La investidura planteada como una boda por poderes: otro diputado leería el discurso de Puigdemont

El separatismo sigue estudiando fórmulas que permitan la investidura inédita de un candidato que se encuentra en el extranjero. A la vía telemática, plasma o Skype, que pierde opciones, se ha sumado la posibilidad de que Carles Puigdemont delegue en otro diputado su discurso y las réplicas a los grupos de la oposición.

Las fuerzas independentistas creen que esta opción sería más difícil de tumbar por el Tribunal Constitucional y además crearía la ficción de un debate, que el plasma no permitiría. Este planteamiento de delegar por poderes las intervenciones de Puigdemont necesita una Mesa del Parlament de mayoría independentista que interprete el reglamento de manera favorable a los intereses del candidato.

Y en ello está el separatismo.

Los tres partidos independentistas necesitarán que 66 de sus diputados asistan presencialmente a la sesión constitutiva del Parlament el 17 de enero si quieren asegurarse el control de la Mesa. La suma de Junts per Catalunya (JxC), ERC y la CUP el 21-D fue de 70 escaños. Pero ocho de estos diputados -cinco huidos en Bruselas y tres en prisión- dejan en el aire la mayoría independentista. Si el Tribunal Supremo autoriza la salida de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Joaquim Forn de la cárcel para asistir a la sesión, el independentismo necesitaría además la renuncia al acta de al menos uno de los fugados en Bélgica. 

Puigdemont ha filtrado este miércoles un principio de acuerdo con ERC para la Mesa. La investidura todavía se está debatiendo, pero el ex presidente presiona para ser el único candidato y optar por alguna fórmula telemática. El pacto teóricamente suscrito con la número dos de ERC, Marta Rovira, en Bruselas incluía la investidura. Pero la formación republicana ha enfriado esas expectativas.

Arrimadas: "Es inaceptable"

La solución es complicada. La vía telemática no convence a la formación republicana y parte de la oposición ha anunciado recursos al TC si llega a producirse. Los expertos, casi por unanimidad, consideran que es ilegal. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha alertado de que un presidente catalán por "holograma o por Skype (...) degradaría todavía más la imagen" del Parlament.

"Ya está bien de tanto rídiculo", ha dicho Arrimadas. "No se puede ser presidente de la Generalitat estando huido en Bruselas, con graves cargos judiciales a sus espaldas y sin cumplir las leyes. No se puede aceptar".  

En el separatismo, que todavía está lejos del acuerdo, gana adeptos la solución del discurso delegado. Una figura elegida por Puigdemont leería su propuesta de Gobierno. Y si la Mesa plantea un debate de tres días, la fórmula permitiría a la oposición replicar al día siguiente. En un tercer día, la persona del ex presidente respondería a las réplicas. No es un escenario tan extraño, teniendo en cuenta que en Cataluña las palabras extraño, inédito o imposible han sido atropelladas por los acontecimientos de los últimos meses. 

La investidura por poderes necesita el acuerdo del separatismo, un consenso en torno a si Puigdemont va a gobernar o no desde Bélgica -si vuelve a España será detenido-, una Mesa complaciente y un TC que no tumbe la iniciativa. Es cierto que el escenario es tan inédito como complejo. La investidura de cualquier presidento de un Gobierno nacional o autonómico o incluso de un alcalde es un acto personalísimo del candidato.  

A pesar del rocambolesco escenario, el independentismo parte con ventaja para imponer su mayoría de escaños en la Mesa. Las cuentas, de concretarse ese pacto entre Rovira y Puigdemont, otorgarían dos puestos de la Mesa a JxC, dos a ERC, dos a Ciudadanos y uno al PSC. La quiniela de nombres para la presidencia de la Cámara no está clara. Carme Forcadell no parece por la labor de repetir. Hasta el momento, el único partido que tiene candidato es Ciudadanos, que postula a José María Espejo como formación más votada el 21-D.

El precedente de Yoldi

La oposición formada por Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú-Podem y PP tiene 65 diputados. Un hipotético acuerdo de estos cuatro grupos, que ahora no se contempla pero que tampoco es imposible, quitaría el control de la Mesa al separatismo. Esta situación obliga al independentismo a garantizarse la presencia de al menos 66 diputados el próximo 17 de enero. 

De los ocho diputados electos huidos o encarcelados, cinco han presentado ya credenciales. Los precedentes juegan a favor de los tres encarcelados. En 1986, la Audiencia de Pamplona autorizó la asistencia del etarra Juan Carlos Yoldi a una sesión de investidura en el Parlamento vasco, en la que además era candidato a lehendakari como diputado de Herri Batasuna. Yoldi llevaba dos años en prisión provisional y fue excarcelado en contra del criterio de la Fiscalía.

El separatismo tendría 65 diputados contando con los encarcelados. Y necesitaría uno más para total tranquilidad en sus filas. Ese escaño tiene que venir necesariamente de Bruselas y debería suponer la renuncia a su acta de uno de los fugados. Puigdemont y Toni Comín (ERC) ya se han acreditado. Las opciones recaen sobre Clara Ponsatí y Lluís Puig (JxC) y Meritxel Serret (ERC). La renuncia al acta para que corra lista deben formalizarla personalmente en el consulado de España en Bélgica.

El candidato de Ciudadanos no tiene el respaldo de los comunes. Pero la oposición, incluidos los ocho diputados de Xavier Doménech, podrían buscar fórmulas alternativas de consenso para votar juntos. Por eso, los partidos separatistas no puede arriesgarse y necesitan 66 diputados en el Parlament.