El Gobierno abandona a su suerte a Llarena en plena ofensiva separatista contra el juez

Pocas noticias han sido tan bien recibidas por el nacionalismo catalán durante los últimos meses: "Llarena tiene miedo porque no tiene la conciencia tranquila". "Llarena, más solo que la una según la prensa española". "El amparo de Llarena es contrario a la Constitución". "Las diez razones del nerviosismo descontrolado de Llarena". "La petición 'Llarena págate un abogado belga' supera las 60.000 firmas". "Boye recuerda que Llarena pidió el amparo fuera de plazo (y que Lesmes se lo 'afinó')".

Son titulares de la prensa catalana de la última semana. El nacionalismo ha olido sangre y el desentendimiento del Gobierno respecto a la demanda presentada en los tribunales belgas contra Pablo Llarena ha azuzado el instinto de caza de aquellos que pretenden socavar la credibilidad del juez del Tribunal Supremo como la vía más directa hacia el descrédito del Poder Judicial español en general y del proceso penal abierto contra los líderes del golpe catalanista del pasado mes de octubre en concreto. 

Cuando el ministerio de Justicia hizo público el jueves un comunicado en el que, con un sorprendente razonamiento jurídico, abandonaba al juez Llarena en manos del independentismo, este lo recibió como una victoria contra una de sus principales bestias negras. Una bestia negra a la que el nacionalismo ha perseguido y acosado en las redes sociales, cuya casa ha sido convertida en objetivo prioritario de los CDR, que ha sido objeto de escraches, cuya familia debe moverse por Cataluña con escolta y que se ha visto obligada a abandonar la comunidad, su destino vacacional habitual, en beneficio de Francia. 

Acusaciones de "cobarde" para Llarena

Al distinguir entre "actos privados" y "defensa de la soberanía", el Gobierno ha dejado abierta de par en par la puerta de la credibilidad del Poder Judicial. De forma previsible, los líderes políticos nacionalistas, los abogados de los prófugos y sus terminales mediáticas han aprovechado la oportunidad concedida por Pedro Sánchez para entrar a cajas destempladas en el edificio y lanzarse a una labor de devastación en la que no han faltado acusaciones de cobardía para el juez Llarena e incluso para el Consejo General del Poder Judicial, al que el abogado chileno Gonzalo Boye, condenado en su día por terrorismo y tertuliano habitual de TV3, ha acusado de "chiringuito".

Pero el objetivo del nacionalismo no es tanto el juez Llarena como un proceso judicial que se prevé largo y que desembocará con toda seguridad en instancias europeas. Y es ahí adonde apunta en estos momentos el separatismo. Expresado en términos bélicos, el ataque al juez instructor del Tribunal Supremo es la táctica, pero la estrategia va mucho más allá. El acoso a Llarena es sólo el primer paso de una labor de dinamitación de la credibilidad de la Justicia española en bloque que pretende conseguir, en última instancia, una condena del Estado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Y es precisamente por eso por lo que la renuncia del Gobierno del PSOE a implicarse en la defensa de Pablo Llarena ha sido tan bien recibida por el nacionalismo: porque es un síntoma de la renuncia explícita de Pedro Sánchez a proteger al Estado en un camino que se prevé largo y por el que el nacionalismo apenas ha empezado a caminar. En este sentido, las declaraciones del mencionado Gonzalo Boye, coordinador de la estrategia judicial de los procesados por el golpe separatista, no dejan lugar a dudas: la condena por rebelión y sedición en el Tribunal Supremo se da por descontada. La verdadera batalla empieza después.

A corto plazo, la renuncia del ministerio de Justicia a implicarse en la defensa de Llarena ha enrarecido la ya maltrecha relación del Gobierno con los jueces del Tribunal Supremo, con el Consejo General del Poder Judicial e incluso con Abogacía del Estado, autora de un informe en el que se defiende la idea de que concurren todos los requisitos necesarios para que el Estado se persone en la causa civil contra el juez instructor del TS. En el mismo informe, Abogacía considera que "no defender a Llarena" podría afectar a la política exterior de España.

Las advertencias han caído, por el momento, en saco roto. Llarena deberá costearse un abogado privado y quedará al albur del capricho de la Justicia belga y en manos de las acusaciones vertidas sobre él por Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros, todos ellos fugados de la Justicia española. Según el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tener una causa abierta con una de las partes es motivo de recusación, y a eso se agarran los prófugos para evitar su extradición o una hipotética nueva petición de extradición, en el caso de Puigdemont.