómetro Municipal de Opinión Ciudadana que ha encargado el Ayuntamiento de Valencia esta semana.

En la dirección nacional del PP son conscientes de que hay comunidades, como la valenciana, donde reconquistar la capital supone también apuntalar el gobierno de la región. En la quiniela de nombres para abanderar las siglas del Partido Popular en la que fue plaza de Barberá destacan dos: el eurodiputado valenciano Esteban González Pons (52 años) y la diputada autonómica María José Catalá (35 años). En Madrid dan por descartado a Luis Santamaría, el candidato que le gustaría a la nueva presidenta del partido en la región, Isabel Bonig.

El portavoz de los populares españoles en el Parlamento Europeo es uno de los candidatos favoritos de Mariano Rajoy. Por cercanía, lo conoce a la perfección porque formó parte de su cúpula hasta 2014. Y porque es “valenciano hasta la médula”, como lo era su amiga Rita Barberá. Sin embargo, el equipo más cercano al presidente del PP destaca un problema a la posible vuelta de Pons al municipalismo: las elecciones autonómicas coincidirán con la cita electoral europea. "¿Y a quién ponemos entonces para Bruselas?", se preguntan.

Las mismas fuentes reconocen la "gran labor" que el europarlamentario popular está desarrollando en las cortes europeas en un momento tan delicado para España como es el brexit. En Madrid entienden que lo mejor es que González Pons permanezca una legislatura más en Bruselas y vuelva a España cuando las aguas estén más calmadas. Aunque la última palabra la tiene el presidente -"y él hará lo que considere más oportuno"- descartan la vuelta del europarlamentario a su tierra. Y en este escenario es cuando resuena con fuerza el nombre de la actual diputada regional María José Catalá.

Su meteórica carrera avala que en Madrid vean con buenos ojos su posible nombramiento como candidata en la capital valenciana: en 2003 entró en la lista local del PP de su pueblo, Torrent, un municipio que formaba parte del cinturón rojo de Valencia; en 2007 se convirtió en alcaldesa y en 2011 volvió a arrasar. Un año después, Alberto Fabra la nombró consejera de Educación. Acababa de cumplir los 30 años.

Gestión municipal

Las encuestas, sin embargo, siguen dando la espalda a los deseos de los populares. El último sondeo que se ha elaborado a partir de 2.211 entrevistas aleatorias realizadas en la calle (según cuotas de edad, sexo y distrito) entre el 22 de febrero y el 8 de marzo arroja un aprobado algo más que raspado –un 5,7- a la gestión del gobierno municipal que comparten Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú.

El barómetro es básicamente una encuesta sobre la percepción de la gestión de cada uno de los departamentos municipales, pero también dedica una parte a analizar la intención de voto en un momento en el que el gobierno local se acerca al ecuador del mandato. Así, la encuesta deja al PP de Valencia con una intención de voto de solo el 15,6% (obtuvo un 25,7% de los votos en las últimas municipales y un 52,5% en las de 2011). Esto implicaría que, por primera vez desde 1995 -año de la primera mayoría absoluta de Rita Barberá-, los populares no serían la fuerza más votada en la ciudad. Con apenas margen de diferencia pero con una décima por delante (15,7), Compromís arrebataría el puesto hegemónico del PP tras tres décadas. El alcalde, Joan Ribó, pertenece a esta formación.

El sondeo da también una garantía al cambio. Los partidos que actualmente gobiernan en el Ayuntamiento congregan el 35,3% de la intención de voto frente a un 20,9% que sumaría el PP con Ciudadanos. El llamado gobierno del cambio repetiría mandato en base a este barómetro. Y ello a pesar de que, siguiendo el estudio, un 35,7% declara ubicarse en el centro político (los que entre una escala del 1 al 10 se han situado en los puestos 4, 5 y 6). De los entrevistados, un 26,6% votó a la confluencia de Compromís y Podemos en las últimas generales.

En la intención de voto analizada por este barómetro (realizado sin cocina), también hay un amplio margen para futuros cambios, puesto que el 15,5% son indecisos y otro 13,8% no ha contestado a las preguntas. El error del muestreo se ha fijado en un 2,32%.

UN AÑO EN EL LIMBO

El vuelco en intención de voto en la ciudad de Valencia se produce en un contexto en el que el Ayuntamiento se ha convertido en uno de los focos de la Operación Taula contra la corrupción en la que se investigan ramificaciones en la Administración local, provincial y autonómica. Todos los concejales populares salvo uno están imputados por el llamado pitufeo, acusados de haber participado en una supuesta operación de blanqueo de dinero en el grupo municipal aportando 1.000 euros que les habrían sido devueltos en metálico con dos billetes de 500.

La propia presidenta del partido en la Comunidad Valenciana, Bonig, pidió públicamente a los concejales que dimitieran tras su imputación. Pero ellos se aferraron al puesto y se mantienen desde hace un año como independientes tras haber sido suspendidos de militancia. El terremoto político dejó al PP de la ciudad de Valencia con una gestora dirigida por el diputado autonómico Luis Santamaría.

El pasado 30 de marzo, el Ayuntamiento de Valencia celebró un pleno tras cerrar la comisión de investigación sobre las implicaciones de Taula en el que los partidos del gobierno municipal reclamaron de nuevo el acta a los ediles imputados.