El Gobierno sospecha que la Generalitat negocia en secreto la compra de urnas para el 1-O. La Administración catalana declaró recientemente desierto el concurso de adjudicación de urnas para el referéndum separatista al considerar que ninguna de las tres empresas que concurrieron a la licitación cumplían los requisitos de solvencia.

Pero Moncloa cree que Cataluña puede usar un resquicio en el texto refundido de la ley de contratos del sector público del 2011 para realizar la compra sin darle publicidad. El supuesto dice que cuando las ofertas de una licitación no sean adecuadas, “y siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente”, una Administración puede dirigirse a al menos otras tres empresas sin necesidad de dar a conocer el proceso.

Sin publicidad

Es decir, que la Generalitat puede, en teoría, negociar la compra de urnas si mantiene en sus términos el contrato que licitó originalmente. El Gobierno lo sabe y está pendiente para actuar por las vías judiciales pertinentes. La mesa de contratación de la Generalitat está constituida por cargos políticos tras la negativa de los funcionarios a participar. Además, la Fiscalía ordenó querellarse contra la Consejería de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, dirigida por Meritxell Borràs.

Hace un mes, la Generalitat sacó a concurso el contrato de compra de 8.000 urnas con un presupuesto de 200.000 euros. El anuncio se hizo al amparo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), asegurando que las urnas eran, entre otras cosas, para la celebración de elecciones autonómicas. Sin embargo, la Fiscalía actuó al entender que son en realidad para el referéndum.

Una unión temporal de empresas (UTE) formada por Suministros Integrales Futbida SL y Espal World SL y la compañía y Plastic Express SA -todas ellas con sede en Barcelona- se presentaron al concurso. Tal y como informó EL ESPAÑOL, las empresas, sin empleados y muy pequeñas, no tenían la capacidad de cumplir el contrato. Una de ellas se dedicaba a fabricar caballitos de feria, según constaba en su objeto social.

El Gobierno cree ahora que la Generalitat puede utilizar la salvedad que le ofrece la ley de contratos para comprar las urnas sin publicidad y sin tener que revelar la empresa fabricante hasta el último momento.

Sobres y papeletas

Lo que sí ha resuelto ya la Generalitat es el contrato para la fabricación de sobres, papeletas y material electoral. Cinco empresas han ganado la adjudicación. Dos de estas compañías son madrileñas. Se trata de Formsystem Documentos Inteligentes SLU y Tompla Industria Internacional del Sobre SL. Ninguna de las dos empresas ha querido hacer comentarios a este diario sobre su participación en este proceso.

Las otras tres compañías son catalanas y una del País Vasco. Los cuatro lotes adjudicados por la Generalitat corresponden a sobres, papeletas, manual de instrucciones para los miembros de mesas electorales y los impresos electorales. Las cinco compañías tienen acreditada solvencia para cumplir el encargo y son conocidas en el sector.

Según ha anunciado el Gobierno catalán, la papeleta con la pregunta del referéndum estará disponible el 1 de octubre en castellano, catalán y aranés. La Generalitat ha presentado además esta semana la llamada ley de ruptura, con la que pretende dar amparo legal al referéndum y declarar la independencia en 48 horas si gana el sí.

Noticias relacionadas