El exconseller de Exteriores, Raül Romeva, en una imagen de archivo.
Los 34 supervivientes de las embajadas catalanas buscan destino
- De los once centros en el exterior, solo queda abierto el de Bruselas. La Generalitat gastaba más de 7 millones al año en su mantenimiento.
El Gobierno busca destino a los 34 funcionarios dependientes de la Generalitat de Cataluña que hasta el 27 de octubre trabajaban en alguna de las once embajadas de la región repartidas por todo el mundo. El Ejecutivo que lidera Mariano Rajoy ha pedido al 'número dos' de la consejería de Exteriores, Aleix Villatoro, que encuentren un lugar para ellos en alguna dependencia de la Administración regional para que empiecen en sus nuevos puestos a partir del 1 de enero. Solo un funcionario de carrera ha renunciado a ser recolocado.
La primera medida que tomó el Ejecutivo central cuando aplicó el artículo 155 de la Constitución fue cerrar todas las embajadas de Cataluña en el exterior, a excepción de la de la Unión Europea que se sitúa en Bruselas. La Generalitat contaba con once delegaciones gubernamentales en el exterior. Su misión era, en teoría, potenciar las relaciones bilaterales del Govern y propiciar contactos entre las compañías catalanas y el tejido empresarial local.
Sin embargo, el Ejecutivo descubrió que eran piezas clave del aparato propagandístico independentista. Según las cifras que maneja el Gobierno, el coste total de mantener abiertas todas las embajadas repartidas por el mundo ascendía a más de 7,2 millones de euros. Las dos más caras de mantener eran las de Estados Unidos, con sede en Washington (1,1 millones de euros) y la de Bruselas, que costaba exactamente lo mismo.
Cierre de delegaciones políticas, no turísticas
A estas cifras hay que sumar el coste de Italia (730.000 euros), Austria (700.000), Dinamarca (520.000), Polonia (509.000), Francia (490.000), Alemania (462.000), Portugal (450.000) y Croacia, 350.000 euros. El Gobierno ha cerrado las delegaciones políticas, pero en ningún caso ha tocado las delegaciones turísticas, comerciales o culturales.
El Ejecutivo prescindió de 141 personas que trabajaban de forma eventual para consejerías y Presidencia de la Generalitat en cuanto cesó a todo el Govern. En ese paquete entraba también los embajadores catalanes en el exterior y personas puestas a dedo por el expresident Carles Puigdemont fuera de Cataluña con una misión: propagar el mensaje independentista.
El caso más llamativo fue el de Francesca Guardiola, hermana del ex entrenador del FC Barcelona, que fue nombrada en 2015 directora general del departamento de Relaciones Exteriores en Dinamarca por Puigdemont con un sueldo de 80.589 euros anuales.
Reguero de dinero público a 'webs' catalanas
El Gobierno también ha cuestionado el parámetro que la Generalitat utilizó para repartir subvenciones a medios de comunicación, sobre todo a digitales de habla catalana. El Ejecutivo no tiene previsto congelar ese dinero público, pero ha solicitado información explícita de cuáles son los baremos que se utilizan para repartir las subvenciones. Entre las webs más financiadas por el Govern figuran Punt Avui, El Nacional y Naciò Digital.
