El Gobierno promueve una reforma de la ley penitenciaria en pleno debate sobre la prisión permanente

El Gobierno ha invitado a los partidos políticos a reformar la ley orgánica General Penitenciaria, que data de 1979. Según ha sabido EL ESPAÑOL, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, hizo una oferta de diálogo a los grupos en la última reunión del pacto antiyihadista. La oposición está mayoritariamente en contra de la prisión permanente revisable. Y antes que seguir retocando el Código Penal, es más partidaria de actualizar la ley penitenciaria como instrumento que garantice el cumplimiento íntegro de determinadas penas en casos como el del presunto asesino de Diana Quer. La prisión permanente se introdujo en el Código Penal en 2015.

La muerte de Diana Quer ha encendido el debate sobre la prisión permanente, que es la pena más privativa de las graves según recoge el Código Penal. Algunos críticos la consideran una forma encubierta de cadena perpetua. La reforma, aprobada por la mayoría absoluta del PP en 2015, está recurrida al Tribunal Constitucional. Pero además, el Congreso de los Diputados aprobó en octubre una proposición de ley del PNV para derogarla. La iniciativa está ahora mismo en fase de enmiendas. El Grupo Vasco contó con el apoyo del PSOE y Podemos. Ciudadanos se abstuvo.

El horizonte de la prisión permanente es incierto tanto a nivel legislativo como judicial. La oposición, según fuentes consultadas por este diario, rechaza entrar a un debate con el caso Quer de fondo. Dicen que estas decisiones no se toman en caliente. El PP ha utilizado el impacto emocional de este suceso para defender la prisión permanente y criticar a los partidos que no lo hacen.

Límites a los beneficios penitenciarios

La reforma penitenciaria que planteó Zoido hace unos días fue en general bien recibida. Se trata de una ley orgánica y requerirá de un consenso amplio. El Gobierno mantiene su defensa de la prisión permanente, pero es consciente de las dificultades que encara por la falta de consenso. Su objetivo es actualizar una ley penitenciaria que está desfasada y no sirve.

Sin embargo, Ciudadanos ha admitido públicamente que esta reforma puede ser una ventana de oportunidad para fijar una serie de límites a los beneficios penitenciarios. Estos límites, dicen, garantizarían el cumplimiento íntegro de las penas en casos de terrorismo o como el ahora afecta Enrique Abuín Gey, El Chicle, autor confeso de la muerte de Diana Quer. Ciudadanos confía en que se puede abrir este debate si la prisión permanente acaba cayendo.   

"Seguro que se puede reformar y a partir de ahí es la ley que regula los permisos y los grados penitenciarios", ha dicho el secretario General naranja, José Manuel Villegas. "Hay crímenes que se merecen que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, hay crímenes que se merece que se cumpla íntegramente la pena. Creemos que el cumplimiento íntegro de las penas en determinados delitos es lo idóneo para atender a determinadas demandas sociales".

La prisión permanente permite mantener a un reo toda la vida en la cárcel, aunque se prevén revisiones periódicas a partir de los 15 o 20 años de efectivo cumplimiento de la condena. El debate, si se produce en el Congreso, será complejo. Así ha ocurrido en el seno de las asociaciones de jueces de nuestro país, donde son mayoría las voces críticas con ella.

Los detractores se basan en dos líneas argumentales: por un lado, defienden que imponer la prisión permanente revisable a un condenado es, en cierto modo, suprimir la posibilidad de su reinserción e ir contra el artículo 25 de la Constitución Española, que dice que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados".

La otra línea crítica se basa en que el Código Penal (sin tener en cuenta la pena de la prisión permanente), permite castigar a quienes hayan cometido varios delitos graves hasta con 40 años de prisión, lo que es "prácticamente una vida". Teniendo en cuenta que los castigados con estas penas son mayores de edad, quienes abogan por esta línea argumentan que con unos límites tan amplios se puede dar por satisfecho el ejercicio del castigo que impone el Estado y que la prisión permanente carece de sentido.

La ley estipula que una persona puede pasar un máximo de 40 años en prisión cuando dos de los delitos cometidos tienen una pena superior a los 20 años. A partir de ahí, los cumplimientos de condena se reducen considerablemente. El pederasta de Ciudad Lineal, por ejemplo, fue condenado 70 años y seis meses de cárcel, pero no pasará más de 20 años entre rejas. Así lo estipula el Código Penal, pese a que el caso generó una enorme alarma social.   

Sin tercer grado

La principal diferencia que introduce la prisión permanente revisable es que el condenado no puede disfrutar del tercer grado ni de permisos para salir de la cárcel hasta que no haya cumplido 15 o 20 años de condena. Precisamente éste es el punto que partidos como Ciudadanos pretenden blindar con una reforma de la ley penitenciaria si el resto de grupos o el Constitucional tumban el punto introducido en la reforma del Código Penal de 2015.

En pleno debate sobre una posible derogación de esta reforma en el Congreso, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez, prefiere no pronunciarse hasta que haya una decisión política: "Igual que nosotros pedimos a los políticos que respeten las decisiones judiciales, no nos corresponde elaborar las leyes. Lo que diga el Parlamento será acogido y después de la decisión será el momento de los debates", explica el magistrado en declaraciones a EL ESPAÑOL.