Catalá no descarta la prisión para Puigdemont, pero "no sería algo inmediato"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha considerado que el procedimiento que se ha abierto, en referencia a la comisión del Senado a la que Carles Puigdemont acudirá para realizar sus alegaciones, significa la oportunidad de que el president se explique. En una entrevista en RNE, Catalá ha dicho que Puigdemont "se ha negado al diálogo en numerosas ocasiones y que pueda comparecer en el Senado en una crisis tan importante es una buena oportunidad para solucionar los problemas".

El hecho de que acuda, es a juicio del ministro, "el síntoma de una actitud positiva". "Aunque lo que importa es el fondo. Si la comparecencia es para ratificar sus posiciones, lamentablemente no podremos ir más que con las medidas que el Gobierno ha acordado" para aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Preguntado por si una declaración unilateral de independencia conllevaría prisión para los dirigentes del Govern, Catalá ha matizado que "no sería así de inmediato", pero desde luego estamos ante "una violación de las leyes". "Ponerse en contra de la Constitución es una violación flagrante de las obligaciones". En este sentido, el titular de Justicia ha comentado que el fiscal general del Estado les dijo ayer que "sería constitutivo de delito".

El ministro ha recordado que "España es una democracia donde los derechos están garantizados, y donde emitir opiniones no es delito, pero adoptar acuerdos y hechos concretos sí tienen trascendencia jurídica".

Elecciones, cese de Puigdemont y asunción de funciones

Más probable que el encarcelamiento de Puigdemont es su cese, lo cual, ha señalado, está entre las medidas acordadas "por incumplimiento flagrante de sus obligaciones constitucionales". Si éste se produjera, quedaría fuera de la Generalitat y el Gobierno de la nación, de manera transitoria, asumirá esa responsabilidad y asegurará el funcionamiento de los servicios públicos. Pero, ¿podría negarse Puigdemont? "Desde el punto de vista formal no y además no tendría ningún sentido". "El día que se le cese perderá todas sus competencias y dejará de tener poder inherente al cargo".

A su entender, lo que se ha producido es un incumplimiento grave de los mandatos constitucionales, pero la solución al problema no solo pasa por la convocatoria de elecciones, "también reconociendo si declaró o no la independencia, cumpliendo las sentencias de los tribunales, etc, cosa que hasta ahora parece que les ha dado igual". "Las elecciones son importantes pero no lo único".

La intervención del Estado en Cataluña, ha apuntado, gira en torno a tres áreas prioritarias: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los sistemas de comunicación y los sistemas económico-financieros. Dichos sectores se irán asumiendo "gradualmente y en función de las necesidades". "Es una situación compleja" porque "no hay precedentes", pero no queda más remedio cuando un Gobierno ha incumplido sus obligaciones". Por ello, el ministro apuesta por aplicar las medidas "con cierta normalidad democrática".

Confianza en los Mossos

Sin embargo, Catalá se muestra convencido de que los Mossos d'Esquadra , como servidores públicos que son, "están comprometidos con el interés general y que abandonan sus ideas políticas en el momento que se ponen el uniforme". "Cuesta pensar que puedan anteponer ideas personales a la defensa del servicio público", ha dicho. Sobre el mayor de los Mossos, Joseop Lluís Trapero, investigado por sedición, ha considerado que "siempre hay que defender la presunción de inocencia, y en este caso también".

El problema es la CUP

El llamamiento de la CUP a la desobediencia civil es entendida en el Gobierno como una salida más de tono de la formación independentista. Para Catalá, "el problema de Cataluña es que el Gobierno de la Generalitat está totalmente influenciado por la CUP, un grupo antisistema, radical que busca alterar nuestro modelo de convivencia". "Es propio de los secesionismos radicales y los demócratas tenemos que manifestarnos en contra", ha concluido.