Rajoy prepara 3 Consejos de Ministros en una semana para impedir el referéndum

El Gobierno se prepara para celebrar tres Consejos de Ministros -dos de ellos extraordinarios- la próxima semana para impedir el referéndum separatista en Cataluña. Es el escenario que ahora mismo maneja Moncloa, que da por hecho que el Parlament aprobará el miércoles la convocatoria del 1 de octubre y probablemente el jueves la llamada ley de Transitoriedad. Las dos normas serán recurridas inmediatamente al Tribunal Constitucional, que si se reúne con rapidez puede suspenderlas antes de que se voten en la cámara catalana.  

"Estamos a la espera porque los plazos se han ido incumpliendo sistemáticamente", dicen desde el entorno del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Pero lo más probable es que la semana que viene se precipiten los acontecimientos".

El Gobierno, por medio de la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, ha intensificado los contactos con el PSOE y Ciudadanos para informar de sus planes e intercambiar información. "Han estudiado varios escenarios y desde luego están determinados a impedir el referéndum", aseguran desde estos partidos. Rajoy convocará sendos Consejos de Ministros extraordinarios para recurrir las dos leyes nada más se admitan a trámite por la Mesa del Parlament.

Recursos preparados

El contenido de las leyes es conocido porque Junts pel Sí y la CUP hicieron públicos los borradores. La Abogacía del Estado ha tenido tiempo de trabajar los argumentos jurídicos de los recursos, que se presentarán como un incidente de ejecución de la sentencia del 9-N. Algunos juristas consultados no descartan incluso que si el Tribunal Constitucional se reúne con la suficiente celeridad (algo complicado), las leyes puedan estar suspendidas cautelarmente antes incluso de que las vote el Parlament. Los diputados de partidos constitucionalistas no participarán en esa votación. 

"Bien se suspenda antes de votar, bien después de la votación, las leyes se van a suspender", explica un diputado de la oposición en Cataluña.

El consenso general es que el independentismo utilizará la vía del Parlament y no un decreto del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, ha convocado la Mesa del Parlament el martes. Pero no ha incluido en el orden del día ni la ley de Referéndum ni la de Transitoriedad, pese a que Ciudadanos había pedido por escrito que se incluyera al menos la del 1-O.

Tanto la oposición en Cataluña como el Gobierno dan por hecho que Forcadell volverá a reunir la Mesa el miércoles y forzará un cambio en el orden del día del pleno. Forcadell no utilizará el reglamento exprés, ya suspendido, porque cometería un delito. El independentismo invocará el artículo 81.3 de ese reglamento del Parlament para tramitar la ley de forma urgente. La oposición tratará de impedirlo. Y en ese impasse es cuando Rajoy convocará el Consejo de Ministros y llevará la ley al Constitucional. La cuestión es si la suspensión se producirá antes o después de la votación.

El mismo modus operandi, dicen en Moncloa, puede repetirse el jueves con la ley de Transitoriedad: Mesa extraordinaria, cambio en el orden del día y votación. El Gobierno volverá a responder con un Consejo de Ministros y el recurso al TC. El tercer Consejo de Ministros de la semana sería el habitual de los viernes.

Antes de la Diada

Así como Rajoy está plenamente convencido de que la convocatoria del referéndum se hará el miércoles, el presidente tiene más dudas con la ley de Transitoriedad. El compromiso que adquirió la mayoría independentista de la Cámara fue aprobarla antes del 1-O. Y todavía hay un margen que Puigdemont no tiene con la convocatoria de la consulta, que quiere tener aprobada antes de la Diada del 11 de septiembre.

"Puede ser que fuercen la máquina la semana que viene o dejen pasar una semana", dicen. "Hay preocupación en los altos cargos del Govern y creo que un alto grado de improvisación. El referéndum irá la semana que viene sí o sí. La transitoriedad ya veremos", añaden fuentes parlamentarias catalanas.

Si la Generalitat (como ha dicho), desobedece, España entra en territorio desconocido. Las autoridades catalanas apenas han sorteado las prohibiciones del TC con debates parlamentarios sobre su derecho a declararse independientes. Pero si tras la suspensión, se toman decisiones organizativas como comprar urnas, papeletas, colegios o movilización de funcionarios, la lista delitos en los que incurriría la Generalitat sería interminable. Y las consecuencias, imprevisibles.

Turull: "La gestión de los tiempos la manejamos nosotros"

Por su parte, el portavoz y consejero de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Jordi Turull, ha respondido que "la gestión de los tiempos y los anuncios sobre el referéndum los manejamos nosotros, con el gran objetivo y determinación de garantizar que el 1 de octubre se vote, y se a votar".

Turull ha repetido que para él firmar la ley del referéndum "no es un problema, es un auténtico honor".

"Es mi caso -ha añadido- y el de los 72 parlamentarios de Cataluña (los de Junts per el Sí, más la CUP). No hay problema para firmar la ley ni el decreto de convocatoria. Cuando has dedicado tu vida política a esta causa, tener el privilegio de firmar la ley es un honor".

El portavoz no tiene miedo a las repercusiones de la firma: "Delante de estas amenazas, te reafirmas más en la defensa de lo que vamos a hacer. Mi patrimonio son mis convicciones personales, y quiero seguir mirando a los ojos a mis hijas. Al Gobierno de Cataluña y a los parlamentarios de Junts per el Sí lo que único que nos preocupa es que nos inhabilite el pueblo de Cataluña".

"Es lamentable que para poner unas urnas haya un Estado que nos amenace, pero, como lo hemos visto todo, tampoco nos sorprende. Hemos intentado comprar urnas por el mismo procedimiento administrativo que la Junta de Andalucía y nos han presentado una querella", ha subrayado.

Ya hemos visto, asegura, cómo funciona el Gobierno de España y el Tribunal Constitucional: "Se coordinan, se reúnen a tal hora tal día. Por eso he dicho que la vicepresidenta del Gobierno, la señora Sáenz de Santamaría, es de facto la presidenta del TC: dice a qué hora se reúnen y cómo lo tienen que enfocar. La separación de poderes ha saltado por los aires hace tiempo".