El golpe de Puigdemont avanza con la aprobación de la ley de ruptura con España

La Generalitat de Cataluña consumó en la madrugada de este viernes su golpe a la legalidad vigente con la aprobación de la ley de Transitoriedad por el Parlament. La norma pretende crear un nuevo espacio jurídico que permita a Cataluña soltar amarras con España sin que nadie pierda, eso sí, su nacionalidad española ni su ciudadanía europea. La ley entraría en vigor si el sí gana el referéndum del 1 de octubre. Pero la mayoría independentista de la cámara catalana decidió aprobarla sin esperar al resultado, con 71 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones. El portavoz del Govern, Jordi Turull, dijo tras la suspensión del referéndum por el Tribunal Constitucional que seguirán adelante "truene, nieve o haga mucho viento".

Por segundo día consecutivo, el independentismo recurrió a la madrugada para dar su golpe. Así lo definió horas antes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su primera respuesta pública a los acontecimientos que están teniendo lugar en Cataluña. Fue un discurso grave con avisos a Carles Puigdemont, pero también templado. Rajoy dijo que "ante los ojos de toda Europa y del mundo" se ha perpetrado "uno de los mayores golpes que han recibido las instituciones catalanas en toda su historia".

Golpe desde las instituciones

A Rajoy se sumó Albert Rivera. El líder de Ciudadanos calificó el referéndum separatista de "golpe a la democracia". La presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, habló de "golpe al orden constitucional y democrático". Más expeditivo fue el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que definió lo ocurrido como un "golpe de Estado". El exministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, explicó que el proceso de ruptura no tiene precedentes, porque se trata de un "golpe de Estado perpetrado por instituciones que tienen su legitimidad en la Constitución".

Ni las advertencias, ni la batería de recursos al Constitucional, ni la coincidencia casi unánime del bochornoso espectáculo del día anterior cambiaron nada. El independentismo empezó la madrugada del jueves con el president Puigdemont y su Gobierno firmando la convocatoria del 1-O y terminó la madrugada del viernes retorciendo de nuevo el reglamento del Parlament para sacar adelante la ley de Transitoriedad.

El debate siguió el mismo patrón que el del referéndum el día anterior. Es cierto que la presidenta Carme Forcadell estaba prevenida. Pero el empeño de la mayoría por recortar los plazos existentes y anular los derechos que asisten a la oposición convirtieron el Parlament en otro guirigay. Ciudadanos, PSC y PP trataron sistemáticamente de hacer ver a Forcadell y al independentismo que nada de lo que hacen tiene el menor sentido democrático.   

El pleno se interrumpió hasta en cuatro ocasiones. El cansancio provocó momentos que, por kafkianos, parecían alucinaciones. Marta Rovira, portavoz implacable de ERC, apeló a la Constitución española para defender su derecho a aprobar esa ley de la forma que le plazca. El diputado de izquierdas Joan Coscubiela fue aplaudido por la bancada del PP -además de la de Ciudadanos y PSC- y ninguneado por parte de su grupo parlamentario. Rovira llamó filibustera a la oposición. A mucha honra, le dijeron. 

Puigdemont ignora al TC

Todo esto ocurrió antes de que el TC anunciara la suspensión del referéndum a última hora de la tarde. Las denuncias sistemáticas de la oposición por ver conculcados sus derechos llevaron el pleno hasta la noche. Sólo en ese momento se votó la admisión a trámite de la ley. Tras conceder un plazo de enmiendas de dos horas, el pleno se reanudó a las 23 horas con el debate y la votación definitiva. El proyecto de constitución temporal de Cataluña no fue defendido por nadie. Ni de Junts pel Sí ni de la CUP.

Los partidos de la oposición, como sucedió en la víspera con la ley del referéndum, abandonó el hemiciclo. Ni PP, ni PSC ni Cs asistieron a una votación que acabó con 71 votos a favor de  la aprobación, 10 en contra y 0 abstenciones. Inés Arrimadas, durante el debate previo, aseguraba que "han roto todos los puentes, han quemado todas las naves y ese es el mayor error que van a cometer para no conseguir nada ni contentar a los suyos. Está situación se a va a revertir pero vamos a tardar años". En el mismo sentido apuntó a Iceta, que aseguró que lo de esta noche "liquida la Constitución y el Estatut".

Tras la suspensión del TC, los apercibimientos del tribunal a casi 1.000 cargos en Cataluña (Govern, alcaldes, diputados) y las querellas anunciadas por la Fiscalía, Puigdemont dijo que "ningún tribunal" ni un "tsunami de querellas" suspenderán la democracia en Cataluña. Su portavoz Turull, dijo que seguirán adelante "truene o nieve". El Gobierno cree que esa democracia ha sido conculcada en Cataluña, atropellando los derechos y libertades de las personas. 

"No suspenderán la democracia en Cataluña, ningún consejo de ministros, ningún tribunal, ni ningún órgano desprestigiado", dijo Puigdemont en 8TV.

La Generalitat dice que más de 400 ayuntamientos, de los casi 950 que hay en Cataluña, ya han mostrado su adhesión al referéndum y cederán sus espacios para celebrarlo. El Gobierno por su parte dice que no lo permitirá y envió cartas a interventores y secretarios municipales para recordárselo.