Quinientas sesenta peticiones y apenas cincuenta ayudas concedidas, según datos de la Generalidad de Cataluña. Ese es el recuento final del sistema previsto por la LOMCE, la conocida como Ley Wert, que pretende garantizar la enseñanza del castellano en Cataluña y que fue anulado por el Tribunal Constitucional el pasado martes. Ninguna de esas cincuenta familias perderá, sin embargo, sus ayudas. El TC garantiza la continuidad del sistema para dichas familias al menos hasta el fin de la enseñanza obligatoria. Aunque eso es sólo la teoría. 

"No son cincuenta familias, son más" dice José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano y vocal de la junta directiva de Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña. Y añade: "La Generalidad ha recurrido todas y cada una de esas ayudas frente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid". Y eso pese a que las ayudas de seis mil euros previstas por la LOMCE para la matriculación de los niños en escuelas privadas que garanticen un mínimo de enseñanza en castellano eran adelantadas por el Gobierno central y no por la Generalidad. 

Un apaño farragoso

El objetivo de la Generalidad de Cataluña no parece ser por lo tanto el de ahorrarse unas ayudas prácticamente anecdóticas en el contexto de sus presupuestos, sino presionar a las familias para que saquen a sus hijos de la escuela privada y los matriculen en la pública o la concertada, donde rige, sin excepciones, la inmersión lingüística obligatoria. "Lo hacen para tocar las narices" sentencia Domingo.

La combinación de la presión judicial ejercida por la Generalidad contra esas familias y de la incertidumbre por una posible sentencia favorable a la administración catalana, sumada a la reciente decisión del Tribunal Constitucional, ha sumido a esas aproximadamente cien familias en el limbo. "Su situación es de una inseguridad jurídica total" remata Domingo. Nadie garantiza, en la práctica, que esas ayudas se continúen pagando a partir de ahora. La buena voluntad del TC puede quedar en nada si el TSJM da la razón a la Generalidad. 

Que apenas un centenar de familias, según se rumorea extraoficialmente, hayan disfrutado de esas ayudas no se debe, como pretende la Generalidad, a que las familias catalanas no estén interesadas en escolarizar a sus hijos en castellano. Se debe a que el proceso para la concesión de esas ayudas era una carrera de obstáculos administrativa capaz de destrozar los nervios del ciudadano más dispuesto. A lo que se sumaba una presión social que llegaba hasta la convocatoria de manifestaciones en las puertas de los colegios en contra de las familias que solicitaban la educación en castellano de sus hijos. 

"El sistema previsto por la Ley Wert era un artificio para evitar el quid de la cuestión, que es que en Cataluña no se cumple la ley" dice Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña. Tan artificioso era el artificio que ni siquiera la propia Ana Losada se acogió a él. "Yo no pedí la ayuda, opté por presentar un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y mi hija estudia ahora un 25% más de castellano gracias a la sentencia. Desde la AEB, de hecho, siempre desaconsejábamos a las familias que se acogieran a las ayudas de la LOMCE. Porque pensábamos que la medida estaba destinada a ser anulada por los tribunales, como así ha sido, o bien derogada por un cambio de Gobierno". 

Adelantar las ayudas de su bolsillo

Pero los recelos sobre la legalidad, la continuidad o la eficacia de la ley como garantía de los derechos constitucionales de los solicitantes no eran los únicos esgrimidos por la AEB para desaconsejar la solicitud de las ayudas. Esas ayudas, en la práctica, eran casi imposibles de conseguir. "Tenías que presentar documentación que demostrara que no habías encontrado ningún colegio donde los niños pudieran estudiar al menos un 25% de castellano. Y no es que eso sea difícil: en Cataluña todos los colegios públicos y concertados contemplan únicamente la posibilidad de la inmersión lingüística obligatoria. El problema es que el departamento de Enseñanza de la Generalidad tardaba meses en contestarte. Y para entonces, los plazos de matriculación en centros privados se habían cerrado y te podías quedar sin plaza". 

El sistema establecido por la Ley Wert, además, fallaba en otro aspecto clave. Porque aunque en ella se decía que el Estado adelantaría la cantidad de seis mil euros (que posteriormente debía ser restada por el Gobierno central de las cantidades transferidas a la Generalidad) en la práctica eran las familias las que adelantaban el dinero de las matrículas sin tener garantizado en ningún caso que el Estado aprobara finalmente esas ayudas. "Pagabas el colegio privado y la subvención no llegaba hasta al cabo de nueve o diez meses. Y estamos hablando de seiscientos o setecientos euros al mes, con la posibilidad de que luego denegaran la ayuda por un sencillo defecto de forma" añade Losada.

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