La renuncia a reformar el Poder Judicial a cambio de pasteleo y otras 9 contradicciones gordas de Podemos

Este martes, Albert Rivera soltaba la bomba: "El PSOE y el PP han llegado a un acuerdo con Podemos para repartirse los puestos en la renovación del Poder Judicial", dijo el líder de Ciudadanos en un desayuno informativo. "Que no cuenten con nuestro partido para esto, nosotros creemos firmemente en la separación de poderes". Y hasta ese día todos creíamos que en eso los dos partidos de la llamada "nueva política" iban de la mano. Al menos, en eso. Pero a la mañana siguiente y a pesar de los desmentidos, este periódico revelaba en exclusiva los detalles del acuerdo.

A espaldas del propio CGPJ y de su presidente, Carlos Lesmes, los tres partidos nacionales, junto al PNV han pactado una nueva reforma del órgano de gobierno de los jueces. El texto, según revelaba EL ESPAÑOL, amplía la obligación del presidente y de los vocales del citado órgano rendir cuentas de sus actividades y del funcionamiento de la Justicia en el Parlamento. El texto mantiene tal cual la elección de los miembros del CGPJ en el Congreso. Fuentes internas del partido morado admitieron a este periódico que, efectivamente, si el sistema no es reformado antes de la próxima renovación "Podemos aspira a un puesto en él, por descontado".

Curiosamente, esto contradice flagrantemente uno de los mensajes fuerza de la formación liderada por Pablo Iglesias desde su nacimiento. Concretamente, el punto número 253 de su extensísimo programa electoral, con el que concurrieron a las generales de 2016. En él se propone textualmente: "Establecer la elección directa por parte de la ciudadanía de los quince miembros del CGPJ".

Pero no es ésta la única contradicción en la que, una vez que se han acercado al poder, han caído los dirigentes del partido de los círculos. Al contrario, repasando sus declaraciones públicas y esencialmente su compromiso por escrito -"un programa electoral es un contrato que firmaremos con nuestro país", reza la introducción al texto-, son al menos nueve las incongruencias entre los dicho y lo hecho después.

1. Villarejo "el tipejo", creíble o no 

Una de las cuestiones más llamativas, aunque suele pasar inadvertida es la de si José Villarejo "el tipejo", tal como lo definió el propio Iglesias, es fuente de información fiable o no. Cierto es que en cada ocasión en la que surgen cintas, datos o filtraciones relacionadas con el excomisario hoy en prisión provisional los líderes de Podemos aprovechan para calificarlo con los más variados adjetivos despectivos. 

Sin embargo, hay ocasiones en que aquello que tiene que ver con los manejos de "las cloacas del Estado" favorece los intereses de Iglesias y los suyos. Y en esos casos, se olvida la procedencia de la información. A la ministra Dolores Delgado se le pidió la dimisión por haber tenido una conversación como mínimo imprudente en un reservado de un restaurante con el entonces todopoderoso policía. "Su credibilidad es cero", dijo de ella Ione Belarra, portavoz parlamentaria. "Debe dimitir porque nadie que se haya contaminado con los bajos fondos del Estado debe ocupar una posición de relevancia en la política", sentenció el secretario general, Iglesias.

El comisario investigado, José Manuel Villarejo. EFE

Pero hay otro affaire relacionado con José Villarejo que sí proporciona andamiaje al discurso nuclear de Podemos: el de acabar con la Monarquía y, junto a ella, con el régimen alumbrado en la Transición. Las cintas de Corinna, publicadas por EL ESPAÑOL, jamás fueron puestas en duda, no ya por su contenido, sino por la legitimidad de la información en ellas contenida o su origen. 

En las grabaciones, la antigua amiga de Juan Carlos I sugería que el rey emérito había evadido impuestos, cobrado mordidas de contratos internacionales de empresas españolas o incluso la había utilizado como testaferro antes de repatriar su dinero valiéndose de la amnistía fiscal dictada por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro. Desde entonces, no hay ocasión en la que cualquier portavoz de Podemos no utilice "la corrupción en la Casa Real" como argumento plausible o forzado para el asunto que sea: ya sea el de la unidad de España ante el desafío separatista catalán o el de la polémica por la venta de armas a Arabia Saudí.

2. Venta de armas a dictaduras, según a cuáles

Está muy reciente el caso polémico de la desaparición, muerte y descuartizamiento del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul. En este caso, Podemos tardó en reaccionar. Mientras medio mundo levantaba la voz ante lo que se demostró como un crimen brutal llevado a cabo por personal oficial y relacionado con la corona saudí contra un disidente del régimen, en España todos los partidos callaban. Fuentes internas de Podemos admitían que "no era el momento", recién alcanzado el pacto de Presupuestos, de ponerle dificultades al Gobierno. 

Pero una semana de silencio después, la ofensiva se giró: el culpable de vender armas a Riad no era el Ejecutivo de Sánchez, sino "la vergonzosa relación de estrecha amistad del Rey con la corona saudí". Así se expresó Iglesias dos días antes de que Sánchez compareciera en el Congreso para admitir que España seguiría vendiendo material bélico a Riad. El debate fue duro, pero no para el Gobierno, ya que PP, PSOE y Cs apoyaron el respeto a los contratos firmados y Podemos no atacó a su socio, pues halló culpable en Zarzuela.

Pablo Iglesias atiende a la prensa en el patio del Congreso. ADP

Sin embargo, ¿acaso España no vende armas a un régimen totalitario que masacró a su pueblo por cientos reprimiendo salvajemente manifestaciones pacíficas por la democracia en la calle durante cuatro meses en 2017? ¿No es cierto que tras Arabia Saudí -1.600 millones de euros-, Venezuela es el país al que más material bélico -1.000 millones de euros- le ha vendido nuestro país en los últimos 10 años? Sin embargo, ahí no hay "vergüenza", ni "relaciones de estrecha amistad" que impidan el negocio, al menos en opinión de los líderes morados.

3. Libertad de expresión... a la carta

Podemos, de la mano del Gobierno del PSOE al que sostiene, está impulsando varios cambios legislativos. A través del acuerdo de Presupuestos, ha elaborado un auténtico programa político en el que se recogen algunas de sus reivindicaciones más antiguas. "Lo hicimos porque teníamos que poner ese precio", revela una fuente interna del grupo parlamentario, "era necesario influir de esa manera si queríamos que la gente percibiera nuestra capacidad de cambiar las cosas".

Una de esas cosas que quiere cambiar la formación de Pablo Iglesias es la depenalización de el enaltecimiento del terrorismo -"no puede haber raperos en la cárcel por cantar tonterías, aunque sean desagradables", insiste la misma fuente-, las ofensas religiosas y -de nuevo el Rey- las ofensas a la Corona. Así venía recogido, en concreto en los puntos 259 y 293 de su programa electoral y así se impulsó, aprobando su toma en consideración, el pasado martes 23 de octubre en el Congreso.

Los reyes con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, en su visita a Madrid. Efe

Sin embargo, en una libertad de expresión con fronteras tan amplias que permitirían quemar la bandera nacional, insultar al Jefe del Estado o dar por hecho que los asesinatos de ETA no estuvieron tan mal a Podemos no le cabe que la homofobia o la glorificación de la dictadura franquista. Y es que al día siguiente este diario informaba de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estaba negociando con los de Iglesias una reforma transversal de la Memoria Histórica que afectará al Código Penal. Se pretende añadir un artículo en el apartado "derechos fundamentales y libertades públicas" para llevar al Código Penal con penas de cárcel el enaltecimiento del franquismo y la humillación de las víctimas de la dictadura. 

4. Cumplir las leyes comerciales... o no

En los llamados "Ayuntamientos del cambio", los gobernados por listas afines a Podemos o simplemente del partido pero bajo otros nombres comerciales , los dueños de locales comerciales y de ocio son muy conscientes de la dureza de quienes ostentan el poder desde 2015. El Ayuntamiento de Barcelona, regido por Ada Colau, ha intensificado recientemente su ofensiva contra las floristerías. Ha redoblado las inspecciones por la exhibición de plantas y flores en la calle y ya acumula 210 expedientes sancionadores por este motivo. 

En Madrid, han sido este año más de 500 los expedientes abiertos a terrazas de hostelería de la capital. El pasado febrero el consistorio de Manuela Carmena abrió un encuesta en el portal Decide Madrid para consultar a los ciudadanos cómo querrían que fuera de restrictiva la nueva normativa y la asociación La Viña, que reúne a la mayoría del sector levantó la voz de alarma, advirtiendo del "riesgo para 11.000 empleos" en caso de salir adelante un texto restrictivo.

Manteros en las aceras de Gran Vía en Madrid. EFE

Por el contrario, y a pesar de lo que dice el punto 92 del programa electoral de Podemos sobre "normativa laboral", ambos consistorios, el de la capital y el barcelonés, hacen la vista gorda con los manteros en las calles principales de ambas urbes. Las aceras están atestadas de venta de productos ilegales o falsificados sin que la Policía Municipal o la Guardia Urbana hagan nada al respecto. De hecho, Carmena cedió al sindicato de manteros el pregón de las fiesta de Lavapiés el pasado verano, y su equipo de gobierno entregó a la Policía Local una normativa de actuación, bajo las premisas de "evaluación de riesgos y autoprotección ante la venta ambulante no autorizada" que según los propios agentes, imposibilita su lucha contra la venta ambulante sin licencia.  

5. Economía colaborativa para algunos

Podemos quiere que los usuarios sean libres de producir su propia energía y que ésta quede libre de imposición fiscal. Es más, propone en el punto 2 de su programa que la energía que los propios ciudadanos viertan al sistema, por sobrante de su autoconsumo, sea justamente retribuida por parte de la empresa comercializadora. Y en el punto 74, propone "una ley integral y transversal que regule y ponga en equilibrio los intereses de todas las partes implicadas" en la economía colaborativa. 

Hasta ahí bien. El problema viene cuando hay que trasladar estos principios a la realidad. Por ejemplo, en el campo de los pisos compartidos. La formación morada, en los Ayuntamientos que gobierna y desde la dirección nacional, ha sido especialmente beligerante con plataformas como AirBnB, que pone en contacto a los ciudadanos que libremente quieren intercambiar sus pisos. Las acusan de "competencia desleal" y de "eludir el pago de impuestos", más allá de que el modelo comercial de este tipo de compañías hace que más del 90% de la transacción se quede y tribute en el país donde ésta se realiza, según fuentes de la citada compañía. 

Los líderes de Podemos también se han puesto al frente de las manifestaciones en contra de la liberalización del sector de transporte urbano de pasajeros, defendiendo el monopolio de licencias municipales de los taxistas. En este caso, lo que ha primado ha sido el discurso ideológico "contra las multinacionales", por encima de sus propias propuestas programáticas.

6. Quiénes son los ricos

Podemos temía muy claro en junio de 2016 quiénes eran ricos en España. A todos aquéllos que ganen más de 60.000 euros brutos al año, el partido de Pablo Iglesias les quería subir el impuesto de la renta, dando por hecho que formaban parte de "las élites". Así, en el punto 46 del programa electoral reclamaba  la "ampliación del número y los tipos de tramos" para los trabajadores con estos ingresos. E incluso preveían subir del 45% al 55% el tipo impositivo para quienes ingresaran por rentas del trabajo más de 300.000 euros brutos al año.

Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, en rueda de prensa. EP

Durante la negociación del acuerdo de Presupuestos, Podemos se olvidó muchísimo de estas cifras. Es más, su punto de partida para atacar los bolsillos estuvo en los 120.000 euros, mientras el Ministerio de Hacienda trataba de que el alza en el IRPF le llegara sólo a los que ingresaran más de 150.000 euros anuales. Al final, el negociador Pablo Echenique vendió como un triunfo haberle "arrancado" al Ejecutivo que la frontera del rico estuviera en ingresos superiores a 130.000 euros anuales.

7. La Constitución, sólo a veces

Los dirigentes de Podemos son muy hábiles para defender una cosa y la contraria sin que parezca imposible. Así, la Constitución es el garante del marco de juego político cuando alimenta el argumento que se pretende defender. Es decir, ¿que "los partidos de la derecha y la extrema derecha" defienden la unidad de nuestro país? En ese caso, un dirigente del partido morado les recuerda que la Carta Magna ya defiende "la plurinacionalidad" de España "desde su artículo 2", el primero que habla de las "nacionalidades  y regiones que la integran".  

Sin embargo, y aunque el texto constitucional deja claro un artículo antes que "la soberanía nacional reside en el pueblo español", el programa electoral con el que Iglesias aspiraba a gobernar en junio de 2016 reclamaba en su apartado 277 "asegurar  el derecho de los gobiernos autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el encaje territorial del país".

8. Ecologistas del carbón

Una de las mayores ideas fuerza de la formación de los círculos es la de su apuesta por la ecología, la transición energética, y la innovación e inversión en las renovables. De hecho, dedica una enorme cantidad de su larguísimo programa electoral a desarrollar sus ideas en este aspecto. 

En su punto número 9 propone "situar las energías renovables en el lugar central de la planificación del sistema eléctrico". Y en el 288 se compromete a impulsar una ley de Cambio Climático que prevea la reforestación, una mejor gestión de las emisiones de CO2, renovables al 100% en el año 2050 y, por supuesto, impuestos "verdes" para castigar a quienes generen desechos.

Segundo González, diputado de Podemos por Asturias. E.E.

Sin embargo, y a pesar de que entre sus ideas está la de cerrar progresivamente las centrales de carbón, Podemos se ha significado en reiteradas ocasiones en defensa de las cuencas mineras de Asturias y León, Y más allá de limitarse a reclamar protección para los trabajadores y sus familias ante la previsible pérdida de su sustento debido a lo deficitario -y contaminante- que es la industria del carbón, el pasado junio el diputado de Unidos Podemos Segundo González reclamaba medidas tan poco cercanas a sus compromisos como "que se discrimine entre carbón autóctono y de importación" para favorecer la producción de las minas españolas, "y que se mantengan precios competitivos" en la producción de energía térmica más allá de que esto suponga distorsionar el mercado con fondos públicos, por otra parte, prohibidos por la UE. 

9. Educación: la contradicción en el propio programa

El eterno caballo de batalla de todos los gobiernos de la democracia en España es la educación. Todos han querido dejar su sello, conscientes como son del poder que tiene conformar generaciones de jóvenes según un modelo u otro. Y en este apartado Podemos tiene un discurso que no necesita de haberse acercado al poder de la mano del débil Gobierno de Pedro Sánchez para ser contradictorio. El mismo programa del partido de Pablo Iglesias dice una cosa y después la contraria.

Así, la colección de compromisos con la que Podemos concurrió a las elecciones de junio de 2016 abre el apartado educativo en su punto 136 reclamando 13.700 millones de euros de inversión en educación pública y se explaya en el 137 con muy buenas intenciones: proponiendo una "Ley de Educación que nazca del debate y la participación de toda la comunidad educativa". El objetivo confesado es "que cuente con la mayor participación y el mayor respaldo posible de la comunidad educativa".

Sin embargo, en los siguientes párrafos, las premisas que despliegan los de Iglesias sobre lo que debe ser la educación son muy detalladas. Tanto que podrían ser aplaudidas a rabiar por una parte de la comunidad educativa, sin duda, pero imposibles de compartir por la otra, dado su sesgo ideológico, que invalida la premisa inicial de "participación y respaldo".

Así, en el punto 138 se plantea la necesidad de que la educación pública inclusiva lo sea de una manera radical: incluyendo a todo tipo de alumnos con diversidades funcionales en los centros ordinarios e integrando las escuelas de educación especial en la red de enseñanza ordinaria. Se exige -punto 139- que la educación pública sea en las lenguas autonómicas allí donde haya cooficialidad, orillando el español de manera oficial y legal. Y se compromete -apartado 157- a eliminar los deberes en la educación infantil.