Bruselas pone un suspenso a los Presupuestos de Pedro Sánchez

Suspenso. Insuficiente. Esa es la nota que le ha puesto este miércoles Bruselas a los Presupuestos Generales del Estado para 2019 pactados por el Gobierno de Pedro Sánchez con Podemos. Necesitan mejoras. La Comisión Europea avisa de que las cuentas de Sánchez "presentan un riesgo de incumplimiento de las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento". Por ello reclama que se preparen ajustes adicionales para garantizar el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit que pide la UE.

Según el análisis del Ejecutivo comunitario, el plan presupuestario de Sánchez presenta un "desvío significativo" respecto a la senda de ajuste que la UE reclama a España. Además, no respeta las reglas comunitarias que obligan a reducir progresivamente la deuda pública. El Ejecutivo comunitario tampoco se fía de que el actual borrador vaya a ser aprobado en el Parlamento español y reclama al Gobierno que le informe de cualquier cambio cuando las cuentas se envíen al Congreso de los Diputados.

"Dado que las negociaciones presupuestarias están todavía en marcha en Madrid, hemos pedido que se nos presente un plan presupuestario actualizado si el borrador de ley de  Presupuestos que finalmente se envíe al Parlamento difiere de forma significativa" del texto actual, ha dicho el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

Además de a España, la Comisión ha dado un suspenso a los Presupuestos de Francia, Bélgica, Portugal y Eslovenia. Estonia, Letonia y Eslovaquia logran un aprobado raspado. Para el resto de países de la eurozona (Alemania, Holanda, Irlanda, Grecia, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Malta, Austria y Finlandia), la nota es sobresaliente o notable. Caso aparte es del de Italia, a la que Bruselas ha abierto un expediente por déficit excesivo tras tumbar sus cuentas públicas.

El suspenso de la Comisión a las cuentas de Sánchez y Podemos rompe la racha de aprobados raspados que había logrado el anterior Gobierno de Mariano Rajoy en los dos últimos ejercicios. Bruselas cateó las cuentas de Cristóbal Montoro de 2014, 2015 y 2016 y estuvo a punto de multar a España por desviarse del déficit en estos ejercicios. Pero el ex ministro de Hacienda se recuperó y logró el visto bueno de la Comisión para los planes presupuestarios de 2017 y 2018.

De hecho, el Ejecutivo comunitario considera que ni el crecimiento económico (que ha rebajado hasta el 2,6 este año y el 2,2% en 2019) ni las subidas de impuestos incluidas en los Presupuestos de Sánchez serán suficientes para cumplir estas metas de déficit público comprometidas con Bruselas. Es más, ni siquiera se cumplirán las previsiones del propio Gobierno.

La Comisión calcula que el déficit público se quedará en el 2,7% este año (frente al 2,2% comprometido) y bajará sólo al 2,1% (frente al 1,3% comprometido y al 1,8% que prevé la nueva senda de déficit anunciada por la ministra de Economía, Nadia Calviño).

Previsiones de ingresos infladas

El Ejecutivo comunitario no se cree los números de Sánchez para el año que viene. En particular, denuncia que existe incertidumbre sobre la recaudación de algunas de las nuevas medidas impositivas, así como sobre el impacto presupuestario del incremento previsto del salario mínimo. El resultado es que el ajuste estructural, que es lo que más valora Bruselas a partir de ahora, será nulo en los tres próximos años.

El Gobierno de Sánchez había calculado que el saldo neto entre los nuevos gastos y los nuevos impuestos incluidos en los Presupuestos daba como resultado un ajuste estructural del 0,4% del PIB, equivalente a 4.600 millones de euros. Por debajo del 0,65% que exigía la UE, pero dentro del margen de flexibilidad. Pero Bruselas comunitario reduce esta cifra al 0,1% por dos motivos. En primer lugar, considera que las previsiones de ingresos están infladas. 

Tanto la tasa digital como la tasa financiera recaudarán un 20% menos de lo que prevé la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los ingresos por lucha contra el fraude fiscal serán la mitad de lo que calculan las autoridades españolas, y los ingresos extra por la subida del salario mínimo también se han exagerado.

Además, la Comisión contabiliza nuevos gastos que el Gobierno no ha tenido en cuenta. En particular, el impacto del fin del copago farmacéutico y el aumento de gastos en guardería a nivel municipal.