Velasco le ofreció a González apartarse de la causa porque la Comunidad contrató a la esposa del juez

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se ofreció a abandonar la investigación sobre Ignacio González momentos antes de tomar declaración al expresidente madrileño. Fue a las siete de la tarde del pasado viernes cuando el magistrado planteó directamente su recusación a González. ¿El motivo? Una grabación interceptada por la Guardia Civil en el marco de la Operación Lezo en la que el hombre fuerte de Esperanza Aguirre aseguraba que Velasco podría estar contaminado para investigarle, ya que la Comunidad de Madrid, con González al frente, contrató a la esposa del juez para que prestara servicios legales tras una presunta petición del juez.

Para zanjar el asunto y antes de contaminar la causa frente a González, según fuentes del caso consultadas por EL ESPAÑOL, el juez Velasco le preguntó directamente si pensaba, tanto él como su letrado, que debía apartarse de la investigación, si pensaban recusarle, si alguna vez se habían reunido para alguna cuestión de este tipo y si pensaban que su objetividad podía estar comprometida. La respuesta fue negativa a todas las preguntas, tanto por parte de González como por la de su letrado, Esteban Mestre.  

Tras esta respuesta, la Fiscalía Anticorrupción se mostró en contra del planteamiento de recusación y el juez, por tanto, zanjó el asunto. Tras este inicio, se desarrolló el interrogatorio, que duró aproximadamente tres horas, y que se saldó con el expresidente de la Comunidad de Madrid ingresando en prisión provisional sin fianza. 

Zanjadas las especulaciones sobre el juez

La propuesta de Velasco y la negativa de González cerró la puerta a las especulaciones entre algunos imputados. Rumores de que la vinculación de la mujer de Velasco con la Consejería de Asuntos Sociales terminaría por ensuciar la investigación y podría generar una falla en busca de la nulidad.

De hecho, fuentes de la investigación vinculan las palabras del González sobre Velasco con el chivatazo sufrido hace dos meses sobre las investigaciones. Al saberse escuchado, González habría dejado pistas falsas y acusaciones contra sus rivales políticos de forma deliberada en sus escuchas telefónicas. Ahora los investigadores deben analizar con detenimiento las conversaciones esos días para determinar la veracidad de algunas afirmaciones.

Presiones a los investigadores

Las palabras contra Velasco se unen a las presiones que juez, fiscales y, en resumen, los investigadores han estado sufriendo para evitar que salieran a la luz estas pesquisas. Ya se conoció que dos días antes de llevar a cabo la Operación Lezo, el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, ordenó a los dos fiscales encargados del caso, Carmen García y Carlos Yáñez, que no llevaran a cabo uno de los registros, para éstos esenciales.

Concretamente, se quiso paralizar que obtuvieran documentación sobre la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001, una sociedad brasileña y que los investigadores sitúan como germen del saqueo del Canal, en la época de Alberto Ruiz Gallardón cuando era presidente de la Comunidad de Madrid. En su declaración ante el juez, González señaló que aunque se podría haber cometido alguna irregularidad, en ningún caso tuvo conocimiento de que la compra de Inassa había sido ilegal.

A pesar de que la compra fue en 2001, el Canal ha estado pagando esa adquisición hasta el año 2012, por un valor muy superior al real (97 millones de euros) y por tanto el delito no habría prescrito. Concretamente, en las escuchas, Ignacio González habla del "robo" de 25 millones de euros por parte de Gallardón o "su gente".

Finalmente, tras mantener la oposición de toda la Fiscalía Anticorrupción en bloque, Moix tuvo que reconsiderar su orden y permitir que sus fiscales apoyaran esa entrada y registro llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) y acordada por el juez Velasco.