La estampida masiva de empresas catalanas, la desmovilización en las calles y las evidentes grietas en las filas separatistas hacen pensar al Gobierno que la crisis política en Cataluña está a un paso de resolverse. Lo que quiere Moncloa es cerrarla bien. El Ejecutivo ultima ahora varios planes ante distintos escenarios para no cometer los errores del 1-O.

Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no abandona su plan el martes, Mariano Rajoy tiene previsto, por un lado, convocar un Consejo de Ministros extraordinario para iniciar los trámites del 155 y, por otro, comparecer en el Congreso a petición propia.

Guerra económica

El Gobierno respira aliviado. El relato del independentismo se ha hundido en las últimas 48 horas. El miedo de los catalanes y la resistencia activa de los ciudadanos en el resto del país han detonado la estampida de empresas catalanas y un histórico cambio de domicilio social de los bancos Sabadell y La Caixa. Las autoridades catalanas se han lanzado a una búsqueda frenética de mediadores internacionales. Pero todas las puertas están cerradas.

Puigdemont ha pedido comparecer el martes en el Parlament, el mismo lugar en el que hace un mes -con los plenos de la desconexión- se inició el desafío que ha puesto en jaque al Estado. Ante la cascada de deserciones y las evidentes divisiones del bloque separatista (PDeCAT, ERC y la CUP), es difícil prever la salida a esta crisis.

Rajoy contempla tres escenarios posibles. Según estas fuentes, dos de ellos supondrían la activación del artículo 155 y la suspensión de la autonomía catalana. Las opciones de Puigdemont, según Moncloa, son: abandonar y convocar elecciones, hacer la declaración unilateral de independencia el mismo martes o dejar la declaración en suspenso, posponiendo su entrada en vigor para dentro de unos meses.

El entorno de Rajoy cree que elegirá la última, que no estaba prevista en las leyes de referéndum y transitoriedad aprobadas por el Parlament y suspendidas por el Tribunal Constitucional. La brecha del separatismo es ahora demasiado evidente como para forzar la declaración unilateral. Tampoco parece creíble que Puigdemont abandone después de haber llegado tan lejos. Así que la fórmula de dar una patada hacia adelante es ahora la más factible. 

Tanto si hay declaración unilateral como si es en diferido, el Gobierno iniciará los trámites del 155. Lo hará previo acuerdo de un Consejo de Ministros extraordinario, que se celebrará el martes por la noche o el miércoles. El Gobierno, tal y como prevé la Constitución, enviará a un requerimiento a Puigdemont para que avenga al cumplimiento de la legalidad. En caso de no ser atendido, el Gobierno podría convocar el pleno del Senado y aprobar por primera vez en la historia democrática de España la suspensión del autogobierno de una comunidad autónoma.

155 y elecciones

Rajoy pedirá también comparecer a petición propia en el Congreso, probablemente el viernes, para dar cuenta de la iniciativa y los siguientes pasos. Fuentes de Gobierno han explicado reiteradamente que el 155 es un mecanismo inédito. Y Moncloa tiene varios borradores preparados en función de la gravedad de los acontecimientos. El desarrollo del 155 sería más duro si responde a una declaración unilateral que si, por ejemplo, se produce ante esta independencia en diferido por la que ahora mismo se inclina Puigdemont.

Lo que no va permitir el Gobierno es que la actual Generalitat, que tiene por delante un calvario judicial, se guarde sine die la independencia como una espada de Damocles. La idea de Rajoy es que la Administración central restablezca el orden constitucional lo antes posible y se celebren elecciones autonómicas en Cataluña a la mayor brevedad. Probablemente en la primavera (marzo) del 2018. El jefe del Ejecutivo sigue barajando la posibilidad de hacer coincidir generales y catalanas, tal y como adelantó EL ESPAÑOL. 

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