Acusados admitirán el cobro de comisiones en el juicio contra excargos del PNV

Un grupo de acusados de los 26 sentados en el banquillo por el mayor caso de presunta corrupción juzgado en el País Vasco estaría dispuesto a autoinculparse y admitir parte de los cargos planteados contra ellos. Su confesión implicaría el reconocimiento de la existencia de una trama dedicada al cobro de comisiones ilegales en la que habrían participado excargos del PNV, según ha hecho saber la Fiscalía.

Se trataría de implicados en una de las ramas del llamado caso De Miguel por el que se juzga a exdirigentes y personas vinculadas al partido de Ortuzar, a quienes se acusa de utilizar su influencia política para la obtención de contratos públicos y el cobro de comisiones a cambio de gestiones urbanísticas.

La admisión de su culpabilidad se llevaría a cabo durante la vista oral del proceso judicial, que se ha reanudado este lunes, y en función del pacto alcanzado con la Fiscalía que revisaría a la baja la petición de penas de quienes han decidido colaborar con la Justicia.

Por el contrario, ninguno de los tres principales inculpados, exdirigentes del PNV, se han avenido a un acuerdo de conformidad con el ministerio público, pese a que podrían verse afectados por las confesiones de los que sí han pactado.

Acuerdo sobre "operaciones esenciales"

Las negociaciones que interrumpieron hace un mes el juicio que desde primeros de enero se lleva desarrollando en la Audiencia Provincial de Álava se han resuelto, por tanto, de forma desigual y con distintas consecuencias. Ni el exdiputado foral Alfredo de Miguel, considerado cabecilla de la trama, ni sus ex compañeros en la dirección del partido, Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, modificarán sus declaraciones de inocencia.

Tampoco lo harán sus respectivas esposas, testaferros de sus maridos en la empresa Kataia Consulting, una de las sociedades creadas para canalizar los cobros ilícitos según el relato de la acusación pública.

Las conversaciones entabladas por sus abogados con la Fiscalía no han fructificado finalmente, aunque en un primer momento trascendió la posibilidad de que los excargos del PNV admitieran algunos de los delitos que se les imputan. La larga lista incluye los de cohecho, tráfico de influencia y blanqueo de capitales, y las penas solicitadas se extienden a 119 años de cárcel para el conjunto de los tres principales encausados.

Algunos de los 26 acusados rehusaron entrar siquiera en conversaciones, y con la mayoría no hay acuerdo, pero quienes han pactado representan una “parte significativa” al afectar a “operaciones esenciales”, según ha declarado el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, a los medios de comunicación antes del inicio de la sesión. Ha asegurado que su testimonio servirá para “dejar acreditada” la tesis mantenida por la Fiscalía a lo largo de la instrucción y la vista oral sobre “la existencia de una trama organizada y criminal destinada al cobro de comisiones ilícitas”.

El fiscal no ha desvelado la identidad de quienes están dispuestos a inculparse. Ni en ese momento ni tampoco ante el tribunal cuando ha sido requerido por el abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, quien ha pretendido inútilmente su identificación y junto a otros abogados defensores cambiar el orden establecido para que quienes han llegado a un acuerdo de conformidad declararan en primer lugar.

Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que el pacto incluye a casi un tercio de los acusados, en concreto a ocho inculpados en la operación Zambrana, un proyecto urbanístico fallido para la creación de un polígono industrial en una pequeña localidad alavesa. A los cuatro inversores catalanes que contrataron por tres millones de euros los servicios de la empresa Sidepur, que actuó como intermediara, y al propietario de esta compañía, Josu Arruti, y tres miembros de su familia. La Fiscalía sostiene que Sidepur cobró comisiones y que una parte de ese dinero fue a parar a sociedades, como Kataia, controladas por De Miguel.

“Pacto entre caballeros"

No obstante, el fiscal ha descrito el juicio como un “proceso vivo” y ha dejado la puerta abierta a nuevas sorpresas o incluso retractaciones sobre lo ahora pactado. “Estamos ante una expectativa de declaración, no ante un acuerdo cerrado”, ha afirmado Izaguirre que ha definido el compromiso alcanzado como “un pacto entre caballeros” y sin vinculación jurídica por el que los acusados prometen reconocer determinados hechos y la Fiscalía modificar su escrito de acusación final.

Con estas objeciones se oponía tanto a identificar a quienes han pactado, para no vulnerar sus derechos, como a cambiar el orden de las declaraciones, que hubiera evitado subir al estrado en primer lugar a Alfredo De Miguel. La invocación del derecho a la defensa ha sido utilizada también, aunque en sentido contrario, por los representantes de algunos acusados y, según varios letrados, puede ser fuente de futuros recursos ante instancias superiores.

Lo inusual de que el acuerdo de conformidad se produzca a mitad del juicio y no antes del mismo ha sido reseñado incluso por el propio presidente del Tribunal, el magistrado Jaime Tapia. “Para esta sala estos acuerdos no existen, no están contemplados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, ha señalado.

“Las grabaciones están manipuladas”

El exnúmero dos del PNV de Álava, Alfredo De Miguel, se ha negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía. Sólo ha respondido a las de su abogado defensor, que ha tratado de desmontar las acusaciones del ministerio público sobre la falta de actividad real de Kataia Consulting y su creación como sociedad instrumental para el cobro de comisiones.

Según De Miguel la sociedad se funda a raíz de la oportunidad de negocio en el sector de la “consultoría en general” que los tres exdirigentes del PNV vislumbran cuando participaban en un curso sobre eficiencia energética en 2005. “Cuando la constituimos no sabemos nada de Zambrana ni que Sidepur lo vaya a hacer (captar inversores e impulsar el proyecto)”, ha explicado.

La sociedad la crearon formalmente las mujeres de los tres excargos del PNV aunque ellos “se encargaban de todo”, ha reconocido De Miguel, exculpando a las tres esposas de la gestión realizada como ya hiciera en la fase de instrucción.

El acusado ha expuesto que Kataia tuvo entre sus clientes más relevantes a Sidepur y al Grupo Loizate y que éste último, en el que se incluía Urbanorma Consulting, le dejó a deber más de 30.000 euros.

Esta deuda ha sido la razón aducida por De Miguel en sus declaraciones anteriores para justificar la reclamación económica que el político sostenía ante la denunciante, Ainhoa Alberdi.

La empresaria, propietaria de Urbanorma, acudió a la Fiscalía en 2009 a denunciar que estaba siendo objeto de una extorsión y que el entonces diputado foral le exigía el pago de una comisión de cien mil euros por la adjudicación de un contrato. “Me dijo que había que pasar por caja, que esto no era gratis”, señaló al prestar testimonio ante el tribunal.

Alberdi aportó unas grabaciones que De Miguel ha considerado este lunes que “están manipuladas” y no responden a la verdad ni recogen íntegramente las conversaciones mantenidas.

También entregó una serie de correos electrónicos que se intercambió con el acusado en diciembre de 2008. “Lo nuestro lo dejamos en 100 y ni una cosa ni otra”, hacía constar el hoy exdiputado foral en el mail remitido a Alberdi el día 9.

Sin retractarse de la explicación dada con anterioridad sobre lo que se sustanciaba era una deuda contraída con Kataia, De Miguel se ha reafirmado en ese contexto general pero ha añadido una segunda versión para ese correo en particular. Según ésta, el político había alquilado un apartamento a un empleado de su cuñado llamado Eric Armando y como no le pagaba estaba viendo la manera de cobrar con Ainhoa Alberdi, que era quien le había asesorado en la realización del contrato. Valoraban instar un procedimiento de desahucio o embargarle la nómina y lo que reflejaba aquel correo era la forma de zanjar el asunto, por lo que “los 100” equivaldrían a cien mil pesetas, o sea los 600 euros del pago del alquiler.

De Miguel ha afirmado que no ha solicitado nunca a nadie “ninguna comisión” y ha negado haber intervenido en la contratación de Urbanorma para la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano. Su declaración continuará este martes, para dar luego paso al resto de acusados. Está previsto que el juicio se extienda hasta noviembre.