Cuatro razones del Gobierno para "esperar el momento" de ir contra Puigdemont

El Gobierno no actuará "hasta que no llegue el momento oportuno" contra los nuevos pasos que los dirigentes independentistas catalanes están dando para la celebración del referéndum del 1 de octubre, en el que pretenden preguntar a los catalanes si quieren separarse de España.

Así lo afirman fuentes del Ejecutivo consultadas por EL ESPAÑOL, que explican que, aunque Carles Puigdemont y los grupos independentistas del Parlament están dando "motivos sobrados" para intervenir "y sería posible hacerlo", existen varias razones que aconsejan esperar.

En el Ejecutivo creen que no sería inteligente desde el punto de vista político actuar en los tribunales por la presentación de un proyecto de ley de referéndum. Representantes de Junts pel Sí y la CUP dieron una rueda de prensa en el Parlament y horas después el presidente del Govern protagonizó un acto en un teatro. Pero, más allá de las puestas en escena, el proyecto o la proposición de ley no entró en el registro de la Cámara autonómica, por lo que lo realizado el martes no pasa de ser la expresión de una intención legislativa futura.

"No podemos entrar en su provocación", explican desde el Gobierno. "Ellos, que tienen perdida la batalla en España y están dividiendo a Cataluña, buscan poder presentarse como víctimas de la opresión, especialmente en Europa. Una intervención del Estado por haber presentado en un teatro lo que parece ser un borrador de un proyecto futuro les daría alas para el victimismo".

En segundo lugar, las fuentes consultadas creen que, si desde el Gobierno central se actúa demasiado pronto, los dirigentes independentistas tendrían mucho tiempo, antes del 1-O, para cambiar de estrategia y adoptar otras medidas.

Actos materiales

Hay, asimismo, cuestiones de relevancia jurídica relacionadas con los cambios que los dirigentes independentistas han ido introduciendo para dificultar las impugnaciones de sus actos por parte del Estado. El Tribunal Constitucional, ya desde la sentencia 138/2015 (la que anuló la consulta del 9N siete meses después de haberse celebrado), admitió que es posible anular, por inconstitucionales, "actos materiales" preparatorios o vinculados a una consulta ilegal, aunque no sean "actuaciones jurídicamente formalizadas".

Era el caso de la web participa2014, que fue un vehículo esencial para la organización del 9N, dar a conocer el proceso a la ciudadanía, articular la actuación de los voluntarios, publicar los resultados, etc.

Esa web pudo ser reconocida con facilidad por el TC como un instrumento institucional al servicio de un objetivo inconstitucional dada su evidente vinculación con la Generalitat. Pero en el sitio informático creado ahora, garanties.cat, cuya puesta en marcha se vincula en los medios a la Generalitat, no figura, sin embargo, el logo de ninguna institución y se cita, en cambio, al grupo parlamentario de Junts pel Sí, que, como tal, nunca ha sido requerido por el TC para que se abstenga de intervenir en el proceso secesionista unilateral.

Ello obliga a una labor de comprobación y a ser más cuidadosos en una posible impugnación ya que, según las fuentes consultadas, "no nos podemos permitir dar pasos en falso".

Finalmente, desde el Gobierno se considera que una actitud "prudente" y "de aguantar el pulso" obligará a los dirigentes independentistas a dar nuevos pasos que facilitarán la adopción de "las medidas que corresponda", de orden constitucional, penal o administrativo. Pero todo ello "en el momento oportuno".